Sangre en El Cairo

Si en algún momento, allá por la primavera, los generales egipcios fueron vistos por su pueblo como los liberadores de la interminable dictadura de Hosni Mubarak, esa percepción se ha desvanecido. En los últimos tres días, casi 40 civiles han resultado muertos en El Cairo, la mayoría a balazos, por la represión castrense contra los miles de manifestantes que exigen el rápido final de un poder militar cada vez más enquistado en su intervencionismo. La violencia creciente en Egipto, a una semana del comienzo de unas largas, complicadas y esperanzadoras elecciones parlamentarias, refleja una alarmante incapacidad de la Junta Militar para manejar la anunciada transición hacia la democracia.

Los militares que durante generaciones han aherrojado un país no suelen convertirse de la noche a la mañana en paladines de la libertad. Tampoco en Egipto. La Junta presidida por Husein Tantaui, ministro de Mubarak durante 20 años, que prometió en un arrebato entregar el poder a los civiles en septiembre pasado, extiende ahora su calendario hasta 2013, después de unos comicios legislativos por etapas que durarán meses, el refrendo de una nueva Constitución y la elección de un presidente. Por si no fuera suficiente, en las últimas semanas los generales han filtrado un borrador constitucional que les otorgaría poder de veto sobre determinadas decisiones parlamentarias y les permitiría mantener el presupuesto castrense al margen del escrutinio civil. Todo un programa.

Por su envergadura y relevancia, las inminentes elecciones representan una prueba crucial sobre la capacidad de transformación democrática del mundo árabe. Sofocar a tiros las protestas populares compromete por igual su desarrollo y su legitimidad. Contra las inaceptables pretensiones de los militares y su querencia por el poder se levantan tanto laicos como islamistas, los jóvenes activistas que iniciaron la revuelta contra Mubarak y los reductos liberales. Sus emergentes demandas abarcan desde un Gobierno de salvación nacional hasta el adelanto de las presidenciales a la primavera próxima. La dimisión del Ejecutivo actual, anunciada anoche, es más un termómetro de la envergadura de la crisis que una solución como la que se precisa. Detener la represión, abandonar de inmediato toda tentación de perpetuarse y acelerar al máximo una institucionalización del país árabe son las obligaciones inexcusables de la deslegitimada Junta Militar para evitar el incendio de Egipto.