Argentina militariza a sus controladores aéreos por una huelga en Aerolíneas

En mitad de un conflicto sindical que llevó el sábado pasado a suspender todos los vuelos internacionales de Aerolíneas Argentinas, con el consiguiente caos en el aeropuerto de Ezeiza, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner anunció hoy que los controladores aéreos pasan a depender inmediatamente de la Fuerza Aérea, una militarización de facto con la que pretenden poner fin a lo que califican de huelga salvaje y encubierta.

La autoridades, que decretaron este fin de semana la suspensión de todos los vuelos internacionales de Aerolíneas, aseguran que el sindicato, la Asociación de Personal Técnico Aeronáutico (APTA), ha tomado "como rehenes" a los miles de pasajeros que sufren las consecuencias de las cancelaciones y que no ha respetado la conciliación obligatoria ordenada por el ministerio de Trabajo el pasado viernes. El secretario de Transporte de la Nación, Juan Pablo Schiavi, mantiene que los dirigentes sindicales quieren forzar su participación en la administración de la empresa Aerolíneas, que pertenecía al grupo español Marsans y que fue nacionalizada en 2009 para convertirse en la compañía de bandera de Argentina.

El secretario general de la APTA, Ricardo Cirelli, niega en redondo que su sindicato esté realizando una huelga salvaje: "La prueba es que algunos aviones de Aerolíneas pudieron operar sin problemas, al igual que los de otras compañías". Según Cirelli, que lleva casi 20 años frente del gremio, Aerolíneas sufre un grave problema de gestión y muchos vuelos no pudieron realizarse porque varios aviones "de fuselaje ancho", es decir Jumbos y Airbus 340, que operan trayectos internacionales, están en tierra, víctimas de la negligencia de gerentes inexpertos y desconocedores de las normas de funcionamiento de la industria aeronáutica. "Dos Airbus 340 están en tierra porque el tren de aterrizaje superó en mucho las horas de vuelo sin someterse a la necesaria revisión y Airbus ha exigido que no despeguen hasta superar ese requisito", explicó en una televisión local.

Cirelli critica duramente la gestión de los administradores de Aerolíneas designados a raíz de su nacionalización, en especial la de su titular, el abogado Mariano Recalde, de 39 años, militante de "La Cámpora", el movimiento kirchnerista juvenil que fundó el hijo de la presidenta, Máximo Kirchner. En Aerolíneas trabajan también otros destacados dirigentes de la agrupación K, como el también economista Axel Kichillof, de la misma edad, subgerente de la empresa y número dos de Recalde.

Los viajeros afectados se quejaron por la absoluta falta de información que padecieron y por el maltrato recibido

El secretario de Transporte, Schiavi, por su parte, consideró necesario el decreto presidencial por el que se traspasa a los controladores aéreos a un mando militar, porque "se ha llegado a una situación límite" y recordó que medidas similares se han tomado en otros países, entre ellos Brasil y España. El Gobierno anunció también que acudirá a los tribunales para intentar quitar personería a la APTA, es decir representación sindical que, de acuerdo con las leyes argentinas, la capacita a negociar en nombre del sector.

Los viajeros afectados por la suspensión de vuelos se quejaron especialmente por la absoluta falta de información que padecieron y por el maltrato recibido. Muchos de ellos tuvieron que buscarse hotel por su cuenta, sin saber si les sería abonado por la compañía. Tampoco se distribuyeron vales para las comidas. Los vuelos comenzaron hoy a ser reprogramados, pero se aconseja a los usuarios que confirmen antes de desplazarse al aeropuerto (situado a una hora de coche de la capital), porque siguen existiendo grandes retrasos y algunas anulaciones.

Según datos hechos públicos con anterioridad, Aerolíneas Argentinas pierde unos dos millones de dólares al día y cuenta con un número desproporcionado de empleados. La empresa es objeto de un juicio por parte de los anteriores propietarios, el Grupo Marsans, que reclama una indemnización por la manera en la que se realizó la nacionalización de la sociedad. Los dueños de Marsans, Gonzalo Pascual y Gerardo Díaz Ferrán, están a su vez procesados en España por un delito fiscal de 99 millones de euros, hechos cometidos precisamente por tras la privatización de Aerolíneas Argentinas (antigua filial de Iberia) por parte del Estado español en 2001.