El 'Estado de propaganda'

En Ecuador se vive un «estado de propaganda» desde 2007, año en que el presidente Rafael Correa asumió el poder. El Gobierno ha montado un complejo dispositivo destinado a desacreditar a los periodistas y medios independientes, criminalizar la protesta social y a desarrollar un ambiente pernicioso para la libertad de opinión.

A octubre de 2011, esto ha conseguido desarrollar una sorda sensación de miedo y la autocensura no sólo en medios de comunicación y periodistas, sino también en organizaciones de la sociedad civil, en empresas privadas y hasta en funcionarios públicos. Fundamedios, una ONG independiente, ha registrado 418 agresiones contra periodistas.

En este dispositivo funciona como pívot un insultante discurso presidencial, insospechado en un estadista, para referirse a los medios de prensa críticos, cargado de una violenta gestualidad que ha llegado a despedazar un periódico ante las cámaras y el regocijo de sus seguidores.

Se trata de una política aparentemente diseñada y controlada por el secretario de Comunicación, con rango de ministro de Estado, Fernando Alvarado, que ya cuenta con 19 medios a sus disposición, entre canales de televisión, periódicos, revistas y radioemisoras. Cuando inició, en 2007, el Gobierno se encontró con que disponía de apenas un medio de comunicación, Radio Nacional, que estaba apagada.

El secretario de Comunicación, Fernando Alvarado, cuenta ya con 19 medios a sus disposición

La concentración de tal número de medios en manos del Gobierno lo convierte, cuantitativamente, en el principal gestor comunicacional en el país. Estos medios carecen de un estatuto de autonomía y dependen directamente de la Secretaría de Comunicación, adscrita a la Presidencia de la República.

Se añade el abuso de «cadenas nacionales» —el Gobierno de Correa lleva el récord en el abuso de este mecanismo en la región— para difundir las gestiones del presidente, la realización de obra pública y para atacar a medios, periodistas y contradictores políticos. El uso abusivo e ilegal de este recurso no ha sido impedido por los organismos de control, ni por la Asamblea Nacional, fieles al Gobierno.

El Gobierno ecuatoriano recurre también a la penalización de los llamados delitos de opinión para enjuiciar a periodistas y medios de prensa, como en el caso del editor Emilio Palacio, diario El Universo y sus directivos, sobre quienes pesa una sentencia de tres años de cárcel y 40 millones de dólares, como indemnización para el presidente Correa.

Y los periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita han sido demandados por Rafael Correa por 10 millones de dólares, debido a que en un libro de investigación periodística recogieron la afirmación del propio hermano del presidente, de que el mandatario conocía de sus contratos con el Estado por más de 150 millones de dólares. Existen más de 20 procesos legales en contra de periodistas y medios.

El presidente Correa prometió «meter las manos» en la Justicia, y así lo está haciendo, con un proceso de cambios legitimado en la Consulta Popular de 7 de mayo pasado. Esto coloca en indefensión a los procesados porque resta independencia a los jueces.

El Gobierno ha planteado que estos procesos son parte de una lucha en defensa del honor de las autoridades, aun cuando la legislación interamericana prescribe que cuando este derecho entra en conflicto con la libre expresión, se debe tomar en cuenta la importancia de la rendición de cuentas de los funcionarios y la necesidad de propugnar un amplio debate sobre los asuntos públicos en una democracia, aún en términos que pueden chocar o perturbar a las autoridades. No obstante, en los casos en que el Presidente ha demandado en defensa de su honor, siempre se trató de hechos públicos protagonizados por él en su condición de primer mandatario.

Diego Cornejo es director de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (AEDEP), periodista y novelista.