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Más de 200 detenidos en Chile por la violencia durante el paro general

El Ejecutivo de Piñera aplica la ley de Seguridad del Estado ante los disturbios provocados por encapuchados durante la protesta estudiantil

Jaime Gajardo, presidente de la Asociación de Profesores de Chile, se enfrenta a la policía de Carabineros en su intento por entrar al palacio de La Moneda, hoy día de paro nacional
Jaime Gajardo, presidente de la Asociación de Profesores de Chile, se enfrenta a la policía de Carabineros en su intento por entrar al palacio de La Moneda, hoy día de paro nacional AP

El Gobierno chileno ha decidido aplicar la ley de seguridad del Estado a quienes resulten responsables de quemar ayer un bus del transporte público durante el primero de dos días de paro nacional convocados por el movimiento estudiantil y los profesores, que desde hace casi seis meses se movilizan para demandar educación gratuita. La policía militarizada detuvo a más de 260 personas en todo el país en una jornada más violenta que otras y que se caracterizó por choques en muchos barrios entre manifestantes y carabineros, y que culminó con un caceroleo y marchas nocturnas, perfectamente audible en comunas de clases medias, y barricadas en sectores periféricos.

La jornada fue un aperitivo de la marcha que estudiantes y profesores realizarán hoy miércoles desde el oriente y poniente de Santiago para converger junto a la facultad de ingeniería de la Universidad de Chile. Las marchas serán una prueba de si el movimiento tiene capacidad de mantener su convocatoria después de la señal de endurecimiento que envió La Moneda.

El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, considerado de los “halcones” del Gobierno de derecha del presidente Sebastián Piñera, no descartó aplicar la ley de seguridad del Estado, tal como lo han hecho otros gobiernos democráticos. La oposición de centroizquierda criticó la medida, que se suma al proyecto de ley del Gobierno conocido como “anti-tomas” para castigar con cárcel a los estudiantes que tomen los establecimientos educacionales con violencia y a los que armen barricadas.

Las penas de la ley de seguridad del Estado son más rigurosas, aunque en el caso del incendio del bus, donde no hubo heridos, no varían con respecto a la legislación normal y varían entre tres y diez años de cárcel. Los estudiantes criticaron también el incidente, protagonizado por un grupo de personas con rostros cubiertos, porque “no conocen el espíritu de este movimiento y buscan perjudicarlo”, según sostuvo en Twitter uno de los dirigentes universitarios, Camilo Ballesteros.

Para La Moneda, el paro de los estudiantes en su primer día “ha sido un total y completo fracaso”, según afirmó el ministro portavoz de Gobierno, Andrés Chadwick. Aunque las movilizaciones tuvieron apoyo de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), los sindicatos no paralizaron.

En la madrugada y temprano en la mañana, grupos de jóvenes armaron barricadas y quemaron neumáticos y basura y sus contenedores para detener el tránsito en numerosas arterias, en las cercanías de facultades universitarias y colegios y liceos secundarios. Lo conseguían por algunos minutos, hasta que llegaba la policía militarizada y apagaba las llamas y despejaba las vías. Cuando los carabineros partían a otro lugar, los jóvenes volvían a la carga.

Han aumentado las denuncias contra la represión y abusos de la policía militarizada. La oposición y los estudiantes critican la actuación de carabineros, que han detenido y golpeado a manifestantes pacíficos mientras es incapaz de controlar a los vándalos que saquean y provocan disturbios. Periodistas y reporteros gráficos han resultado también afectados. Las irrupciones en facultades y colegios y liceos son habituales y ya ni siquiera escandalizan. La única víctima mortal en los casi seis meses de conflicto ha sido un joven de 14 años que recibió un disparo de carabineros en agosto.

Desde que los estudiantes rompieron hace dos semanas el diálogo con el gobierno, acusándolo de intransigencia por negarse a avanzar hacia la gratuidad de la educación, las posturas de ambos sectores se han radicalizado. La Moneda ha enviado proyectos de ley al Congreso sobre los mismos temas que negociaba con los estudiantes, a pesar que estos pidieron detener su tramitación, y hasta parlamentarios de la derecha han pedido al Gobierno que aporte más recursos para la educación en el presupuesto fiscal 2012, que discute el poder legislativo.

La Moneda también se niega a una reforma tributaria, que permitiría financiar la demanda de educación gratuita. Pero ya hay empresarios partidarios de elevar los impuestos a las empresas y personas de altos ingresos, en el convencimiento de que la paz social tiene un precio.

El movimiento estudiantil, cuyas demandas apoya un 80% de la población según los sondeos, ha buscado diversos caminos para lograr un compromiso activo de otros sectores. En las caceroladas nocturnos, que permiten el anonimato de los que protestan, algo importante en un país donde muchos temen perder el empleo, se advierte este respaldo. En varios barrios de clase media los manifestantes marcharon por las calles golpeando las cacerolas al son de la consigna “¡Y va a caer, y va a caer la educación de Pinochet!”, y fueron dispersados por los cañones de agua de la policía militarizada.

En cambio, en las zonas de ingresos bajos y con tradición organizativa encendieron barricadas y se enfrentaron a pedradas contra la policía militarizada. En la Villa Francia, en el sector poniente de la capital, un grupo intentó quemar un segundo bus. En varias de las ciudades más pobladas del país hubo también caceroleos, marchas y barricadas.

El presidente del Colegio de Profesores, Jorge Gajardo, entregó el martes en La Moneda los resultados de un plebiscito no vinculante efectuado hace dos semanas con urnas instaladas en organizaciones sociales. De los 1,5 millones de votantes, equivalentes a algo menos del 10% de la población del país, el 91% se pronunció a favor de una educación gratuita y de calidad garantizada por el Estado.