El Senado de Brasil suma esfuerzos a la batalla contra la corrupción

Hoy es un día significativo para la política brasileña. Por primera vez en la historia de la democracia de este país, un presidente de la República levanta la bandera de la ética y la moralidad en la gestión pública y expulsa a ministros y decenas de altos cargos públicos -algunos ya detenidos por la policía-, y también, por primera vez, senadores de diferentes partidos que apoyan al Gobierno, han creado un movimiento de respaldo a la presidenta Dilma Rousseff para que no ceje en su esfuerzo de moralizar la política.

Al movimiento iniciado por el senador Pedro Simon, del mayor partido aliado del Gobierno, el PMDB, se han adherido ya cerca de una docena de senadores tanto de ese partido como de otros también de la base gubernamental, entre ellos Cristovam Buarque, del izquierdista PTB y una de las figuras más relevantes de la política brasileña.

"Con nuestros discursos hoy en esta tribuna, vamos a demostrar a Brasil el pensamiento de una mayoría del Senado en relación con la política que se está viviendo. Se trata de dar fuerza a la presidenta Dilma Rousseff para que realice un Gobierno de integridad moral y ética. Vamos a subir a la tribuna para decirle a Dilma: 'Presidenta, cuente con nosotros", se lee en la página web del Senado.

La decisión, inédita en la historia del Senado, revela la gravedad de la crisis que está viviendo la presidenta, escogida por el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva como sucesora, con los partidos aliados del Gobierno. Estos han creado en el Congreso un grupo de cinco partidos que, sumados, capitalizan 200 votos y amenazan a la presidenta con boicotear sus propuestas en las votaciones.

El Partido Republicano (PR), que controla 60 diputados y seis senadores y que fue el primero en perder a un ministro, el de Transportes, y a cerca de 30 altos cargos públicos, decidirá esta semana si deja de apoyar al Gobierno. Por lo pronto ya ha abandonado el grupo del que formaba parte en la Cámara alta y no asiste a los encuentros de los aliados con la presidenta como señal de protesta.

Adicionalmente, el mayor partido de la alianza de Gobierno, el PMDB -al que pertenece el vicepresidente de la Republica, Michel Tenmer-, está en pie de guerra, porque también está entre los que presentan síntomas de corrupción y varios cargos públicos, entre ellos el viceministro de Turismo, han sido detenidos por la policía.

Rousseff está entre dos fuegos. Cada vez se es más claro que desea continuar enarbolando la bandera de la lucha contra la corrupción, apoyada por la opinión pública, aún a costa de tener que hacer ajustes en la forma de respaldo de los partidos a su Gobierno. La presidenta preferiría que las organizaciones políticas pudieran adherirse con un "proyecto" político en vez de lo que sucede actualmente -heredado de los Gobiernos Lula-, de ofrecer apoyo al Gobierno a cambio de cargos y prebendas, sin compromisos con un proyecto.

El difícil equilibro de Dilma Rousseff será mantener encendida la llama de la limpieza ética, asegurando al mismo tiempo una base de Gobierno que le permita llevar a cabo sus compromisos con la sociedad, algo que a los analistas políticos les parece tan complicado como la cuadratura del círculo, hasta el punto de que se empieza a pensar que de seguir así, serán los mismos partidos aliados los que acaben gritando: "Vuelve, Lula".