Macrooperación policial en Brasil contra 300 empresas del sector químico por fraude fiscal
En el operativo han participado 500 policías federales y han actuado en 18 estados del país.- Las autoridades ya han detenido a un treintena de personas
Se llama Operación Alquimia y es una de las acciones anticorrupción más imponentes de los últimos años realizadas por la Policia Federal en 18 Estados del pais. Ha sido organizada conjuntamente con el Ministerio de Hacienda y abarca acusaciones graves por fraude fiscal a 300 empresas del sector químico.
Según los 500 policías movilizados para la operación, esas 300 empresas "se enriquecieron a costa de graves lesiones a las arcas públicas del Estado". Una de las finalidades de esa Operación Alquimia es recuperar más de mil millones de reales que, según Hacienda, esas comañías han defraudado usando mil subterfugios, desde empresas de fachada a envío de dinero a paraísos fiscales. Son acusadas, entre otros crímenes, de ocultaciones fiscales, lavado de dinero, falsedad ideológica y formación de cuadrilla.
Por el momento han sido detenidos 31 sospechos de corrupción, aunque la policía ha emitido una orden de búsqueda y captura de, al menos, 129 personas más. Las autoridades ya han empezado a secuestrar los bienes personales de 62 personas, que van desde coches de lujo, yates, aviones y equipos industriales hasta recursos financieros sospechosos de fraude.
Los Estados en los que está actuando la policía son: Alagoas, Amazonia, Bahía, Ceará, Brasilia, Espíritu Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Piauí, Pernambuco, Río de Janeiro, Río Grande do Sul, Sâo Paulo, Santa Catarina y Sergipe.
Las empresas acusadas de fraude son tanto nacionales como extranjeras, muchas de ellas con sede en las Islas Vírgenes Británicas. Para que la policía pudiera llevar a cabo la Operación Alquimia, Hacienda movilizó a 90 auditores.
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, ha apoyado la operación desde que se inició. No es de extrañar, ya que la mandataria brasileña lidera una batalla contra todo tipo de corrupción, sobre todo cuando se trata de adueñarse de dinero público. Esta lucha le ha valido ya el aplauso de la gente de la calle. En el último sondeo de ayer, presenta una aprobación de 70,2%, mientras que su gobierno aparece sólo con 49%, lo que indica que su valorización personal es superior a la de su ejecutivo del que ella ha apartado ya a tres ministros y decenas de altos funcionarios bajo sospechas de corrupción.
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