El presidente Santos ratifica la Ley de Víctimas en Colombia

El asesinato, el pasado martes, de Ana Fabricia Córdoba, líder campesina que luchaba desde hace años por la restitución de tierras, puso el dedo en la llaga sobre el gran reto que significa para Colombia la aplicación de una ley que pretende saldar la inmensa deuda con las víctimas de un conflicto de más de 50 años.

La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras será sancionada hoy por el presidente, Juan Manuel Santos, ante un invitado especial: el secretario de Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Un mensaje de Santos de que su compromiso con los cuatro millones de personas que serán cobijadas por la reparación integral en los próximos 10 años -término de la aplicación de la ley- va en serio.

La ley ha sido calificada como "histórica" en un país que durante años fue ciego y sordo ante el dolor de miles y miles de huérfanos, madres, esposas y hermanos, pero es vista también como un desafío difícil de cumplir.

El conflicto sigue vivo, los armados y sus testaferros manejan la tierra como un trofeo de guerra y siguen controlando territorios como parte de su plan mafioso, con la complicidad de abogados, notarios, funcionarios judiciales y miembros de la fuerza pública.

El punto central de la ley es devolver a sus verdaderos dueños más de seis millones de hectáreas de tierra usurpada. Solo este año han sido asesinados nueve campesinos que se atrevieron a exigir lo que era suyo. El asesinato de Córdoba, de 55 años -su marido y un hijo también fueron asesinados y los tres hijos que sobreviven están amenazados-, abre serios interrogantes sobre el cumplimiento de las promesas del presidente, los ministros y los militares, que han reiterado su compromiso con la protección de las víctimas.

A Ana Fabricia la asesinaron a las 10 y media de la mañana en un autobús en Medellín, la segunda ciudad del país. El sicario usó una pistola con silenciador. Los demás pasajeros se dieron cuenta del horror cuando estalló en pedazos el vidrio de una ventana: huyeron despavoridos. El asesino se fue como si nada.

"La ley de víctimas es un importante paso para la construcción de la paz desde la institucionalidad. Pero para que se haga realidad se necesita una gran voluntad política. Debemos saber la verdad, los intereses que se esconden detrás de los 16 crímenes ligados a la lucha por la tierra durante este Gobierno", dice María Victoria Duque, de la fundación Razón Pública. Y recalca: "El primer derecho de las víctimas es a la vida".

Córdoba había denunciado a la policía como la culpable de la muerte de su hijo. No quiso aceptar protección oficial porque, como recuerda Duque, "sufrió en carne propia [en una detención ilegal] las arbitrariedades de las entidades de seguridad y justicia en Colombia".

El senador Juan Fernando Cristo, del partido liberal y uno de los promotores de la ley, agrupa los desafíos en tres grupos. El primero, que en la reglamentación no cambie el espíritu de la ley, que no se recorten los derechos reconocidos a las víctimas. El segundo, que durante su implementación y ejecución se dé una gran movilización y organización de los beneficiarios para que "se apropien de la ley". Y el tercero, replantear desde ya la cuestión de la seguridad. "El asesinato de Ana Fabricia muestra que se están moviendo sectores ilegales enemigos de la Ley [de Víctimas]", afirma el senador, que asegura que pretenden volverla inaplicable en algunas zonas del país. Y alerta contra los testaferros de paramilitares y narcotraficantes.

La ley no discrimina entre víctimas de los grupos ilegales y de agentes estatales, pero deja fuera a miembros de grupos armados cuyos derechos se han violado. Incluye también a los menores de edad reclutados o usados por los grupos armados si estos se han desvinculado antes de los 18 años. Se calcula que costará unos 20.000 millones de dólares.

A pesar de los retos y los peros, las expectativas generadas son altas. "Así haya dificultades, como se está viendo con la cantidad de líderes asesinadas, la ley de Víctimas y Restitución de Tierras tiene una carga simbólica y política inconmensurable. Es un timonazo de 180 grados en este país", afirma en declaraciones a EL PAÍS la investigadora social María Cristina de La Torre.