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La orden de busca y captura por el 'caso Ellacuría' conmociona a El Salvador

Organismos de derechos humanos reclaman el arresto de los 20 acusados

La orden de busca y captura internacional que el juez Eloy Velasco, de la Audiencia Nacional española, giró contra 20 militares salvadoreños acusados de haber asesinado a seis sacerdotes jesuitas y dos de sus empleadas, en 1989, ha causado conmoción en El Salvador. Por doquier, la pregunta es: ¿arrestarán a los acusados? Baste decir que entre los procesados por Velasco están los que encabezaron el Ejército durante los 12 años de guerra civil (1980-1992) en esta nación centroamericana.

Organismos de derechos humanos expresaron su satisfacción por la orden del juez español, que el lunes ordenó la búsqueda y captura internacional de 20 militares (la mayoría en situación de retiro), acusados del asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus empleadas en la Universidad Centroamericana (UCA) el 16 de noviembre de 1989. Entre los asesinados estaban Ignacio Ellacuría e Ignacio Martín Baró, rector y vicerrector, respectivamente, del centro docente. Los otros jesuitas asesinados fueron Segundo Montes, Amando López y Juan Ramón Moreno, todos ellos de nacionalidad española, y Joaquín López y López, salvadoreño al igual que las empleadas Elba Julia y Celina Ramos, madre e hija.

La derecha dice que el juez español "viola la soberanía" del país centroamericano

"Si bien es cierto que la UCA y la Compañía de Jesús en El Salvador no fuimos los que iniciamos esta querella en España, estamos en solidaridad con las víctimas y sus familiares. Así que estamos empeñados en que los responsables capturados y enjuiciados", declaró a EL PAÍS Henry Fino, abogado del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA). Por su parte, Andreu Oliva, rector de la universidad, afirmó ayer que "al Estado salvadoreño le tocará cumplir con esta orden y será la Audiencia [Nacional] la que desarrolle el proceso y puede asignar las responsabilidades a cada uno", según recogía el diario local La Página.

Entre los reclamados por Velasco están los generales Humberto Larios y Orlando Zepeda, el exministro y el exviceministro de la Defensa Nacional, respectivamente; Juan Rafael Bustillo, jefe de la Aviación, y el coronel Inocente Montano, exjefe de la seguridad nacional, así como otros mandos de cuarteles y de secciones especiales de las Fuerzas Armadas, además de los soldados que ejecutaron la acción, pertenecientes al Batallón contrainsurgente Atlacatl, entrenado en Estados Unidos. El general René Emilio Ponce, quien entonces era jefe de Estado Mayor de la Fuerza Armada, también es reclamado, pero falleció el mes pasado de un ataque al corazón.

Por su parte, Miguel Montenegro, de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, afirmó que "el hecho de que se haya dictado orden de detención a los asesinos de los jesuitas es importante en la justicia universal, porque manda el mensaje a todos aquellos violadores de derechos humanos en el mundo entero de que, aunque en sus Estados no haya justicia, hay lugares donde sí se hace justicia".

En contraste, la derecha local ha expresado preocupación y malestar por la orden de Velasco. Hablan de confabulación de "la izquierda internacional" en contra del Ejército salvadoreño. El propio expresidente Alfredo Cristiani ?que gobernaba cuando se cometió la matanza?, ahora máximo líder de la opositora y derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), asegura que "el caso ya fue juzgado y no se puede juzgar a nadie dos veces por un mismo delito. Un tribunal español que quiera intervenir en la justicia salvadoreña, es un poco violar la soberanía del país".

Por su parte, el exfiscal general Astor Escalante y el magistrado de la Corte Suprema de Justicia Ulíses Guzmán, ambos de derechas, esgrimieron la Ley de Amnistía General vigente desde 1993 y que el propio Cristiani promulgó, lo que impidió que se juzgaran los crímenes de lesa humanidad que cometieron tanto la guerrilla como el Ejército durante la guerra civil.

"No hay excusa... no hay violación a la soberanía... Lo que tenemos presente es la universalidad de la justicia al tratarse de delitos de lesa humanidad. Cualquier tribunal del mundo lo podría haber enjuiciado y en cualquier tiempo, porque estos delitos son extraterritoriales y no prescriben, además de que no pueden ser amnistiables", afirmó categóricamente Fino. El abogado de la IDHUCA añadió que "la reacción de la derecha salvadoreña es hipócrita, pretenden seguir manteniendo la impunidad. Ahora lo que esperamos es que el Estado salvadoreño actúe en función de la verdad y la justicia".