Uno de los militares salvadoreños procesados por la Audiencia Nacional admite que suministró el arma

El teniente coronel Camilo Hernández, un jefe militar salvadoreño que forma parte del grupo de 20 militares procesados por la Audiencia Nacional de España por el asesinato de seis jesuitas y dos de sus empleadas, ha admitido en una entrevista difundida por el diario digital El Faro (El Salvador), que entregó un fusil para perpetrar el crimen e inculpar a la entonces guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

"Estaba en mi oficina (...) y antes de salir me llegaron a pedir un fusil AK-47 que tenía", ha declarado el teniente coronel, segundo al mando de la Escuela Militar en 1989. Ha relatado que se negó a dar la orden de asesinar a los sacerdotes, tal como se lo había solicitado el coronel Guillermo Alfredo Benavides, pero que sí entregó el fusil que había obtenido en una operación contra la entonces guerrilla del FMLN, actual partido de Gobierno.

En la misma entrevista ha admitido que sabía que le pidieron el arma con el propósito de asesinar al entonces rector de la Universidad Centroamericana (UCA), el español Ignacio Ellacuría, "y que pareciera que lo hizo la guerrilla". Hernández, entonces mayor del ejército, ha argumentando, sin embargo, que, además, se emplearon otros 30 fusiles M-16, por lo que indicó que si no daba el fusil, igual utilizarían las otras armas.

Sobre los asesinatos, atribuidos al extinto Batallón Atlacatl, ha indicado que en la escuela militar todos estaban "a la expectativa": "A la una de la mañana se perpetra el asesinato. Yo estoy en mi oficina, salgo para ver qué es lo que hay y encuentro al coronel Benavides, ahí en los pasillos de la Escuela, y me dice: 'Ya estuvo esto'. Muy bien, le dije. Nos separamos, me fui a la cama", ha explicado Hernández Barahona.

El 16 de noviembre de 1989, integrantes del Batallón Atlacatl irrumpieron en la UCA con la intención de matar a Ellacuría y los también jesuitas españoles Ignacio Segundo Montes e Ignacio Martín-Baró. El mismo día también fueron asesinados otros dos sacerdotes españoles, Amando López y Juan Ramón Moreno, y el salvadoreño Joaquín López, así como la trabajadora de la UCA Elba Julia Ramos y su hija de 16 años, Celina Ramos.

El juez de la Audiencia Nacional española Eloy Velasco decretó el pasado 30 de mayo el procesamiento, además de a Hernández Barahona y Benavides, de los generales Rafael Humberto Larios, Juan Rafael Bustillo y René Emilio Ponce, quien falleció el 2 de mayo.

Asimismo, los coroneles Juan Orlando Zepeda, Inocente Orlando Montano, Francisco Elena Fuentes, Joaquín Arnoldo Cerna, Carlos Mauricio Guzmán y Óscar Alberto León Linares. También, los tenientes José Ricardo Espinoza Guerra, Gonzalo Guevara Cerritos, Héctor Ulises Cuenca y René Yusshy Mendoza, los sargentos Antonio Ramiro Ávalos Vargas y Tomás Zárpate Castillo, los cabos Ángel Pérez Vasquez y Oscar Mariano Amaya y el soldado José Alberto Sierra Ascensio.