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El Estado brasileño de Pará se convierte en el 'lejano oeste' de la Amazonia, según la Iglesia

Desde la masacre de Carajás de 1996, un promedio de 14 campesinos son asesinados cada año

La promesa del Gobierno de Brasil de crear una fuerza de defensa para proteger a cientos de campesinos amenazados de muerte en el Estado de Pará, se ha hecho indispensable. Según datos oficiales de la Comisión Pastoral de la Tierra, tras la masacre de 19 campesinos en El Dorado de Carajás, tragedia que en 1996 conmovió a la opinión pública mundial, los asesinatos han continuado a un promedio de 14 por año, bajo la impunidad y el silencio de las autoridades del Estado.

Para la Comisión, organismo de la Conferencia Episcopal de Brasil, el Estado de Pará se ha convertido en el "lejano oeste" de la Amazonia, donde, además, cada año se destruyen miles de kilómetros de selva, poniendo en peligro al mayor pulmón del mundo.

Desde la tragedia de Carajás, se han cometido 212 nuevos asesinatos. Según la Comisión, hoy son 809 las personas amenazadas de muerte. Desde entonces el Movimiento de los Sin Tierra ha invadido 463 grandes haciendas con 78.500 familias acampadas. Han sido encarcelados 799 campesinos y 28.000 hallados realizando "trabajo esclavo", según datos del Ministerio de Trabajo.

José Battista, abogado de la Comisión Pastoral de la Tierra, la idea de que tras la tragedia de Carajás la situación había mejorado en las luchas en la Amazonia entre campesinos y latifundistas, ha sido un espejismo."No es cierto que la situación haya mejorado en estos últimos años: ganaderos, madereros, motocultivadores, etc, ejercen una continúa presión violenta, con el consiguiente número trágico de asesinatos anuales", asegura Battista.

Las cuatro muertes violentas de campesinos y ecologistas de los últimos días; el aumento de la destrucción de la Amazonia de los últimos meses y la alarma lanzada por los obispos brasileños, son vistos por analistas políticos y sociólogos como hechos estrechamente relacionados con el debate en el Congreso sobre el nuevo Código Forestal que prevé la amnistía de los destructores de la selva y que fue aprobado por el Parlamento, por mayoría aplastante, contra la voluntad del Gobierno de Dilma Rousseff, que lucha ahora para que el Senado tumbe dicha aprobación de la cámara Baja.

Hoy mismo, el presidente del Senado, José Sarney, del partido PMDB -aliado del Gobierno-, pero que se mostró a favor de la amnistía, ha echado una mano a Rousseff al prometer su apoyo para que el Senado anule el voto del Parlamento.