La oposición toma el control de Kirguizistán y pide ayuda a Moscú

Las fuerzas de la oposición kirguís que han derrocado al presidente Kurmanbek Bakíev han disuelto el Parlamento y han constituido un denominado "Gobierno de Confianza Popular" cuyo mandato será de seis meses y cuya principal misión será elaborar una nueva Constitución y convocar elecciones. El nuevo Gobierno, surgido después de dos días de enfrentamientos en todo el país que han causado al menos 75 muertos y más de mil heridos, se ha comprometido a respetar el acuerdo con Estados Unidos sobre el uso de la estratégica base aérea de Manas, al tiempo que ha pedido la ayuda de Moscú, en busca de legitimidad internacional.

"Tenemos una amistad eterna con Rusia. Rusia es nuestro aliado estratégico", ha afirmado un estrecho colaborador de la autoproclamada presidenta del nuevo Gobierno interino, la ex ministra de Exteriores Roza Otunbáyeva. "Necesitamos tanto apoyo financiero como estratégico. Ya hemos contactado con el Gobierno ruso en busca de apoyo". La respuesta rusa no ha sido precisamente hostil hacia el Gobierno rebelde: "Es importante el hecho de que la conversación se ha mantenido con ella [Otunbayeva] actuando en el papel de cabeza de un Gobierno de Confianza Popular", ha declarado Dimitri Péskov, el portavoz del primer ministro ruso, Vladímir Putin.

Entre tanto, el presidente derrocado no ha aceptado su salida del poder y Kirguizistán recompone sus fuerzas para tomar de nuevo el poder. A la espera de las palabras de Basíev, el nuevo Gobierno interino se ha afanado en proclamar que tiene el control sobre las fuerzas de seguridad. "Prácticamente todas las Fuerzas Armadas de Kirguizistán y la Guardia Fronteriza pasaron a nuestra subordinación", ha indicado el general Ismail Isákov, quien asumió temporalmente las tareas del ministro de Defensa.

La segunda preocupación del Gobierno interino en las últimas horas ha sido buscar legitimidad y negar cualquier responsabilidad en el baño de sangre vivido ayer.

Reconocimiento internacional

Pese a la carga de legitimidad que otorga la línea directa telefónica entre Putin y Otunbáyeva, los principales actores de la comunidad internacional no han reconocido al nuevo Ejecutivo kirguís.

Estados Unidos, que cuenta con una base en el país, todavía no ha tomado una decisión sobre la legitimidad del nuevo Gobierno. "Todavía estamos evaluando qué está pasando sobre el terreno, así que es difícil tomar ahora una decisión acerca de quién está al mando" ha dicho a Reuters un portavoz de EE UU que pidió no ser identificado. EE UU ha señalado que no considera el golpe de Estado como una maniobra antiestadounidense.

Fuentes de Washington han afirmado además que las operaciones en la base que EE UU posee en suelo kirguís han sido limitadas. EE UU utiliza la base de Manas, al norte del país, en su ofensiva militar sobre suelo afgano.

La Casa Blanca ha señalado que espera que el presidente estadounidense, Barack Obama, y su homólogo ruso, Dmitri Medvédev, trataran el asunto en su encuentro de hoy en Praga. Ambos mandatario podrían realizar una declaración conjunta.

El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha advertido en Viena que los sangrientos disturbios en Kirguizistán son un "recordatorio" de la importancia de la defensa del Estado de derecho y las libertades civiles. Ban Ki-moon ha anunciado que un enviado especial suyo viajará el viernes a Bishkek "Ha llegado el momento de trabajar con emergencia para establecer el orden constitucional", ha añadido. En ese sentido, ha indicado que la ONU trabajará junto a la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) para lograr ese objetivo.

Precisamente un portavoz de la OSCE ha anunciado que acepta como interlocutor al Gobierno provisional. Así lo ha indicado Herbert Salber, director del Centro de Prevención de Conflictos de esta organización y que formará parte de la delegación que la presidencia de turno de la OSCE, en manos de Kazajistán, envía el viernes a Biskek. "Asumo que el anterior Gobierno ya no está activo así que no vemos interlocutores en él", ha indicado Salber.

Decenas de muertos

Con esa declaración ponía fin, al menos momentáneamente, a las violentas protestas convocadas por los opositores para pedir la dimisión del jefe de Estado, que se han saldado con al menos 75 muertos y más de 1.000 heridos de acuerdo con los últimos datos oficiales. El malestar social comenzó a evidenciarse a comienzos de marzo debido a la gran pobreza, la subida de los precios y la corrupción política y ha ido subiendo en los últimos días. La capital del país ha vivido hoy actos de saqueo a los que las nuevas autoridades han respondido con la amenaza de abrir fuego contra los incontrolados.

El pasado martes estalló una revuelta en Talas (norte), que ayer se extendió a otras localidades y, sobre todo, a la capital, donde la multitud acabó por tomar las oficinas gubernamentales y las sedes de otros organismos oficiales. El estallido de violencia causó preocupación en la Unión Europea, EE UU, Rusia y la ONU, que ha anunciado el envío de una delegación especial.