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Buenos Aires barre a los 'sin techo'

La Defensoría del Pueblo denuncia que algunos integrantes de la Unidad de Control del Espacio Público someten a los indigentes a palizas y tratos vejatorios

Carla Baptista tiene 30 años, está embarazada de siete meses, vive en la calle junto a sus otros seis hijos y es una de las víctimas del comando que creó el Ayuntamiento de Buenos Aires para controlar, en teoría, el espacio público. En la práctica, sin embargo, se ha dedicado a expulsar por la fuerza a los indigentes que pernoctan en aceras, plazas o bajo los puentes. "El 1 de octubre a la 1.10 de la mañana se encontraba Carla] en Pasco al 1300, donde vive", cuenta el relato de una de las 14 denuncias recibidas por la Defensoría del Pueblo de Buenos Aires. "Allí aparecieron los integrantes de la Unidad de Control del Espacio Público (UCEP) y uno que estaba de gorrita se ensañó con ella y le empezó a pegar patadas, puñetazos y trompadas por todos lados. Después le pegaron entre varios y le sacaron su colchón, un asiento que tenía. Luego le manosearon entre más o menos 10 integrantes de la UCEP. Le decían: Te sentís mal, te vamos a hacer el tacto. La señora les pidió a los patoteros pandilleros] que llamaran al SAME [el SAMUR porteño] porque se sentía muy mal y le contestaron que no".

El jefe del Gabinete de Ministros de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, negó ayer que fuera a renunciar su ministro de Espacio Público, Juan Pablo Piccardo, responsable de la UCEP, a pesar de que un juez allanó el pasado jueves las oficinas de esta unidad por el caso de Baptista. La Defensoría del Pueblo presentó las 14 denuncias junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales y la Defensoría General de la Justicia de Buenos Aires. Las tres instituciones reclamaron al alcalde de Buenos Aires, el conservador Mauricio Macri, que disolviera el comando que él creó el año pasado. Legisladores de todo el arco opositor a Macri, incluido el kirchnerismo, se unieron a esa reclamación contra lo que tacharon de grupo "parapolicial".

"Se trata de una política de exclusión de Macri que está tratando de limpiar la calle de pobres tirándolos del otro lado de la General Paz [la avenida que divide la capital y la provincia de Buenos Aires]", denunció la legisladora de izquierdas Liliana Parada.

El ministro Piccardo, que declaró que ha recibido sólo siete denuncias, reconoce que ha abierto sumarios administrativos contra integrantes de la UCEP, pero defendió al organismo: "Tiene una tarea muy amplia, desde retirar carteles instalados en forma ilegal y puestos de venta ilegales hasta atender denuncias de vecinos por ocupación del espacio público que provoca molestias e inseguridad". Los denunciantes afirman que no sólo los desahuciaron con violencia, sino que además les quitaron sus pertenencias para arrojarlas a un camión compactador de residuos.

Los operativos de la UCEP coincidieron con la duplicación de la cantidad de personas que viven en las calles de Buenos Aires: pasaron de 700 en 2007 a 1.400 en 2009 por efecto de la crisis económica. El Gobierno de Macri ha inaugurado un nuevo refugio para 140 personas, mientras recibe algunas protestas callejeras de pobres que viven en chabolas y hoteles subvencionados y que demandan una vivienda digna.

El deterioro de la situación social en Argentina ha llevado a que su presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, anunciara el pasado jueves la creación de una subvención de 32 euros mensuales para los cinco millones de niños hijos de parados y trabajadores de la economía sumergida. Al día siguiente, en el comienzo de la campaña anual El hambre es un crimen, unas 2.000 personas marcharon por la ciudad de Santa Fe y el coordinador de la movida, Alberto Morlachetti, calificó el subsidio como "un paso adelante", aunque criticó que fuera "focalizado" y no "universal".