Tres años sin resolver la desaparición de un testigo de la dictadura argentina

Organizaciones sindicales y de derechos humanos argentinas plantaron ayer un árbol en la esquina de las calles 66 y 137 de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires. Allí mismo, hace tres años, fue visto por última vez con vida el albañil jubilado Jorge Julio López, un testigo de los juicios contra los criminales de la última dictadura de Argentina (1976-1983).

López, que había desaparecido durante medio año durante el régimen militar, desapareció por segunda vez a los 77 años, ya en democracia. La justicia argentina desconoce su paradero y el de sus secuestradores, pero el mensaje de los delincuentes ha infundido el temor no sólo en otros testigos de procesos contra represores, sino también entre los jueces y fiscales, según los organismos de derechos humanos.

"Jueces y fiscales se pelean por no tener la instrucción [del caso López] a cargo", denunció ayer la abogada del colectivo Justicia Ya, Guadalupe Godoy. "Si uno observa lo que sucede en estos momentos en los juicios por delitos de lesa humanidad, se entiende que el mensaje que implicó la desaparición de López fue absolutamente receptado, no por los testigos, sino por el poder judicial", añadió Godoy en declaraciones a Radio Provincia de Buenos Aires.

La causa había recaído primero en manos de un juez bonaerense, después pasó a las de un magistrado federal, Arnaldo Corazza, que en febrero pasado se excusó de continuarla, porque la familia de López lo había criticado por la falta de progresos. En marzo, otro juez federal, Manuel Blanco, tomó el caso y le ordenó al fiscal Sergio Franco que se hiciera cargo de la investigación, pero este funcionario se negó tres veces. Esta semana, medio año después, la Cámara Federal de Apelaciones ratificó que Franco debía investigar. El colectivo de Godoy presentó ayer una denuncia ante la Corte Suprema de Argentina por "retardo y denegación de justicia".

López era un militante peronista de un barrio periférico de La Plata, Los Hornos, donde participaba en cursos de alfabetización y primeros auxilios en una sede partidaria. En 1976 fue secuestrado por orden del ex jefe de la Policía Bonaerense Miguel Etchecolatz. Estuvo seis meses desaparecido hasta que finalmente su detención fue oficializada y pasó dos años más en prisión.

Desde que recuperó la libertad fue escribiendo las memorias de su cautiverio y por eso pudo describir con precisión en el juicio contra Etchecolatz los detalles de torturas y asesinatos. El 18 de septiembre de 2006, López volvió a desaparecer cuando iba de camino a los tribunales de La Plata, donde iba a escuchar la condena a reclusión perpetua de su verdugo.

"Vamos por la tercera o cuarta desaparición de López. Desapareció en el 76, luego en 2006, meses después desapareció de los medios de comunicación y de las agendas oficiales y no oficiales de los políticos y ahora se intenta desaparecerlo de la justicia", lamentó Nilda Eloy, otra testigo contra Etchecolatz, el primer represor que fue sometido a juicio después de la anulación de las leyes del perdón de 1986 y 1987.

"Pasaron 36 años de los [tiempos de los] militares, pero 36 años de impunidad. Aún en 2006 había 9.000 efectivos [policiales] bonaerenses en actividad que estaban vinculados a delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, y hoy sólo el 5% está identificado y procesado", se quejó Eloy.

En compañía del alcalde platense, Esteban Bruera, los dos hijos de López rebautizaron ayer el Centro Cultural Los Hornos con el nombre de su padre. También anunciaron la creación de la Fundación Julio López, que enseñará carpintería, electricidad, mecánica de coches, fontanería, confección de indumentaria, peluquería y cocina a los vecinos.

"Es una forma de continuar con los ideales de mi viejo, con lo que él hacía en los años 70, cuando fue secuestrado por primera vez", explicó Rubén López al periódico platense El Día.