Contra la minería a cielo abierto
Opositores, ecologistas y ciudadanos argentinos multiplican sus protestas contra la extracción no subterránea porque utiliza cianuro y ácido sulfúrico
Dos docentes argentinas interpusieron un día del pasado abril sus cuerpos en el camino hacia el Famatina, uno de los picos más altos de los Andes. Querían impedir que furgonetas de la Secretaría de Minería de la provincia de La Rioja llegaran a unos yacimientos de oro que están bloqueados desde 2007 por ellas y otros vecinos para evitar que allí se instale una mina a cielo abierto (no subterránea) con uso de cianuro y ácido sulfúrico. Cuatro funcionarios las agarraron de brazos y piernas para abrirse camino y un juez riojano las procesó por presunta agresión. Una de ellas, Carina Díaz Moreno, fue detenida el 26 de junio durante unas horas.
Dirigentes de la oposición al Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner han denunciado la persecución política a los ecologistas de La Rioja, aunque el fenómeno de las protestas contra la minería a cielo abierto se han extendido por 80 pueblos y ciudades de la cordillera en Argentina, de norte a sur.
A diferencia de Chile, donde la minería lleva siglos desarrollada y las exportaciones del año pasado alcanzaron los 68.527 millones de dólares, del otro lado de los Andes la actividad sólo comenzó a cobrar importancia en la década pasada; en 2008 exportó por valor de 2.847 millones.
Las minas a cielo abierto en Argentina han despertado el rechazo de vecinos y ecologistas, que se han movilizado en contra del uso de sustancias contaminantes y del agua en zonas áridas. A las reclamaciones se han unido desde agricultores hasta bodegas, como la española O. Fournier, o empresas de aguas, como la francesa Danone.
Díaz Moreno alega que defiende el Famatina porque de allí nacen corrientes de agua para diversas provincias argentinas. Y argumenta que Estados de EE UU, Canadá y Australia, y países como Alemania, Grecia y República Checa han prohibido la minería a cielo abierto. No es el caso de España, donde siguen operando minas como la de Alquife (Granada), más allá del desastre ecológico de Aznalcóllar (Sevilla) de 1998.
Díaz Moreno sostiene que el Gobierno de La Rioja (peronista) las persigue. Un portavoz de la Secretaría de Minería del Gobierno de Fernández (también peronista) considera que ella y su compañera actuaron con "violencia", pero la diputada Fernanda Reyes, del Acuerdo Cívico y Social (ACYS), la segunda fuerza parlamentaria, denuncia una "alarmante persecución política en La Rioja contra los vecinos que se oponen a la megaminería".
En el ACYS hay dirigentes radicales, como el gobernador de Catamarca, Eduardo Brizuela del Moral, que apoyan esta actividad. Fernando Pino Solanas, que llevó a la izquierda al segundo puesto en las recientes elecciones legislativas en Buenos Aires, también se solidarizó con la ecologista detenida. Entre sus propuestas de campaña, Solanas abogó por nacionalizar la prohibición a la minería a cielo abierto que ya rige en siete provincias: Chubut, Río Negro, Tucumán, Mendoza, La Pampa, Córdoba y San Luis. Sólo decenas o varios miles se manifiestan por lo mismo en Jujuy, Catamarca, La Rioja, San Juan, Neuquén, Santa Cruz y Salta; en esta última, 11 ciudadanos han sido procesados por bloquear camiones de una minería y el Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel ha salido en su defensa.
Las bodegas también recelan. "La minería crea cierta riqueza, pero penaliza a las provincias que necesitan de la pureza del ambiente y el agua para el turismo o la vitivinicultura", observa el bodeguero español José Manuel Ortega Fournier, que produce en Mendoza. "En la historia de Argentina no ha habido buenos controles medioambientales y la riqueza no fluyó a las zonas donde está la minería. Los Gobiernos no mejoraron las carreteras o la sanidad. Por eso hay una reacción tan extrema de los grupos de vecinos", agrega Ortega Fournier.
Las mineras alegan que las bodegas también polucionan. A Ortega Fournier le parece "ridículo" pensar que la vitivinicultura (sector en el que Argentina es el quinto productor mundial) sea más dañina que la minería.
Entre las empresas embotelladoras de agua de Mendoza, Danone dice que "no se opone a la minería en general", pero "observa con suma preocupación la posibilidad de que se realicen actividades extractivas en la reserva natural donde se encuentra la fuente de origen" de sus aguas.
Los proyectos mineros en esa reserva fueron suspendidos de forma cautelar por la justicia, ante el riesgo de que "tengan consecuencias sobre el medio ambiente y hasta tanto se realicen todos los estudios de impacto".
Las empresas se defienden
En la Cámara Argentina de Empresarios Mineros creen que "todo proceso productivo impacta de alguna manera en aquello que lo rodea", pero aseguran que "no se conocen casos mayores ni muertos por contaminación por explotaciones mineras". Destacan que este año invertirán 8.000 millones de dólares en 300 lugares y darán empleo a 212.000 personas (el sindicato de mineros ha marchado en defensa del sector).
En la minera canadiense Barrick, que hace dos años congeló su explotación en el Famatina, su vicepresidente de Asuntos Corporativos para Suramérica, Rodrigo Jiménez Castellanos, juzga "normal y esperable que, ante procesos industriales que son nuevos en una determinada comunidad, se generen preocupaciones específicas". Otro empresario minero, que prefiere mantener el anonimato, aduce que las críticas de políticos y jueces sólo persiguen aumentar la carga impositiva.
El Gobierno de Carlos Menem (1989-1999) otorgó estabilidad tributaria durante 30 años a los proyectos mineros, pero el de Néstor Kirchner (2003-2007) la alteró al aplicarle derechos de exportación de hasta el 10% (menores que los que gravan a la agricultura y el petróleo). No obstante, la actual presidenta, Cristina Fernández, benefició a la minería al vetar una ley de protección de los glaciares andinos. El alcalde de Buenos Aires, el conservador Mauricio Macri, también se ha revelado como otro defensor de esta industria.
Un caso de presunta contaminación avanza en los tribunales argentinos. El fiscal general ante la Cámara Federal de Tucumán, Antonio Gómez, espera que a finales de año un empresario de la minera suiza Xstrata sea sometido a juicio oral y público por vertidos tóxicos, aunque la compañía lo niega. La filial de Xstrata ha apelado el procesamiento de su directivo.
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