Colombia investiga la infiltración de las FARC en las universidades
La fiscalía cotejará 55 nombres hallados en un campamento guerrillero
La fiscalía general colombiana investiga la presunta infiltración en las universidades de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), tras hallar un listado con los nombres de 55 personas en un campamento guerrillero.
Según señaló en un comunicado el vicefiscal general colombiano, Guillermo Mendoza Diago, la lista de nombres será cotejada con bases de datos de algunas universidades. El listado estaba en una memoria USB que fue hallada el pasado mes de febrero después de un bombardeo a un campamento guerrillero en la serranía de La Macarena, en el departamento del Meta.
"Hay que aclarar que el fiscal que realiza la investigación no solicitó las bases de datos de esas universidades. Se ha requerido información para establecer si dentro del personal de estudiantes o profesores de algunas universidades figuran 55 personas que aparecen en un computador hallado en La Macarena", puntualiza Mendoza Diago en el comunicado, tras la polémica desatada por el envío de un oficio por un fiscal antiterrorista a los centros educativos anunciando una revisión de sus bases de datos. La investigación se dirige a las universidades Distrital, Pedagógica, Libre, Nacional y Sena, según señalan medios locales.
El director de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman, afirmó que la medida es "absurda e impertinente" y anunció que asesores jurídicos estudiarán "en qué medida se afecta la autonomía universitaria y el derecho a la intimidad", según recogía ayer el diario El Tiempo.
El defensor del pueblo, Vólmar Pérez, señaló al diario que esta medida violaría la dignidad, intimidad, libertad y presunción de inocencia de los estudiantes. "Es una amenaza directa y grave a los derechos fundamentales de las personas que son o han sido alumnos de los centros de estudios mencionados", afirmó.
En declaraciones a Radio Caracol, Mendoza Diago reconoció que ni él ni el fiscal general Mario Iguarán, que se encontraba en México, conocían el oficio enviado por un fiscal antiterrorista a las universidades, y afirmó que "si uno supiera que eso sirve para procesar terroristas infiltrados, todo el mundo tendría que aplaudir esa determinación, pero yo, en lo práctico, como funcionario judicial, una diligencia de esas yo la encuentro de poca utilidad para adelantar una investigación".
Por su parte, David Palacio, representante estudiantil de la Universidad Nacional, dijo que la decisión de la fiscalía es "indignante" y que la manipulación de las bases de datos pone en grave peligro a profesores y alumnos, según el diario El País de Cali.
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