Un informe del Parlamento brasileño confirma la corrupción en el Gobierno

Una comisión del Parlamento brasileño ha confirmado que existió en el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y en su formación política, el Partido de los Trabajadores (PT), una grave trama de corrupción que sobornaba a diputados y partidos aliados para aprobar proyectos del Gobierno.

La comisión de investigación, que comenzó a trabajar el pasado mes de junio, ha presentado un informe demoledor de más de 400 páginas, producto de cientos de interrogatorios respecto a las acusaciones que hiciera Roberto Jefferson cuando era presidente del PTB (Partido del Trabajo de Brasil) y aliado del Gobierno.

Y lo más grave es que la comisión parlamentaria ha comprobado que la mayor parte del dinero de la corrupción provenía, como se sospechaba, de entes públicos, sobre todo del Banco de Brasil y de Visanet. El informe confirma que existió lo que Jefferson había definido gráficamente como mesalão, es decir, una propina mensual a los diputados y partidos que colaboraban con el Gobierno. Más aún, el informe señala que a veces ese pago era mensual, otras semanal y, a veces hasta diario, coincidiendo, por ejemplo, con fechas de votaciones en el Parlamento de proyectos cuya aprobación interesaba mucho al Gobierno.

El informe echa por tierra la hipótesis, sostenida por el PT y por el mismo Lula, de que se había tratado sólo de dinero "no contabilizado" para ayudar a los diputados del PT y de los partidos aliados en sus campañas electorales, algo que sería ilegal, pero no un caso de corrupción como el soborno a los partidos.

Según el empresario Marcos Valerio, el brazo derecho del PT para esta trama de corrupción, el dinero recibido por diputados y partidos provenía de dos préstamos de unos 20 millones de euros concedidos por el Banco Rural a través de su empresa y con el aval del PT y que el partido aún no ha devuelto. El informe prueba, sin embargo, que se trató de préstamos ficticios y que el dinero llegaba de facturaciones engrosadas de entes estatales a cambio de contratos millonarios, muchas veces realizados en la ilegalidad.

El informe complica más la situación de los diputados que ya admitieron haber recibido pagos, aunque afirmaron que el PT siempre les había dicho que el dinero no era fruto de corrupción.

Por ahora sólo dos diputados, Roberto Jefferson, el principal acusador, y José Dirceu, el principal acusado, han perdido sus escaños. Ambos, sin embargo, han recurrido al Supremo. Dirceu, porque alega que no hubo mensalão y por tanto no pudo ser él el responsable. Y Jefferson, al revés, porque al haber el Parlamento comprobado que efectivamente existió la mensalão, no podía haber sido castigado por haber mentido sobre la trama de corrupción.