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Frattini advierte de sanciones a cualquier país de la UE que haya albergado centros de la CIA

El comisario europeo de Justicia afirma que el asunto puede tener "consecuencias muy serias"

Cualquier país de la Unión Europea (UE) que se demuestre que acogió en su territorio cárceles secretas de la Agencia Central de Investigación (CIA) estadounidense se podría enfrentar a duras sanciones, como verse privado de su derecho de voto en el seno de la Unión, según ha advertido esta tarde el comisario europeo de Justicia, Libertad y Seguridad, el italiano Franco Frattini. El comisario, que ha calificado el asunto de "muy grave", ha subrayado que el Gobierno de EE UU aún no ha dado una explicación oficial, al tiempo que ha hecho hincapié en que "puede tener consecuencias muy serias" para el país que lo consintió.

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Las declaraciones de Frattini se producen mientras el Consejo de Europa -organismo independiente a la UE y que se centra en cuestiones de Derechos Humanos- investiga las informaciones publicadas en EE UU que apuntan a que la CIA mantuvo prisiones secretas en algunos países europeos y transportó a presuntos terroristas en vuelos encubiertos. Algunos de estos vuelos podrían haber hecho escala en Baleares y Canarias. Asimismo, ha instado a los gobiernos europeos a presentar toda la información de que dispongan sobre estos hechos. "Me veré obligado a proponer al Consejo (de ministros de la UE) serias consecuencias, incluída la suspensión de los derechos de voto en el Consejo", ha declarado Frattini en Berlín, durante un receso del IV Congreso sobre Defensa Europea, al que asiste.

Las posibles sanciones

El comisario ha recordado que la suspensión del derecho de voto estaría justificada en virtud del Tratado de la UE. Según los artículos 6 y 7 de este documento, el Consejo Europeo puede constatar la existencia de una violación grave y persistente por parte de un Estado miembro de los derechos fundamentales -libertad, democracia, respeto de los Derechos Humanos, libertades fundamentales y el imperio de la ley-, tras lo cual podrá suspender determinados derechos de este Estado, entre ellos el derecho de voto en el Consejo. Desde el Tratado de Niza, la UE dispone para ello de un dispositivo preventivo: a propuesta de un tercio de los Estados miembros, del Parlamento europeo o de la Comisión, el Consejo, por mayoría de cuatro quintos de sus miembros y previo dictamen conforme de la Eurocámara, podrá constatar la existencia de un "riesgo claro de violación grave" por parte de un Estado miembro de los derechos fundamentales y dirigirle las recomendaciones adecuadas.

La UE decidió introducir mecanismo a raíz de la crisis sufrida en el año 2000, cuando el canciller austríaco, el conservador Wolfgang Schuessel, decidió pactar con la ultraderecha de Jörg Haider la formación de un Gobierno de coalición, ante el descontento de sus 14 socios, que decidieron imponer sanciones a Viena. Frattini ha revelado además que los representantes de la Comisión Europea en EE UU han pedido explicaciones a Washington, pero que "lamentablemente, seguimos sin tener respuesta". En concreto, fue el jefe de la Dirección General de Justicia y Asuntos Internos de la UE, Jonathan Faull, quien planteó formalmente la cuestión la semana pasada en conversaciones con representantes de la Casa Blanca y el Departamento de Estado. Estos altos cargos estadounidenses le dijeron que la Administración Bush necesita más tiempo para responder.

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Washington pide más tiempo

"Al tratarse de actividades secretas, han pedido más tiempo para investigar. Le dijeron: 'Dadnos el tiempo adecuado para evaluar la situación'", ha señalado Frattini, para añadir que es difícil predecir cuándo la Casa Blanca hará un comentario oficial al respecto. El comisario ha sido muy cauto al responder a una pregunta sobre cómo se verían afectadas las relaciones transatlánticas si esas noticias se confirman, pues, "la Unión no establece sus relaciones en tiempo condicional". En todo caso, ha sentenciado: "Eso es algo que no me corresponde determinarlo a mi". "Hay que esperar a las explicaciones de Washington, a que digan si es verdad o no, no es cierto, y desde luego a los resultados de la investigación abierta por el Consejo de Europa", ha agregado Frattini, para quien "una cosa son los vuelos secretos de la CIA y otra la presunta existencia de cárceles o centros ilegales de detención".

Frattini ha recordado que la Comisión no puede, por el momento, hacer más de lo que hace: "La Comisión puede extraer consecuencias de un asunto pero no investigar alegaciones. El Consejo de Europa, por el contrario, tiene capacidad para investigar, lo que está haciendo,pero no de extraer consecuencias, de imponer medidas". "Eso nos tocará a nosotros. Y si los rumores se confirman, las consecuencias serán serias", ha reiterado el comisario. Para el comisario, es crucial "averiguar si esos vuelos se hicieron con el conocimiento y aceptación del país en cuestión, pues si no es así hablaríamos, entre otras infracciones, de una violación del espacio aéreo".

El espinoso asunto lo sacó a la luz el 2 de noviembre The Washington Post, según el cual la CIA había interrogado a presuntos miembros de Al Qaeda en antiguas bases soviéticas en el este de Europa. Según Human Rights Watch, los terroristas, detenidos en Afganistán, habían sido trasladados a Polonia y Rumanía. Sobre este extremo, Frattini ha indicado que había hablado con el ministro de Interior rumano, Vasile Blaga, quien le aseguró que las acusaciones sobre la presencia de un centro de detención de la CIA en territorio rumano "no eran ciertas". Según el comisario, el ministro le dijo que la base en Mihail Kogalniceanu, utilizada por las fuerzas estadounidenses entre 2001-2003 para el transporte de tropas a Afganistán e Irak, no fue utilizada como centro de detención.

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