La CIA pide que se investigue la filtración sobre las cárceles clandestinas en Europa

Cuando aún no se han apagado los ecos ni cerrado las consecuencias del caso Plame, otra filtración está alterando las aguas políticas de Washington, aunque sus circunstancias no tienen nada que ver con las que le costaron el puesto al jefe de gabinete del vicepresidente Dick Cheney. En este caso el Departamento de Justicia, a petición de la CIA, evalúa la posibilidad de investigar la filtración de información secreta a The Washington Post sobre una red de prisiones para líderes de Al Qaeda. Y ésta no es la única polémica reciente relacionada con la Agencia.

Hace una semana, el Post aseguró que la CIA había mantenido a dirigentes del grupo terrorista en un sistema carcelario secreto que funcionaba en al menos ocho países del Este de Europa durante los últimos cuatro años. Aunque no se daban nombres, el Post decía que varios de estos países tienen regímenes democráticos.

Igual que en el caso de Valerie Plame -la agente cuya identidad fue descubierta por la Casa Blanca- la CIA ha pedido al Departamento de Justicia que investigue por qué un informe clasificado acabó en las páginas de un periódico. Los líderes republicanos de la Cámara y el Senado, Dennis Hastert y Bill Frist, pidieron al Comité de Inteligencia que abra su propia investigación, porque "si es verdad lo que dice el Post, esa revelación podría poner en peligro la seguridad de los estadounidenses y la defensa de EE UU de atentados terroristas". El presidente del Comité no descartó una comisión como la que investigó el 11-S.

La Casa Blanca libra una lucha sorda con la CIA desde hace años y los republicanos criticaron con frecuencia a la organización porque sospechan que desde su interior se filtran documentos secretos que dejan al descubierto las zonas más oscuras de la política antiterrorista o que desvelan información perjudicial para el Gobierno, y que tratan de evadir la responsabilidad de la CIA en los grandes fracasos del 11-S y de las armas en Irak. Los demócratas desoyen esas quejas y contraatacan diciendo que si hay que investigar algo no es la filtración, sino si hay centros de detención secretos, y unas cuantas cosas más: "Por ejemplo, la posible manipulación de información antes de la guerra y la identificación del nombre de una agente de la CIA por razones políticas", según Nancy Pelosi, líder de la minoría en la Cámara.

Mientras tanto, The New York Times reveló ayer que el inspector general de la CIA, John Herlgerson, alertó el pasado año de que las normativas sobre interrogatorios aprobadas después del 11-S "podrían violar algunas provisiones de la Convención Internacional contra la Tortura". El informe del inspector dice que hubo técnicas de interrogatorios, aprobadas en 2002 y no corregidas hasta dos años después, que fueron más allá de lo que el Pentágono autorizaba para los prisioneros de guerra. El Departamento de Defensa anunció esta semana nuevas directrices que prohíben el uso de la tortura física y mental en los interrogatorios a detenidos.

En el caso del informe del inspector de la CIA, dice el Times, Helgerson no llegó a decir que las técnicas que se había usado equivalen a la tortura, definida por la convención de la ONU. Pero sí sugiere que su empleo supone, "desde el punto de vista de la convención, un trato cruel, inhumano y degradante". El Congreso mantiene una polémica con la Casa Blanca sobre si la CIA debería someterse a las mismas normas que Defensa en lo que se refiere a los interrogatorios de detenidos, una postura combatida por el vicepresidente, Dick Cheney, y por el director de la Agencia, Porter Goss.