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El juicio contra el líder de Sendero Luminoso se aplaza indefinidamente al disolverse el tribunal

Dos de sus tres integrantes deciden inhibirse en la causa

El juicio al líder de la banda terrorista peruana Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, y la cúpula de la extinta organización guerrillera ha quedado hoy aplazado indefinidamente tras disolverse el tribunal que lo juzgaba debido a que dos de sus tres integrantes se han abstenido de participar en el proceso. El presidente del tribunal, Dante Terrel, ha anunciado la decisión en la Base Naval del Callao, donde se celebraba el juicio, tras la abstención de los vocales Benjamín Manrique y José Vinatea.

La decisión de los vocales de la Sala Penal Nacional, que ha determinado la disolución del tribunal, responde a que participaron hace años en procesos contra el cabecilla de Sendero. Ahora, la Sala Antiterrorista deberá nombrar al nuevo tribunal que fijará la fecha de inicio del primer juicio oral contra Guzmán y otros 17 dirigentes de la banda maoísta que sembró el terror en Perú de 1980 a 2000. Ante esta situación, las actas de las dos audiencias anteriores han quedado sin valor y los autos serán dirigidos al nuevo magistrado que se encargue del proceso. Según fuentes jurídicas, el juicio podría demorarse unos cuatro meses.

El juicio que se sigue contra Guzmán, su pareja, Elena Iparraguirre, y otros 16 inculpados por haber usado la academia preuniversitaria César Vallejo como centro de financiación ha estado plagado de incidentes desde su inicio, el pasado 5 de noviembre, y ha reabierto viejas heridas en la sociedad peruana. El caso de la academia tiene mucha menor entidad que algunos de los crímenes más sangrientos perpetrados por los senderistas, como la matanza de Lucanamarca (3 de abril de 1983), donde 69 pobladores fueron asesinados; o el coche bomba en Lima, (16 de julio de 1992), que causó 25 muertos y 150 heridos. Se ha empezado a juzgarles por un delito que no tiene que ver directamente con ningún crimen, mientras que hay una dispersión de causas a la espera de lo que será el megaproceso, previsto para 2005.

El juez defendió a los terroristas

La segunda sesión, celebrada el viernes pasado, había tenido que ser suspendida hasta hoy por las discusiones de los magistrados. Tanto la Fiscalía como el Procurador Especial Antiterrorista, Guillermo Cabala, habían pedido la renuncia del presidente de la Sala Penal, Dante Terrel, quien es cuestionado por haber defendido hace años a acusados de terrorismo. Además, se le criticó su falta de firmeza en la primera audiencia contra Guzmán por permitir que los dirigentes terroristas lanzaran gritos a favor de la banda armada. Pese a que Terrel se había negado a aceptar las peticiones que exigían su retirada, el tribunal se vio obligado a disolverse al inhibirse los otros dos magistrados.

Los incidentes en la primera audiencia obligaron a las autoridades a prohibir la entrada de cámaras, grabadoras o teléfonos móviles, por lo que los periodistas solo pueden portar lápiz y papel. El proceso actual contra los dirigentes terroristas, presos desde hace más de una década, se celebra después de que en 2003 el Tribunal Constitucional peruano declarara que una parte sustancial de la legislación antiterrorista aprobada durante el régimen del ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000) violaba la Carta Magna.

La decisión del alto tribunal fue consecuencia de un recurso de inconstitucionalidad promovido por familiares de condenados por terrorismo, que recogieron las 5.350 firmas necesarias. Tras la sentencia, el presidente de la República, Alejandro Toledo, promulgó una serie de decretos que establecen la nulidad de los juicios por traición a la patria llevados a cabo por tribunales militares, la nulidad de las sentencias y del proceso penal militar, y la remisión de los expedientes de la jurisdicción castrense a la ordinaria.