El oscuro proceso judicial contra Sendero Luminoso
El juicio, suspendido dos veces, encara hoy un tercer intento con duras críticas al tribunal
Perú encara hoy el tercer intento de comenzar el juicio a Abimael Guzmán, máximo líder de la organización maoísta Sendero Luminoso bajo el título de presidente Gonzalo, y a otros 16 cabecillas, después de que el Tribunal Constitucional declarara en enero de 2003 la nulidad de los juicios por traición a la patria llevados a cabo por tribunales militares sin rostro que no reunían las mínimas garantías. Desde los incidentes en la primera audiencia del 5 de noviembre, con actitudes desafiantes por parte de los procesados, el presidente del tribunal, Dante Terrel, se ha convertido en el protagonista principal del juicio.
El encargado de juzgar al patrón senderista está en la picota. Muchos de sus compañeros, dirigentes políticos y periodistas exigen que deje el caso. Le acusan de no haber sido capaz de acallar a Guzmán y a sus compinches cuando empezaron a proferir vivas al "marxismo-leninismo-maoísmo" y a "los héroes de la guerra popular", y le echan en cara su pasado. Los medios de comunicación peruanos se han hartado las últimas semanas de acusar al juez Terrel de haber defendido hace años "a terroristas". Nadie ha proporcionado detalles de la acusación, que él ni ha negado ni ha reconocido. Fuentes judiciales de solvencia aseguran que Terrel defendió a algunos acusados de terrorismo, pero como abogado de oficio. En ningún caso asumió la defensa voluntaria de dirigentes de Sendero Luminoso, añaden las mismas fuentes.
La campaña contra el juez ha sido tan intensa que Toledo le ha pedido que se inhiba
La campaña contra Terrel ha sido de tal intensidad -hasta el presidente de la República, Alejandro Toledo, ha pedido al juez que se inhiba del caso-, que pocos creen que el magistrado sea capaz de aguantar el chaparrón. Sus dos compañeros de tribunal, Carlos Manrique y José Vinatea, están cerca de tirar la toalla. Si el juez Terrel acaba por ceder a la presión, se conformará una nueva Sala para juzgar a Guzmán y compañía. Según la opinión dominante, será la mejor solución para que se celebre un juicio en condiciones.
Diego Gacía Sayán, ex ministro de Justicia y actualmente integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estima que el presidente del tribunal tenía una "limitada preparación" para conducir un proceso de alta complejidad, porque no fue capaz de prever lo que podía ocurrir.
El ex ministro reprocha al Gobierno no haber seguido de cerca el proceso, a través del procurador público que representa al Estado en el juicio. "Aparentemente, se durmió en este tema. Hubo una completa inacción por parte del poder Ejecutivo cuando había un cuestionamiento al presidente de la Sala", señala García Sayán.
Las voces que se escuchan estos días en Perú no invitan precisamente al optimismo. Los avances en materia judicial y de respeto a los derechos humanos están en peligro. En una solemne declaración a la nación, el presidente Toledo pidió juicios sumarísimos y cadena perpetua para los dirigentes senderistas, usurpando funciones que no corresponden al jefe del Estado. Un ruidoso coro de comentaristas y algún que otro embajador agitan con insistencia la amenaza del terrorismo, como si en Perú estuviera en condiciones de tomar el poder. No faltan quienes preferirían dar por buenos los juicios-farsa de la época fujimorista y quedarían encantados con una ruptura con los organismos interamericanos de derechos humanos para no tener que rendir cuentas a nadie. "Ha habido que hacer nuevos juicios porque lo que se hizo en la década de los noventa no podía ser sostenido en una sociedad democrática", señala García-Sayán.
La población está tremendamente sensibilizada por los 20 años de violencia que causaron más de 69.000 muertos y Sendero Luminoso es para muchos peruanos sinónimo de destrucción y terror. La organización fue aniquilada por el régimen de Alberto Fujimori (prófugo en Japón) y Vladimiro Montesinos (preso en la misma cárcel que Abimael Guzmán), y los servicios de seguridad reconocen que los grupos residuales que actúan en zonas aisladas de Perú no suponen ninguna amenaza real ni actúan a las órdenes de los dirigentes encarcelados.
Después de los incidentes en la primera audiencia del juicio el régimen penitenciario de los presos senderistas se ha endurecido. Los reclusos están incomunicados, no tienen contacto directo con quienes les visitan sino a través del locutorio y no pueden recibir llamadas telefónicas. La tensión ha vuelto a las cárceles, donde la protesta puede estallar en cualquier momento. Sólo falta que el veterano líder senderista dé la orden para que la inmensa mayoría de reclusos de Sendero Luminoso inicien una nueva huelga de hambre, según ha detectado en sus visitas a las cárceles la monja española Isabel Coll, que trabaja en una ONG que atiende a los reclusos condenados por terrorismo. "Creen que la gente les quiere y no comprenden cuán odiados son por el pueblo peruano. Pero sólo tienen contacto con quienes les visitamos en la cárcel, que de alguna manera sentimos compasión hacia ellos", dice la religiosa.
Más allá de la valoración que pueda hacerse de las acciones violentas de Sendero Luminoso y del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA), y de considerar o no terroristas a dichas organizaciones, el origen político del conflicto armado que ensangrentó Perú entre los años 1980 y 2000 ha sido establecido por entidades de prestigio como la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). "Fue el episodio de violencia más intenso, más extenso y más prolongado de toda la historia de la República. Asimismo, fue un conflicto que reveló brechas y desencuentros profundos y dolorosos en la sociedad peruana", constata la CVR.
