Un juez ordena la detención de 12 ex militares argentinos por su papel en la Operación Cóndor
La dictadura argentina (1976-1983) cooperó activamente en la represión de activistas de izquierda durante la década de los 70
Un juez federal argentino ha ordenado hoy la detención de doce ex jefes militares de la última dictadura por su intervención en la llamada Operación Cóndor, un plan de actividades represivas aplicado en la década de los 70 del pasado siglo por las policías secretas de Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Brasil, Ecuador y Perú.
La orden de detención dictada por el juez Jorge Urso afecta a los generales Albano Harguideguy y Ramón Díaz Besone, ministros del Interior y de Planificación, respectivamente, del régimen militar (1976-1983), entre otros. En la lista figuran además los generales José Antonio Vaquero y Fausto González, que al igual que los otros están retirados, han informado portavoces judiciales de Buenos Aires.
El juez Urso lleva transitoriamente las actuaciones relativas a la Operación Cóndor, iniciadas hace cuatro años por su colega Rodolfo Canicoba Corral, quien en mayo de 2001 pidió sin éxito la extradición de Augusto Pinochet, entre otros acusados. Este mismo mes, la justicia chilena atribuyó al ex dictador un papel fundamental en los crímenes cometidos al amparo de la Operación Cóndor.
En la misma causa, el juez Canicoba Corral también intentó la detención de los ex dictadores y generales Hugo Banzer Suárez (Bolivia), quien falleció en mayo de 2002, y Alfredo Stroessner (Paraguay), que vive refugiado en Brasil. De hecho, hasta el momento, el único procesado en estas actuaciones es el ex dictador argentino Jorge Videla, en prisión domiciliaria por el robo de hijos de desaparecidos durante la dictadura, entre 1976 y 1983.
Entre las víctimas de la Operación Cóndor, utilizada para coordinar la represión de militantes políticos o sindicales más allá de sus fronteras de origen, están los legisladores uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, quienes fueron secuestrados y asesinados en mayo de 1976 en Buenos Aires, donde se habían asilado en 1973, tras la disolución del Parlamento de su país. Operativos similares se realizaron en Buenos Aires contra ciudadanos paraguayos y chilenos, que también habían buscado refugio en Argentina.
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