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ensayos de persuasión
Columna
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Utopías de verano

El dilema sobre la prevalencia de las reformas o de los estímulos está presente de modo permanente

Joaquín Estefanía
John Maynard Keynes y el Dr. H. H. Kung, ministro de finanzas de China, en Bretton Woods, en 1944.
John Maynard Keynes y el Dr. H. H. Kung, ministro de finanzas de China, en Bretton Woods, en 1944.Bettmann (Bettmann Archive)

En una crisis monumental, ¿qué se debe aplicar antes, las reformas pendientes para hacer la economía más eficaz, o las medidas de estímulo para que la recuperación llegue lo antes posible? Este dilema, más complejo en la realidad que en su enunciado, está presente en España, en las diferentes sensibilidades que forman parte de un Consejo de Ministros de coalición. No es precisamente nuevo en el tiempo: por ejemplo, en los años treinta del siglo pasado, cuando EE UU combatía la Gran Depresión, la discusión dividía al presidente Roosevelt y al economista que, con vaivenes, le había aportado una teoría general para su acción política, el británico John Maynard Keynes.

Keynes escribió dos veces a Roosevelt, en 1933 y 1938. En ambas misivas, más allá de un apoyo general, le criticaba el hecho de priorizar las reformas estructurales por encima de los paquetes de reactivación del crecimiento, o le insistía en que el principal objetivo de su política debía ser el estímulo al consumo de la gente y el bienestar de los ciudadanos a través del gasto público. Nada de reactivaciones por arriba, estrictamente macroeconómicas (Historia del New Deal, de Andreu Espasa; Catarata).

España se va de vacaciones habiendo aplicado paquetes de estímulo contenidos en los Presupuestos Generales del Estado y a punto de recibir el primer hilito de agua de la poderosa manga riega de Bruselas. Pero las principales reformas (mercado de trabajo, pensiones, fiscal) se han dejado madurando para la segunda parte del año o para el ejercicio siguiente. En materia laboral, por ejemplo, ni se ha derogado la reforma del año 2012, ni se ha subido aún el SMI correspondiente a 2021, que afecta a 1,5 millones de personas, principalmente mujeres y jóvenes, lo que es inentendible al menos desde el punto de vista político. Ambas medidas forman parte del acuerdo de gobierno entre los socialistas y Unidas Podemos.

El paquete central en materia laboral en el new deal de Roosevelt fue una Ley de Seguridad Social que facilitaba las pensiones de jubilación y el seguro de desempleo. Su principal hacedora fue una mujer, Frances Perkins, secretaria de Trabajo, una de las pocas personas que apoyó a Roosevelt desde el principio de su mandato presidencial hasta que murió con las botas puestas (1933-1945), a la que se deben también los impulsos a favor de un salario mínimo, contra la explotación infantil, la regulación de las horas extra o la estandarización de la jornada de 40 horas.

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Sin duda bajo la influencia de Perkins (en el apartado laboral tan influyente como Keynes en el económico), en enero de 1944 dio Roosevelt su último discurso sobre el estado de la Unión (fue elegido presidente en cuatro ocasiones). En él planteó la necesidad de una segunda Carta de Derechos (Bill of Rights); la primera carta está compuesta por las primeras 10 enmiendas de la Constitución americana, que tratan, en esencia, de poner límites al Estado para garantizar derechos y libertades como la de expresión o un juicio justo. La segunda carta hubiera comprendido el derecho a un trabajo útil y remunerado; a ganar lo suficiente para proporcionar comida o ropa; a una vivienda digna, a atención médica adecuada o a una buena educación; a una protección contra los temores económicos de la vejez, la enfermedad, los accidentes y el desempleo; etcétera. Todos estos derechos se traducían en seguridad.

Fueron una ensoñación. Tras la muerte de Roosevelt en abril de 1945, sus proyectos para una segunda Carta de Derechos cayeron en el olvido. Alguno de ellos, que tendió a sobrevivir, fue enterrado boca abajo con la llegada de la revolución conservadora. Tan solo cuatro años después, en 1949, un profesor de Sociología de la London School of Economics, T. H. Marshall, puso en circulación el concepto de “ciudadanía social”, que sigue vigente: la ciudadanía social comprende desde el derecho a la seguridad y a un mínimo bienestar económico hasta el de compartir plenamente la herencia social y vivir la vida de un ser civilizado conforme a los estándares predominantes en la sociedad.

Utopías de verano.

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