Dependencia: derecho de ciudadanía
A principios de los años cincuenta del siglo pasado, el sociólogo de la London School of Economics T. H. Marshall definió el concepto de ciudadanía. Un ciudadano lo es cuando tiene derechos civiles, políticos y económicos: civiles, los derechos para la libertad individual (expresión, pensamiento, propiedad, justicia,...); políticos, el derecho a elegir y ser elegido; y económicos, el derecho a la seguridad y a un mínimo de bienestar, a compartir la herencia social y vivir la vida de un ser normal conforme a los estándares predominantes en la sociedad en que se habita (por ello no se entiende lo mismo ser pobre en España que en Somalia).
Cuesta mucho introducir los derechos sociales y económicos al mismo nivel que los políticos y civiles en los índices que definen la calidad democrática de los países. Los neoliberales no los quieren y los degradan porque -dicen- atentan contra la eficiencia económica. Por ejemplo, no están incorporados en el nuevo indicador de democracia que acaba de hacer público la revista The Economist. Este índice divide a los países del mundo entre democracias plenas, democracias con fallos, regímenes híbridos y regímenes autoritarios. Tan sólo hay 28 democracias plenas en el planeta, entre las cuales está España, en el puesto 16. La democracia cuasi perfecta es Suecia.
La institución que más ha hecho por ampliar los derechos sociales y económicos de los ciudadanos ha sido el Estado del Bienestar europeo. Recuerda Tony Judd en su extraordinario libro Postguerra. Una historia de Europa desde 1945 (Editorial Taurus) que el welfare fue fruto de la ecléctica combinación de las políticas socialdemócratas y democratacristianas, y que este modelo europeo se había convertido a principios del siglo XXI en paradigma para los países aspirantes a entrar en la UE "y en un desafío global para EE UU y el competitivo atractivo del estilo de vida americano". La Europa del welfare no nació del proyecto ambicioso y progresista que muchos hoy imaginan, sino que fue el fruto de una insegura ansiedad; acosados por el fantasma de la historia, sus líderes llevaron a cabo reformas sociales y fundaron nuevas instituciones como medida profiláctica para mantener a raya el pasado.
La Ley de la Dependencia aprobada por el Congreso de los Diputados conecta con ese Estado del Bienestar que consiguieron nuestros antepasados directos. Supone una nueva generación de derechos para los ciudadanos españoles, que llegaron tarde al welfare por culpa del franquismo. Varias generaciones quisieron ser parte de Europa no sólo por sus libertades civiles y políticas, sino también por las económicas y sociales. Aunque la renta per cápita de los españoles está a punto de instalarse en la media de la UE de 25 miembros (en parte como consecuencia del crecimiento económico, en parte por el efecto estadístico de haber ampliado la Unión de 15 a 25 miembros, en general más pobres, con lo que la media ha bajado), el gasto social per cápita de un español aún se encuentra cinco o seis puntos por debajo de la media europea.
La Ley de Dependencia justifica una legislatura, y conecta con los mejores momentos del mandato de Rodríguez Zapatero en los que se ampliaron los derechos civiles de algunas minorías y se sacaron las tropas españolas de la ominosa e ilegal invasión de Irak. Ahora se desarrollan los derechos de las personas dependientes por razón de sus minusvalías físicas o psíquicas: todas las personas que precisen de ayuda en la vida cotidiana tienen "el derecho subjetivo de ciudadanía" a recibir atención gracias a la puesta en marcha del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Pendiente de muchos detalles, lo aprobado en el Parlamento es sólo el primer escalón de algo que no estará a pleno rendimiento hasta el año 2015.
Con la Ley de Dependencia, el Gobierno de Rodríguez Zapatero cierra el círculo de protección social que iniciaron los Ejecutivos de Felipe González; entre 1982 y 1996, los socialistas lideraron la universalización de la sanidad, las pensiones y la educación pública; a partir de 2004, los herederos de aquellos socialistas han puesto la pica del cuarto pilar del Estado del Bienestar. Muy importante.
