Bielorrusia

Acosar o matar al disidente sale gratis

La inaudita detención del periodista bielorruso Roman Protasevich es un paso más en una peligrosa escalada: la de la persecución impune y sin complejos de los disidentes más allá de sus fronteras

Captura de un vídeo colgado en redes sociales del periodista bielorruso Roman Protasevich, durante su detención en Minsk (Bielorrusia).
Captura de un vídeo colgado en redes sociales del periodista bielorruso Roman Protasevich, durante su detención en Minsk (Bielorrusia).TELEGRAM CHANNEL NEVOLF / AFP PHOTO

Los pasajeros del vuelo FR4978, procedente de Atenas, observaron desconcertados cómo su avión giraba bruscamente cuando había iniciado el descenso sobre Vilna, la capital lituana. Más aún cuando un caza del Ejército de Bielorrusia se puso a la par a fin de escoltar al aparato no hasta su destino previsto, sino hacia el aeropuerto de Minsk. Pero un hombre joven —que, visiblemente asustado, comenzó a rebuscar entre su equipaje para entregar su teléfono y su portátil a su acompañante— se dio cuenta de lo que realmente ocurría: iban a detenerlo. El hombre, de 26 años, era el periodista y activista Roman Protasevich, buscado por Bielorrusia desde que dos años atrás se exiliase temiendo por su vida. “Aquí me espera la pena de muerte”, dijo cuando los servicios de seguridad bielorrusos se lo llevaron del avión detenido junto a su novia, Sofía Sapega, de nacionalidad rusa y estudiante de la Universidad Europea de Vilna.

Pero ¿por qué un Gobierno como el de Alexandr Lukashenko —muy cuestionado por aferrarse al poder tras las fraudulentas elecciones de 2020 y sancionado por la Unión Europea— se arriesga a una operación tan espectacular, forzando el aterrizaje de un vuelo civil, supuestamente para capturar a un disidente? “Es cierto que se trata de un método muy extremo de represión”, opina Nate Schenkkan, director de estrategia del laboratorio de ideas Freedom House. “Pero el hecho de que un Gobierno sea capaz de poner en peligro la vida de tantos pasajeros, de utilizar un caza y de amenazar la aviación civil internacional indica el sentimiento de impunidad que mueve a estos regímenes cuando persiguen a los disidentes. Sienten que no hay consecuencias por ello”, añade. La razón principal, opina Schenkkan, es que Lukashenko no está sentando un nuevo precedente, sino siguiendo precedentes anteriores.

En febrero, tres meses antes de que Bielorrusia movilizase a su aviación militar para detener el vuelo a Protasevich, Freedom House publicó un informe (con Nate Schenkkan como coautor) que alerta de la creciente tendencia de Estados autoritarios a perseguir a los exiliados más allá de sus fronteras y recoge datos de más de 600 casos de secuestros, asesinatos, desapariciones y extradiciones fraudulentas ejecutados entre 2014 y 2020 por una treintena de países. Freedom House atribuye a China un tercio de los incidentes recabados y sitúa a Rusia como la que más asesinatos o intentos de asesinatos de disidentes perpetró en el periodo estudiado, pero acusa a países menos poderosos de utilizar tácticas parecidas. Por ejemplo, los tailandeses que huyeron de su país tras el golpe de Estado de 2014 han visto con temor cómo destacados compatriotas en el exilio desaparecían o morían en extrañas circunstancias. En Ruanda, el régimen de Paul Kagame urde complejos planes para detener a los opositores en el extranjero: Paul Rusesabagina, famoso por haber salvado a decenas de tutsis durante el genocidio de 1994 e inmortalizado en la película Hotel Ruanda, denunció el pasado agosto su “secuestro” en el aeropuerto de Dubái tras atraerlo de su exilio en Bélgica para dar una supuesta charla. Turquía, que en los últimos años ha retornado a casa a más de un centenar de exiliados vinculados al nacionalismo kurdo y a la organización islamista de Fethullah Gülen —acusada del intento de golpe de Estado de 2016— , lo ha hecho o bien presionando a los países que los acogían, o bien a través de operaciones llevadas a cabo por los servicios secretos.

El opositor ruandés Paul Rusesabagina, en los juzgados de Kigali (Ruanda) en septiembre de 2020.
El opositor ruandés Paul Rusesabagina, en los juzgados de Kigali (Ruanda) en septiembre de 2020.STRINGER / AFP via Getty Images

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El refugio turco

Curiosamente, durante la última década, a medida que Turquía se hacía más autoritaria y más agresiva en el exterior, este país se ha convertido también en refugio para miles de disidentes que escapan de las dictaduras de Oriente Próximo, el Cáucaso y Asia Central. Pero tras los huidos han llegado sus perseguidores. Entre los años 2009 y 2016, fueron asesinados seis antiguos comandantes y combatientes chechenos; en 2015, el líder opositor tayiko Umarali Kuvvatov recibió un tiro en la cabeza (después de un intento de envenenamiento); en 2017 y 2019, los disparos de sendos pistoleros acabaron con la vida de dos disidentes iraníes, uno de ellos desertor del Ministerio de Defensa. El pasado noviembre, un exiliado uigur (minoría musulmana perseguida en China) fue tiroteado, y sobrevivió a lo que él mismo definió como un intento de homicidio instigado por Pekín. Aseguró que las autoridades chinas le habían forzado a espiar a sus compatriotas de la diáspora uigur en Turquía bajo la amenaza de torturar a su madre.

De entre todos los asesinatos de exiliados ocurridos en Estambul hay uno que sobresale por su osadía y brutalidad: el del periodista saudí Jamal Khashoggi. Si los anteriores crímenes fueron cometidos por sicarios que luego se dieron a la fuga —lo que permite negar su implicación a los gobiernos que presuntamente ordenaron estas muertes—, Khashoggi fue asesinado dentro del consulado de Arabia Saudí en Estambul por miembros del aparato de seguridad saudí que viajaron ex professo desde Riad y que luego despedazaron el cadáver. El heredero al trono y líder de facto saudí, Mohamed Bin Salmán, aprobó el asesinato, según un informe de la inteligencia de EE UU desclasificado en febrero.

La Nobel de la Paz yemení Tawakkol Karman, en una protesta en Estambul por la desaparición del periodista saudí Jamal Khashoggi, en octubre de 2018.
La Nobel de la Paz yemení Tawakkol Karman, en una protesta en Estambul por la desaparición del periodista saudí Jamal Khashoggi, en octubre de 2018.Anadolu Agency / Getty Images

“Estos incidentes son solo la punta del iceberg; cada asesinato, cada entrega, cada detención, se propaga como una ola entre la diáspora y silencia a muchos más”, sostiene el informe de Freedom House. Porque ese es el objetivo: no tanto la presa individual como dar una lección y servir de amenaza sobre lo que puede ocurrir a quien critique a su país de origen. “La represión transnacional tiene un gran peso en la oposición exiliada. Provoca miedo y algunos dejan el activismo. Otros pasan al anonimato o restringen sus comentarios a ciertos temas para evitar cruzar las líneas impuestas por las autoridades. Otros, sin embargo, continúan”, afirma Schenkkan. Pero, desde luego, movilizarse resulta más difícil cuando uno sospecha que está siendo espiado.

“Otro patrón que tenemos muy documentado en los países de Oriente Próximo (por ejemplo, en Baréin o en Egipto) es detener a miembros de la familia para forzar a que los disidentes regresen a su país de origen”, asegura Diana Eltahawy, subdirectora de Amnistía Internacional para la región. Por ejemplo, el año pasado, el psiquiatra Amr Abu Khalil, hermano de un periodista opositor egipcio exiliado en Turquía, falleció de un ataque al corazón en una prisión de Egipto después de que sus carceleros le negasen atención médica. Estas situaciones, explica Eltahawy, se originan en el contexto de una década en la que —como pasó en Egipto o Libia— se produjo un cierto aperturismo, seguido de una intensa represión de los disidentes que escaparon del país. Y la represión, apunta, se ha extendido fuera.

Bajo la etiqueta de terrorismo

Aunque la persecución de los disidentes allende su país de origen ha existido siempre —piensen en Trotski—, el informe del laboratorio de ideas Freedom House sostiene que uno de los motivos que han alentado esta agresiva política de persecución transnacional ha sido la impunidad con la que Estados Unidos condujo su guerra contra el terrorismo, con más de un centenar de secuestros en todo el globo y cientos de ataques (según un informe de la fundación Open Society para identificar a las víctimas de la guerra del terrorismo). También ha servido de impulso la campaña de decenas de asesinatos “selectivos” de Israel en los últimos 20 años, desde operativos de Hamás en Gaza a científicos nucleares en Irán o incluso un ingeniero palestino en Malasia.

La aparente coartada de que contra el terrorismo vale todo ha hecho que numerosos gobiernos autoritarios tomen nota y se valgan de la etiqueta de terrorista para justificar su ataque contra los disidentes. Porque, si bien el secuestro y el asesinato son los métodos más brutales de represión transnacional, no son los más utilizados. Hay otros como la presión a las autoridades de los países que acogen a los exiliados o el abuso de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol). En esta cuestión, los gobiernos autoritarios emplean el miedo al terrorismo, además de los discursos antinmigración y antirrefugiados de la derecha populista, que predisponen a los gobiernos occidentales a entregar a aquellos individuos sobre los que haya alguna sospecha de actividad ilegal, por mínima que sea.

El jurista Manuel Ollé Sesé, que acaba de publicar La extradición pasiva: un enfoque de derechos humanos fundamentales (Agapea), da cuenta de esta creciente tendencia según la que ciertos gobiernos vigilan los movimientos por el mundo de sus “presas jurídicas” en busca de “un territorio complaciente” que garantice su pedido de extradición. “Los estados autoritarios construyen un hecho delictivo y lo adornan de tal forma que cuando esa persona llega a un país salta una notificación roja de Interpol y, efectivamente, parece que ha cometido un delito. Solo cuando se empieza a investigar se da uno cuenta de que esa demanda de extradición es fraudulenta”, explica. Pero ya entonces empieza el castigo para el disidente: “Hay muchas papeletas de que le caiga prisión provisional, especialmente si en el país en el que se encuentra carece de arraigo”. Fue lo que le ocurrió en 2017 al periodista turco-sueco Hamza Yalçin, acusado por el Gobierno de Recep Tayyip Erdogan de delitos de opinión y vínculos con el terrorismo, que pasó varias semanas detenido en España antes de que el Consejo de Ministros desestimase la petición de extradición a Turquía. También le sucedió en 2017 al escritor germano-turco Dogan Akhanli, a quien Estambul reclamaba por supuestos vínculos con el terrorismo, y que fue detenido durante unas vacaciones en Granada. “Es un problema muy acuciante y sobre el que la comunidad internacional debe hacer una reflexión”, sostiene el jurista Ollé Sesé: “Interpol debería revisar su sistema, y este tipo de demandas fraudulentas no deberían pasar ni el primer filtro. Los jueces, fiscales y abogados deben implicarse y garantizar que se respetan los derechos fundamentales. En caso de que el individuo requerido sea finalmente extraditado y no se respeten sus derechos en el país de origen o sea sometido a torturas, los gobiernos deben tomar medidas, como exigir su devolución o cortar toda cooperación para futuras extradiciones”.

El activista tayiko Sharofiddin Gadoev muestra una foto de su primo, el opositor
Umarali Kuvvatov, en un foro en Oslo en 2019.
El activista tayiko Sharofiddin Gadoev muestra una foto de su primo, el opositor Umarali Kuvvatov, en un foro en Oslo en 2019.Julia Reinhart / Getty Images

De entre las formas de persecución, la que, con diferencia, más se utiliza es la digital, tanto que resulta incuantificable. Internet lo ha cambiado todo. A los exiliados les ha dado un altavoz para mantenerse en contacto y seguir siendo influyentes en el interior de los países de los que han tenido que huir. Al mismo tiempo, subraya el investigador Marcus Michaelsen en su estudio Silencing Across Borders (silenciando a través de las fronteras), “las tecnologías digitales han permitido a los gobiernos expandir sus tácticas de represión extraterritorial, vigilando y respondiendo rápidamente a las actividades de las diásporas”. Esto incluye el uso de avanzadas tecnologías de espionaje, el hackeo de cuentas o explotar las redes sociales: existen serias sospechas de que Arabia Saudí espió el móvil de Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo, dueño de Amazon y de The Washington Post. En 2015, un ingeniero de Twitter fue acusado de recibir dinero saudí a cambio de proveer información que ayudase a localizar a exiliados. La persecución también se traduce en denuncias falsas ante YouTube o Facebook para que retiren cuentas de opositores o, la fórmula más común, campañas organizadas de acoso por parte de troles y bots. “Profesionalmente, esto tiene consecuencias. Si te hackean, pueden borrar años de investigaciones y trabajo. También tiene su coste económico, porque si sospechas que el teléfono o el ordenador que usas está infectado tienes que cambiarlo, y sustituirlo por uno más seguro, más caro, cuando los disidentes exiliados no suelen ser personas en una buena situación económica”, explica la periodista azerbaiyana Arzu Geybulla, residente en Estambul. Ella misma, estudiosa del tema, recibió cientos de amenazas por su oposición a la reciente guerra entre Azerbaiyán y Armenia, lo que la obligó a cerrar temporalmente sus redes sociales: “Personalmente, tiene un efecto devastador. El volumen de descalificaciones y (especialmente para las mujeres) las amenazas de violación o contra tu familia pueden tener graves consecuencias para tu salud mental. Y aunque cierres tus perfiles, el nivel de estrés continúa porque sabes que siguen hablando de ti y atacándote”. Es decir, la represión digital funciona.

Una persecución impune

Es por eso por lo que ciertos estados se han lanzado a perseguir a sus exiliados: porque es un arma efectiva para luchar contra conatos de oposición y, especialmente, porque no pasa nada por hacerlo, lo cual “incentiva a estos gobiernos”, denuncia Eltahawy, de Amnistía Internacional. El envenenamiento del exespía ruso Alexander Litvinenko, en Londres en 2006, se produjo “probablemente” con la aprobación del Gobierno de Vladímir Putin, según la investigación del Reino Unido. La tibia respuesta del asesinato pareció tener un efecto llamada: en los años siguientes fueron asesinados más de una decena de opositores chechenos; el también exespía Serguéi Skripal sufrió un intento de envenenamiento, nuevamente en el Reino Unido en 2018, y el checheno-georgiano Zelimkhan Khangoshvili apareció muerto con dos disparos en la cabeza en un parque de Berlín en 2019.

El exespía ruso Alexander Litvinenko, hospitalizado en Londres pocos días
antes de morir.
El exespía ruso Alexander Litvinenko, hospitalizado en Londres pocos días antes de morir.Natasja Weitsz / Getty Images

Agnès Callamard, quien investigó el asesinato de Khashoggi como relatora especial de Naciones Unidas para las ejecuciones extrajudiciales, advierte en uno de sus informes de que el uso de violencia extraterritorial contra personas percibidas como disidentes se está incrementando, precisamente debido a “la impunidad” de la que gozan quienes cometen este tipo de crímenes. Por ello, insta a que los gobiernos nacionales y la ONU revisen sus protocolos, pues tienen “la obligación” de proteger la vida de quienes se hallan en su territorio, sean o no ciudadanos. “Cuando [el príncipe heredero de Arabia Saudí] Mohamed Bin Salmán ordenó asesinar a Khashoggi, hubo mucha cobertura mediática y mucho ruido. Sin embargo, la situación ha cambiado muy poco para Mohamed Bin Salmán, personalmente, o para Arabia Saudí, geopolíticamente. Y Paul Kagame, el presidente ruandés, da entrevistas a medios internacionales sobre lo exitosa que fue la operación para secuestrar a Rusesabagina. Ni siquiera sienten que tengan que pedir disculpas por estas cosas”, lamenta Schenkkan, del laboratorio de ideas Freedom House. Además, este tipo de actuaciones no solo daña a los intentos de formar una oposición en el exilio, sino que también a las propias democracias que acogen a los disidentes, puesto que la represión a través de las fronteras, sostiene Schenkkan, aumenta los niveles de violencia y corrupción (con sobornos o presión a instituciones, fuerzas de seguridad, servicios de inteligencia o incluso tribunales). “Mina el Estado de derecho”, subraya. En el caso de Protasevich, el investigador de Freedom House propone una respuesta severa y sin ambages: “Hay que ser duro frente a este tipo de comportamientos. No imponer sanciones solo a individuos, sino estar dispuesto a bloquear sectores enteros de la economía bielorrusa que sostienen al presidente ilegítimo Lukashenko: fertilizantes, combustibles fósiles… Si no se hace algo así, entonces los presidentes como él se dirán: ‘Vale, hacen mucho ruido, pero al final el coste no es muy alto”.

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