Los arquitectos de Madrid afean a Ayuso las obras “exprés” de la Ciudad de la Justicia y “desechar” los millones gastados en proyectos previos

El Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM) considera que el procedimiento “exprés” de contratación elegido por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso para construir la Ciudad de la Justicia es contrario a los principios de la ley de calidad arquitectónica, lamenta que se haya restringido “extraordinariamente la concurrencia por las exigentes demandas de solvencia”, y afea al Ejecutivo que se hayan desechado “sin explicación” “los millones de euros de dinero público invertidos” en proyectos y obras impulsados originalmente por el equipo de Esperanza Aguirre, presidenta regional entre 2003 y 2012. Así lo avanzó EL PAÍS: por ejemplo, no se usarán los planos de arquitectos como Norman Foster, que recibió 10 millones por su proyecto. En contraste, el Gobierno de Ayuso ha optado por un concurso público por el que se han interesado una veintena de empresas, tras fracasar repetidamente su apuesta por construir el complejo judicial con la fórmula de la colaboración público-privada: que una compañía financiara la obra (más de 500 millones) a cambio de explotar las instalaciones durante 40 años.

“Desde el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid lamentamos el procedimiento de contratación para la Ciudad de la Justicia utilizado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que es contrario a los principios de la Ley de Calidad de Arquitectura y que defendemos desde el COAM”, sostienen en un comunicado los arquitectos madrileños, que ya recurrieron en 2022, sin éxito, el proyecto de colaboración público-privada, ahora abandonado, al considerar que vulneraba la ley de contratos del sector público y la Ley de Calidad de la Arquitectura.

“El Gobierno de la Comunidad de Madrid utiliza los atajos que, en su interpretación, le permite la Ley de Contratos del Estado priorizando el precio sobre la calidad arquitectónica y prescindiendo de los concursos de ideas de arquitectura que, se ha demostrado, son la garantía de una mayor concurrencia, diversidad y calidad de propuestas”, continúa el comunicado. “¿Es legal esta modalidad de convocatoria? Sí. ¿Es por el interés general? Rotundamente NO”, se añade. “Es necesario separar proyecto y obra. Porque se debe garantizar primero la mejor arquitectura y, luego, que se construya con la mayor calidad, al precio más razonable”, subraya.

“Es importante hacer memoria y recordar que muchos de los proyectos para los edificios del Campus de la Justicia, de primera calidad arquitectónica, se adjudicaron por concurso de proyectos con intervención de jurado y se desarrollaron y pagaron hasta el nivel de proyecto de ejecución”, afea. “Ahora, los millones de euros de dinero público invertidos en esos proyectos y obras se desechan sin que se haya ofrecido una explicación”, añade. Y remata: “Al revés, se inicia un procedimiento exprés y restringido, sin justificar los derroches previos, después de haber intentado sin éxito otra modalidad de concesión administrativa hace escasamente dos años”.

Norman Foster, por ejemplo, firmó un acuerdo de más de 13 millones por proyectar dos edificios. La cifra ingresada por el arquitecto superó los 10 millones de euros (10,6), pese a que ningún edificio pasó de los planos a la realidad, según la documentación y testimonios recabados por una comisión de investigación parlamentaria. También se contó con otros arquitectos internacionales y nacionales: como la dupla Zaha Hadid y Patrick Schumacher, o el despacho Peí Cobb Freed & Partners.

Frente a los argumentos de los arquitectos, la Comunidad de Madrid contrapone “que la Ciudad de la Justicia es un proyecto de la máxima calidad en el que ha participado en su diseño un equipo técnico multidisciplinar de la Dirección General de Infraestructuras Judiciales, entre los que se encuentran nueve arquitectos”. En un comunicado emitido en respuesta al de COAM, el Ejecutivo regional destaca que “ese equipo también lo han formado ingenieros de diferentes ramas, juristas y delineantes, entre otros”. Y subraya: “Se trata de un proyecto de una gran complejidad técnica donde el Gobierno regional ha apostado por la calidad del diseño arquitectónico. Con una extensión de 463.000 metros cuadrados construidos, la Ciudad de la Justicia aspira a convertirse en uno de los iconos de Madrid por su diseño singular e innovador”.

La idea de concentrar todas las sedes judiciales nació hace más de un decenio. Su primera impulsora fue Esperanza Aguirre. El proyecto fue presentado 72 veces y llevó aparejado viajes pagados a Nueva York o Singapur. El acto de colocación de la primera piedra costó más de un millón. Se sufragaron informes inservibles por más de 80.000 euros y se impulsó un programa publicitario de unos 200.000 euros invertidos en paraguas, gorras, camisetas, y un libro promocional. La gran mayoría de empleados del complejo judicial eran directivos con nóminas por encima de los 100.000 euros anuales. Y al final se gastaron al menos 110 millones para que el plan de unir todas las sedes judiciales de la región nunca se completara: únicamente se construyó uno de los catorce edificios previstos.

De aquel proyecto megalómano solo quedan hoy dos cosas: el donut del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, ahora en las inmediaciones del hospital enfermera Isabel Zendal, y una investigación judicial aún abierta en la que están bajo la lupa cargos de los gobiernos de Esperanza Aguirre, como el exconsejero y exvicepresidente Alfredo Prada, para quien anticorrupción pidió ocho años de cárcel en enero de 2021. El juicio arrancó este mes de marzo.

En 2014, con Ignacio González como presidente del Ejecutivo regional, se retomó el proyecto, ya bajo la etiqueta de Ciudad de la Justicia. En 2015, y ya con Cristina Cifuentes como presidenta, el plan fue paralizado, lo que provocó demandas por parte de constructoras por incumplimiento de contrato. En 2020, la justicia le dio la razón a la Comunidad. Ahí surgió la oportunidad de que Ayuso encabezara la construcción.

Pasado agosto de 2022, se abrió el plazo para la concesión del contrato, que en el mes de noviembre de 2022 se declaró desierto al no haberse recibido ninguna oferta económica. Entre otras causas, se alegó la subida de los tipos de interés; la inestabilidad económica propiciada por el alza en los precios de los materiales de construcción y el encarecimiento de la energía; así como la situación generalizada de incertidumbre en el ámbito internacional.

Entonces se abrió un nuevo proceso, en el que la Comunidad envió invitaciones directas a 10 empresas, dentro de un proceso negociado sin publicidad, y retocó aspectos de los pliegos para hacerlos más atractivos sin alterar sus líneas maestras. En febrero de 2023, justo al límite del vencimiento del plazo, y cuando parecía que el proyecto iba a encallar definitivamente, el consorcio formado por Iridium y Acciona presentó una oferta. Finalmente, en julio de ese año, la Administración declaró desierta la licitación, ya que la única oferta recibida no se ajusta a los criterios establecidos en los pliegos.

Desde entonces, el proyecto se impulsa con la fórmula que proponía la oposición: el Gobierno paga la obra y gestiona las instalaciones, sin cederlas durante décadas. Pero hay prisa por ponerla en marcha, tras tantas idas y venidas. Y eso es lo que critica el COAM: la pérdida de calidad arquitectónica, por lo que define como “la arquitectura para la legislatura, la que se anuncia y se pretende inaugurar en cuatro años”.

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