La Ciudad de la Justicia de Madrid, una oportunidad para la transparencia

Históricamente, los concursos públicos han desempeñado un papel fundamental en la configuración de paisajes arquitectónicos e identidades culturales. Uno de los ejemplos más obvios sería Barcelona, donde desde finales del siglo XIX contribuyeron de una manera decisiva a la transformación de la ciudad. La arquitectura pública encarna físicamente la identidad y las aspiraciones de una ciudad; su papel es polifacético y abarca aspectos funcionales, estéticos y simbólicos.

Los edificios públicos, como lo son los juzgados, los ayuntamientos y los centros culturales, actúan como puntos focales de la vida cívica, proporcionando espacios físicos para la justicia, la administración y las comunidades. Su diseño y ubicación contribuyen al tejido urbano. Además de influir en el flujo de personas y de vehículos, la arquitectura pública a menudo sirve como punto de referencia y refuerza la imagen de una ciudad.

Si nos centramos en el tema que nos ocupa, abundan los ejemplos de edificios emblemáticos que, además de ser el punto focal del sistema judicial, son símbolos de una buena gobernanza democrática. Pero, contrariamente a los diseños tradicionales de los tribunales que enfatizaban la autoridad, la monumentalidad y la importancia de la justicia en la sociedad, los enfoques modernos hacen hincapié en la transparencia, la eficiencia y el diseño centrado en el ciudadano.

Basta con echar un vistazo a la geometría del Palacio de Justicia en Brasilia (1963, Oscar Niemeyer), la arquitectura brutalista de la Corte Suprema en Canberra (1980, EMTB), el Palacio de Justicia en Ámsterdam (1998, Claus en Kaan Architecten) que parece flotar sobre el agua o las torres doradas del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (2008, Dominique Perrault).

En España, edificios como el Palacio Judicial en Córdoba (2017, Mecanoo Architecten & AYESA), el Palacio de Justicia de La Rioja en Logroño (2016, Pesquera Ulargi Arquitectos) o el Palacio de Justicia en Ciudad Real (2006, Guillermo Vázquez Consuegra) y la aclamada ciudad de Justicia de Barcelona proyectada por el premio Pritzker David Chipperfield tras un concurso de arquitectura en 2008 se inscriben en la misma senda; son ejemplos de edificios públicos que estimulan la innovación arquitectónica y el diálogo cultural y judicial.

Recientemente, la Comunidad de Madrid ha vuelto a agilizar el polémico proyecto de La Ciudad de la Justicia. Una vez terminado, se espera que más de 30.000 personas hagan un uso diario de entre 10 a 13 edificios. El nuevo complejo judicial no solo estará al servicio de los ciudadanos, sino que transformará por completo el día a día de los que allí trabajen, aglutinando todos los edificios que ahora se encuentran diseminados por Madrid.

Así, acogerá a 5.000 funcionarios y servirá de lugar de trabajo para centenares de fiscales, magistrados y letrados. Suponiendo que el proyecto vaya a dar prioridad a las necesidades y derechos de los ciudadanos, la Ciudad de la Justicia de Madrid deberá convertirse en una pieza central del desarrollo comunitario y la gobernanza democrática. En este sentido, sería deseable que se integrara bien en el tejido urbano y reflejara el patrimonio arquitectónico y las aspiraciones de una ciudad en auge, como lo es ahora Madrid.

Desde los inicios de la civilización hasta los centros cívicos contemporáneos, los palacios de justicia siempre han sido símbolos como parte visible del sistema jurídico de un país, una región o una ciudad, tanto en las ciudades romanas como en la tradición judía. Son edificios profundamente entrelazados con los entornos urbanos y los ciudadanos.

Al cuestionar esta relación, los arquitectos pueden diseñar los juzgados como espacios dinámicos e inclusivos que fomenten el compromiso cívico y el diálogo. La integración de los juzgados en desarrollos de uso mixto, la activación de los espacios públicos y el fomento de la sostenibilidad pueden potenciar su papel como hitos cívicos.

Ese es el enfoque que adoptamos cuando diseñamos el nuevo Palacio de Justicia de Jerusalén, articulado en torno a dos bloques: un zócalo a modo de fachada continua a la calle que crea una sensación de transparencia y que contiene las funciones públicas comunes (secretarías de los distintos tribunales, biblioteca, cafetería, etc.), junto al bloque compuesto por los diferentes edificios del tribunal que de él se derivan.

Bajo nuestro punto de vista, la transparencia como hilo argumental en todo el proyecto es esencial. Tanto en lo que se refiere al propio complejo, como al proceso de selección de los responsables de su concepción y ejecución. En el diseño, fachadas transparentes, espacios públicos visibles y vías de circulación claras que ayuden a desmitificar y modernizar los procesos judiciales pueden fomentar la confianza pública y la comprensión del sistema judicial, habida cuenta de que los tribunales deben reflejar los principios de apertura, responsabilidad e imparcialidad a través de su arquitectura.

En cuanto al proceso de selección, sin duda, los concursos de arquitectura nacionales o internacionales supervisados por prestigiosos jurados profesionales ofrecen una plataforma óptima para ideas innovadoras y garantizan que el diseño final refleje las diversas necesidades y aspiraciones de la comunidad. Al implicar a los arquitectos, las partes interesadas y el público en un proceso de diseño colaborativo, los concursos promueven la excelencia, la transparencia y la responsabilidad en la arquitectura, en este caso de un elemento tan crucial para Madrid y en nuestra sociedad como son los tribunales, que deben encarnar los principios de accesibilidad, transparencia e igualdad ante la ley.

Esperemos que el nuevo proceso de licitación propuesto por la Comunidad de Madrid valore que las empresas licitantes propongan en sus ofertas trabajar con equipos de arquitectos de primer nivel nacional e internacional con experiencia en edificios similares, de tan profundo calado público, importantes para las generaciones actuales y venideras.

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