El Colegio oficial de arquitectos de Madrid (COAM) considera que los criterios de adjudicación del proyecto de la Ciudad de la Justicia que patrocina el gobierno de Isabel Díaz Ayuso vulneran la ley de contratos del sector público y la ley de calidad de la arquitectura, aprobada en junio por el Senado, y por eso ha registrado un recurso especial ante el Tribunal administrativo de contratación pública, al que accedió EL PAÍS.

El conflicto, que este órgano debe resolver antes de mediados de septiembre, pone de nuevo bajo los focos uno de los planes más polémicos del actual ejecutivo del PP. La adjudicataria aportará 500 millones para la construcción del complejo, que reunirá todos los órganos judiciales de la región. A cambio, lo explotará durante 36 años, en los que ingresará un canon anual de dinero público (superando los 2.100 millones en total) al que se sumarán otros ingresos por alquileres o cobro de aparcamiento (268 millones). La Comunidad calcula que los ingresos de la empresa elegida pueden llegar a superar los 2.800 millones, porque lo previsible es que haya modificaciones del acuerdo durante las cuatro décadas que estará vigente.

“La ley aprobada en junio establece que la calidad de la arquitectura es un bien de interés general que debe estar presente en cualquier concurso que convoque la Administración. Y lo que estamos viendo es que la Administración está siguiendo criterios previos”, defiende Pablo Olalquiaga, que es doctor arquitecto y vicedecano de COAM. “Los criterios de adjudicación de este concurso, con sus baremos, en ningún momento mencionan la calidad de la arquitectura, ni se le atribuye una puntuación”, añade este representante de los profesionales, que también reclaman un concurso público abierto de anteproyectos para la redacción del Proyecto Básico, de Ejecución y Dirección de Obra de cada edificio, previo a la licitación de las obras en sí.

“Defendemos que la única manera de garantizar la calidad es la convocatoria del concurso independientemente, con un concurso de ideas puro y duro, que defina la arquitectura, y otro de obras”, sigue Olalquiaga. “Un edificio en el que se imparte justicia es sensible en cuanto a la calidad de la arquitectura, como un hospital, donde la gente sufre y padece. No se puede frivolizar y no tener eso en cuenta”, añade. Y lamenta: “Además, y aunque no es objeto del recurso, la Administración [regional] renuncia al tiempo y los recursos públicos invertidos en el pasado, porque da marcha atrás y no cuenta con todo lo hecho hasta ahora”.

Es un recordatorio de que el proyecto de la Ciudad de la Justicia lleva 20 años en el ojo del huracán. Durante un tiempo, fue el ojito derecho del gobierno Esperanza Aguirre, que avanzó en licitaciones, gastos y proyectos. Su sucesor en el poder, Ignacio González, aterrizó el plan: 30 años de concesión, con un coste de 1.752,5 millones de euros (1.448,4 millones más 304,1 millones por IVA). Al llegar al poder, Cristina Cifuentes lo frenó todo y llevó el asunto a la fiscalía. En medio, un torrente de gastos que ha acabado en los tribunales.

Así, cuando la Cámara de Cuentas investigó los balances de la empresa pública Campus de la Justicia entre 2005 y 2015 concluyó que las cifras no cuadraban.

Solo en gastos sin soporte contractual había 4,8 millones de euros, a lo que se añadían dispendios impropios de una compañía dependiente de la Administración pública. El proyecto fue presentado 72 veces, y llevó aparejado viajes pagados a Nueva York o Singapur. El acto de colocación de la primera piedra costó más de un millón. La gran mayoría de empleados cobraban 100.000 euros anuales. Y al final se gastaron al menos 110 millones para que el plan de unir todas las sedes judiciales de la región nunca se completara. De aquel proyecto solo quedan hoy dos cosas: el donut del Instituto de Medicina Legal y ciencias forenses, ahora en las inmediaciones del hospital enfermera Isabel Zendal; y una investigación judicial aún abierta en la que están bajo la lupa cargos de la época de Aguirre, como el exconsejero y exvicepresidente Alfredo Prada, para quien anticorrupción pidió ocho años de cárcel en enero de 2021.

De hecho, como avanzó este diario, el gobierno de Díaz Ayuso consideró inservibles todos esos trabajos previos, lo que ha convertido en un dispendio haber pagado millones de euros solo en las maquetas y los planos de algunos de los edificios, por mucho que los firmaran algunos de los arquitectos más famosos del mundo, como Norman Foster. ¿Quiere decir eso que se ha renunciado a la calidad en la obra para abaratarla?

“Siempre hemos dicho que vamos a hacer un proyecto funcional, ejecutivo, y sin grandes alharacas, pero absolutamente digno y por supuesto dentro de todos los estándares de controles de calidad acordes a la legislación vigente”, explica un portavoz gubernamental. “Ahí no se escatima ningún céntimo de euro”, subraya. Y sobre otros aspectos del recurso de COAM, precisa: “Es la Administración la que debe valorar, dentro de los diferentes modelos de contrato que permite la ley de contratos del sector público, la que mejor se adapte a los intereses. Y licitar la redacción de los proyectos básico y de ejecución junto con la dirección de obra representa un importantísimo ahorro en el tiempo”.

El PSOE pide paralizar el proceso

El objetivo es que la nueva infraestructura, que concentraría todas las sedes judiciales de la región y daría servicio a 30.000 personas al día, esté lista en 2027.

Si el tribunal da la razón a la Comunidad de Madrid, el plazo para presentar ofertas para construir y explotar la Ciudad de la Justicia concluirá el 20 de octubre. De los 100 puntos en juego para decidir el ganador, 35 se decidirán en función de la rebaja que planteen los interesados sobre los 2.800 millones que calcula la Administración que le acabará costando el proyecto. También influirá el uso de energías renovables, o los proyectos técnicos para la limpieza, vigilancia y mantenimiento de los edificios y las instalaciones, que también correrán de la cuenta del adjudicatario. La calidad de los edificios, como denuncia COAM, no influirá en nada.

Además, Juan Lobato, secretario general del PSOE en Madrid, ha reclamado este miércoles por carta a Isabel Díaz Ayuso que detenga el proceso de adjudicación, ya que no hay consenso entre los partidos sobre el modelo y apenas quedan unos meses para las elecciones autonómicas de mayo de 2023.

“Otra vez lo mismo con la Ciudad de la Justicia”, se ha quejado el líder regional de los socialistas. “Otra vez el mismo modelo que ya fracasó de Esperanza Aguirre e Ignacio González, que nos ha costado a todos los madrileños cientos de millones de euros a todos los madrileños, sin que hayamos visto nada a cambio”, ha seguido. “Y ahora otra vez, en agosto, a ocho meses de elecciones, con los sectores en contra, quieren adjudicar a 40 años un contrato de 2.800 millones de euros”, ha añadido. “Vista la falta de consenso, que [Díaz Ayuso] suspenda el proceso, nos reunamos, y si no hay un mínimo consenso, [mejor] que lo dejemos para después de las elecciones”.

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