La comunidad musulmana de Madrid acude al Defensor del Pueblo por no tener cementerios donde enterrar a sus muertos

La comunidad musulmana de Madrid ha dicho basta y este martes han presentado una queja formal ante del Defensor del Pueblo. Debido a, según ellos, la sensación de inacción por parte de las Administraciones y la Comisión Islámica de España, que es la encargada de representar a los musulmanes en el país. 500 personas han firmado el documento que solicita al órgano que agilice el proceso de cesión y acondicionamiento del Cementerio de Carabanchel para poder enterrar a sus muertos con el rito musulmán. Varios miembros de la Plataforma Por Un Entierro Digno y otros representantes de comunidades islámicas más pequeñas se han dado cita en la calle de Zurbano, número 42, a las 9.30 de la mañana. “Es un órgano que representa a los ciudadanos y nosotros lo somos, por lo que tenemos derecho a utilizar esta vía y de tener un lugar donde ser enterrado dignamente”, asevera Sara Elasri Soto, miembro de la Plataforma y una de las afectadas por la colmatación del cementerio de Griñón, el único camposanto apto para esta religión que se encuentra a las afueras de la ciudad de Madrid.

En julio de 2022 se aprobó la proposición presentada por el Grupo Municipal socialista en el Pleno del Ayuntamiento para la cesión de parcelas para un espacio de enterramiento musulmán. Sin embargo, casi un año después no ha habido avances. “El cementerio es un terreno que ya está cedido y solo queda que lo acondicionen. La potestad administrativa la tienen el Ayuntamiento y los Servicios Funerarios Municipales y no vemos que haya avances. Es algo que está totalmente estancado”, se queja Elasri a las puertas de las oficinas del Defensor del Pueblo.

Este hecho no se trata de algo nuevo, ni siquiera es una cuestión del año pasado, explica Maysoun Douas, concejala en funciones por Más Madrid, ya que “en 2006 hubo un avance de convenio entre el Ayuntamiento de Alberto Ruiz-Gallardón y la comunidad islámica de Madrid”. El proyecto ya estaba dimensionado y “sabían cuál era el protocolo para atender a los musulmanes. Sin embargo, en algún momento se decidió no seguir con ese convenio. Aun así, el Consistorio tiene la información necesaria para acometer esta adecuación”.

Los asistentes se muestran esperanzados con el posible resultado de acudir al Defensor del Pueblo. Gualm Akbarov vive en Madrid con su familia desde hace años, pero es de Azerbaiyán. Es una de las caras visibles de los 309.469 musulmanes que viven en la región y ha decidido acudir este martes con la intención de lograr “el derecho básico de entierro en un lugar adecuado para la población musulmana”. El habla de la impotencia y frustración acumulada, ya que no es fácil sentir que tanto la sociedad como las administraciones les tratan como ciudadanos de segunda. Además, apela a todos aquellos que practican el islam, pero que no son de otros países, sino que son conversos o simplemente han nacido aquí. “¿A dónde van ellos? Ellos no tienen otro lugar al que ir”. Y añade que también hay que tener en cuenta a aquellos que provienen de países lejanos o en guerra. “Si ya es difícil repatriar un cuerpo a Marruecos, que está relativamente cerca de España, imagina lo que supone a nivel emocional y económico trasladar a alguien hasta Pakistán, Siria o a mi país”, comenta.

La lucha de la comunidad musulmana ha tomado mayor fuerza desde que en diciembre del año pasado el cementerio de Griñón anunciase que no quedaba casi espacio para los entierros. En febrero cerraron oficialmente sus puertas y, durante el mes de mayo, se llegó a un acuerdo entre la Comisión Islámica de España y el Ayuntamiento de Griñón para derribar la mezquita del camposanto con la intención de otorgar 130 nichos civiles al camposanto. Sin embargo, desde la plataforma se ha contabilizado unas 1.500 muertes al año de personas que profesan el Islam. “No entendemos por qué una necesidad tan vital, algo que no responde a lógicas e ideologías, ya que la muerte no espera a nadie, ha supuesto una discriminación directa a la población musulmana”, ha afirmado Douas.

En cuanto al derribo de la Mezquita de Griñón, la concejala en funciones afirma que ha pedido los expedientes para conocer cómo fue la construcción del edificio, a nombre de quién está registrada y también sobre el proyecto de ampliación que está pendiente. Esperan tener esta información a partir de la semana que viene. Por el momento, lo único que han podido averiguar es que “el Consulado de Marruecos fue quien inicialmente colaboró con la edificación y que por diversos motivos se ha visto obligado a ceder la titularidad al Ministerio de Defensa, al Ayuntamiento de la localidad e incluso a la comunidad musulmana”.

Abdelhafid El Mourabit es de Torres de la Alameda y vienen en representación de esta pequeña comunidad islámica localizada 41 kilómetros de la capital y a nueve de Alcalá de Henares. Para él es importante haber estado este martes en el Defensor del Pueblo porque es consciente de la gravedad del asunto. “Está feo decirlo así, pero no encontramos dónde enterrar a nuestros hermanos y venimos a ver si podemos defender nuestra causa y agilizar todo el proceso”, reflexiona durante los momentos antes de entregar el documento.

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