Si el arte despierta pasiones, el intento de vender en el extranjero algunas de las joyas del patrimonio español provoca un pulso entre sus propietarios y la Administración. Basta con echar la vista atrás. Es 2020, y los dueños de un cuadro de Francisco de Zurbarán se quejan de que el Estado no les dé permiso para exportar y, quizás, vender la obra. “Ya que el Ministerio no la quiere para un museo español, sus valores se apreciarían mejor en cualquier museo del mundo, en lugar de en una caja guardada, que es donde está ahora”, escriben en sus alegaciones contra la declaración de la pieza como Bien de Interés Cultural (BIC) por parte de la Comunidad de Madrid. “Eso sí, [está guardada] en España”, ironizan, según documentación a la que accedió EL PAÍS, en la que se omite que la prohibición de exportar no impide vender la obra dentro del país ni mucho menos exponerla en territorio nacional.

El caso del zurbarán resume que la protección del patrimonio está en el corazón de un choque de intereses extremadamente complejo. “Todos los problemas empiezan cuando hay dinero de por medio”, lamenta, llena de melancolía, una fuente con experiencia en la junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico del Ministerio de Cultura y Deporte. “Es ahí donde empieza el crimen”, añade, sin referirse en concreto al cuadro de Zurbarán y bajo condición de anonimato.

A un lado, la Administración: tiene un presupuesto limitado para ejercer su derecho de compra, y distingue entre las obras emblemáticas para las colecciones públicas (que adquiere) y las que lo son para el patrimonio del país (que prohíbe exportar). Del otro, los dueños: y los hay que aspiran a una reforma legal que arbitre una compensación por la prohibición de sacar las obras de España, lo que implica que solo pueden vender la pieza en el mercado nacional, mucho menos pujante que el extranjero. Y en medio: los trucos y las fintas.

“Lo que hace la gente es poner a las obras que quieren exportar un valor irreal que impide que lo compre el Estado”, explica una fuente conocedora del mercado de exportación español que también pide el anonimato. “Actúan como si su hijo, esa obra, fuera el niño más guapo del mundo, porque si no el Estado se lo queda”, añade sobre un precio que no tiene que estar argumentado con el sustento de ningún experto o perito. “La solicitud de exportación temporal con posibilidad de venta o de exportación definitiva se considera oferta de venta irrevocable a favor de la Administración, siendo el precio el valor señalado en la solicitud”, amplía. “La consecuencia es que te declaran la obra como BIC, lo que impide que pueda salir de España y que por tanto en algunos casos comience una negociación con los propietarios para que la compre [por un precio más bajo del inicial] el Estado”, añade.

El Ministerio de Cultura y Deporte invirtió 6,62 millones de euros en 2022 en la adquisición de más de 200 bienes culturales para las colecciones públicas. La parte del león se la llevaron los 400.000 euros que costaron 45 pinturas y 75 dibujos del Grupo Trama, hoy en el Museo Reina Sofía; y los 357.000 euros invertidos en comprar el archivo del cineasta Luis García Berlanga para la Filmoteca española. Y del total, 1.370.987 euros se destinaron a 39 expedientes de lo que se denomina “oferta de venta irrevocable”: el valor que recoge cualquier solicitud de exportación es considerado por ley como la cifra a la que la Administración puede comprar ese bien.

“El Estado puede considerar ajustado el precio, o no. Y en función del valor de la obra, puede denegar la exportación, o denegarla y empezar una negociación”, detalla un tercer interlocutor con experiencia en la valoración de solicitudes de exportación, que recuerda que los afectados tienen el recurso último de acudir a los tribunales, como ha ocurrido recientemente con un cuadro atribuido a Velázquez.

Así matizan la situación en la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio: “Aunque sucediera [las valoraciones infladas], la Administración puede denegar la exportación sin obligación de adquirir el bien al que no se le permite la salida”.

Pero el del precio no es el único escenario en el que se produce la lucha entre los intereses cruzados de la propiedad privada y la Administración pública.

“Los propietarios, marchantes y galeristas tienen sus trucos”, razona una tercera persona con décadas de experiencia en valoración de obras de arte. “Por ejemplo, antes presentaban las peticiones de exportación para la última reunión de la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico antes del verano, a finales de julio, cuando todo el mundo está de vacaciones, o lo están determinados especialistas, y es más fácil”, añade.

Cada año hay miles de peticiones de exportación de obras de arte, y la mayoría se conceden. Pero son las denegaciones las que han abierto un debate en el sector. Hay marchantes, por ejemplo, que reclaman una compensación para los propietarios a los que el Estado impide vender sus obras en el extranjero, sin a cambio adquirirlas para las colecciones públicas. Es el caso de Jorge Coll, de Colnaghi, un transatlántico de la compraventa de arte que en 2021 dijo lo siguiente: “Hay que garantizar una compensación al propietario al que se le prohíbe exportar la obra y el Estado rehúsa adquirirla por tanteo”.

Quejas de los propietarios

Esa venía a ser sustancialmente la queja de los propietarios del zurbarán. En septiembre de 2018, Cultura denegó la petición de exportación de la Santa Faz del maestro del Siglo de Oro “por ser una pieza de singular importancia para el Patrimonio español”. Seis meses después, en marzo de 2019, el Estado comunicó a los solicitantes “que no procede ejercitar el derecho de adquisición preferente”. Y en 2020, a instancias de Cultura, el cuadro fue declarado BIC. La concatenación de decisiones cayó como un jarro de agua fría en los cuatro propietarios. En consecuencia, su escrito de alegaciones se convirtió en un escrito de educada protesta.

“El Ministerio de Cultura ha manifestado que no procedía ejercitar el derecho de adquisición preferente que le correspondía al haber solicitado el permiso de exportación”, recuerdan los solicitantes. “Esto es, se limita el derecho del propietario mediante la declaración como BIC, por ser de interés para las colecciones públicas españolas, pero no se adquiere la obra para dichas colecciones públicas, lo cual realmente causa un prejuicio grave al propietario, ningún beneficio al colectivo de la población, al no poder ver la obra expuesta en alguna colección pública, y resulta realmente incongruente”, añaden. “Nos sentimos indefensos frente a la limitación de derechos que se nos impone”.

Sin embargo, quienes asesoran a Cultura en sus decisiones lo ven de otra manera: “Por encima de los intereses particulares están los de la defensa del patrimonio”.

O como dijeron en el Ministerio: “[Ese tipo de compensación] No es un supuesto contemplado por la ley. En caso de que el solicitante de la exportación no estuviera de acuerdo con la denegación o con que no se realice la adquisición por oferta de venta irrevocable, tiene a su disposición los recursos que la ley de procedimiento administrativo prevé para recurrir ambas resoluciones”.