La batalla del mercado del arte: galeristas y anticuarios contra Cultura

“La salida de arte de España es un coladero”. Nueve palabras. Una frase ronca pronunciada por un anticuario del centro de Madrid, en su casa, con décadas en el negocio, que pide el anonimato. “No sé qué pasa con los demás, pero he visto exportaciones que no se deberían haber aceptado. He preguntado y la contestación ha sido: ‘¡No podemos pararlo todo!”. Si entresacamos los números que publica el Anuario de Estadísticas Culturales de 2020, del Ministerio de Cultura y Deporte, narran que las importaciones de artes plásticas en 2019 (último año disponible) fueron de 130,1 millones de euros y las exportaciones alcanzaron los 128,3 millones. Un ligero aumento del 1,5% de las llegadas. Las salidas correspondieron, sobre todo, a pintura (49,5 millones) y esculturas (49). Estos datos, anteriores a la pandemia, pueden confundir.

Imperativo explicar el párrafo anterior. La última voz es la de Manuela Mena, hoy jubilada como conservadora del Museo del Prado, la máxima autoridad mundial en Goya y miembro durante años de la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico, organismo dependiente (actualmente) del Ministerio de Cultura y Deporte, el cual decide qué obras pueden abandonar España. Quien la conoce recuerda su frase: “Nunca he dejado salir del país un goya, porque no existe un goya malo”. Pese a las presiones, incluidas amenazas físicas, Manuela tiene una aucto­ritas pétrea en el genio. Forjada en madera de boj. “Cuando estaba en el Prado y se trataba de atribuir, o no, una obra a Goya, siempre he pedido su presencia para estudiarla. ¡Aunque se puede imaginar que a veces no hacía falta!”, exclama.

El maestro es uno de los pintores más falsificados o mal atribuidos de España. Hubo una época en la que “todos” los anticuarios y algunos particulares parecían tener un goya en la galería o en casa. Años de un barniz oscuro. “Estuve en la Junta de Calificación mucho tiempo, y en tiempos difíciles”, admite Mena desde Londres, donde reside estos largos meses de pandemia. “Estaba también Alfonso Pérez Sánchez [director del Prado entre 1983 y 1991, quien falleció en 2010] y otra gente muy seria. Veíamos físicamente todas las piezas [que pedían permiso de exportación]. Nos pusimos muy firmes. Por ejemplo, con la calidad de las fotos, que era infame, porque siempre tratan de disimular”.

Este es el marco. El territorio. Manda el interés del dinero. Pero a pesar de la tensión, parece que se llega tarde. “Nosotros compramos casi todo fuera. España ha sido vaciada desde hace muchos años [es uno de los países más expoliados de Europa, junto con Italia] y queda muy poco arte antiguo de calidad”, se lamenta Nicolás Cortés, responsable de la galería que lleva su nombre en Madrid. El año pasado, acorde con el Ministerio de Cultura, se pidió la exportación de 19.247 obras y solo se denegaron 113. O sea, un 0,59%. “El porcentaje parece bajo aunque habría que compararlo con el de años anteriores, pero puede explicarse porque actualmente los propietarios, mejor asesorados cada vez, saben la linde entre lo que Cultura puede aceptar o no, y eso a pesar de la falta de publicidad oficial sobre los criterios que aplica la Junta”, subraya Rafael Sánchez Aristi, consultor de derecho del arte del bufete Uría Menéndez.

Las obligaciones son sencillas. Deben pedir permiso los bienes calificados de interés cultural (BIC) y las piezas de más de 100 años, y a partir de los 50 necesitan también plácet, pero dependerá de su valor o si se marchan a un país fuera de la Unión Europea. Este armazón legal parte de la Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985. Tiene 36 años y Cultura la va a actualizar. Incluirá en la protección el patrimonio subacuático, el inmaterial, el industrial y se equipará la legislación. “El Estado propone un nivel mínimo de protección del bien y las comunidades autónomas podrán elevarlo, pero nunca podrá ser inferior”, narra por teléfono Javier García Fernández, secretario general de Cultura. Y advierte: “En materia de exportación no cambiaremos nada. Hay quien querría que no existiera la normativa, pero por ahí no vamos a pasar”. Un recado a lo que denomina el “lobby de los anticuarios”.

Obras eclesiásticas

Sin embargo, resulta necesario afinar, reclaman los asesores. “Las trampas vienen de la dispersión normativa; cuanta más regulación exista, mayor seguridad habrá”, sostiene Laura Gaona, abogada experta en arte y patrimonio cultural. “Y urge regular e inventariar el patrimonio eclesiástico. Ahora existe confusión y opacidad. Desde hace décadas está pendiente su catalogación”. El representante de Cultura coincide.

Porque la historia ha fracturado a Europa en dos. Los países con colecciones históricas, saqueados o con una gramática de grandes artistas (España o Italia) tienen, por lo general, unas leyes más restrictivas que el resto. Inglaterra (centro del mercado del arte europeo) y Francia, imperios coloniales recientes, bañan sus pies en la orilla de otros intereses. “Cada nación ha creado una normativa acorde con sus circunstancias históricas. Por eso España o Italia son más estrictas en la salida de piezas”, subraya Sánchez Aristi.

Por el contrario, Francia, en un cambio radical, ha cortado la cinta roja de la exportación. Ha promulgado la ley más laxa en décadas. Desde enero —describe la web Artnet—, las pinturas de más de 50 años de antigüedad no necesitan licencia, a menos que estén valoradas en 300.000 euros o más. El doble que antes. Suben también las horquillas para las acuarelas, gouaches y pasteles. De 30.000 a 50.000 euros. Y las esculturas y la estatuaria pasan de 50.000 a 100.000. El arte tribal se mantiene. Porque el presidente francés, Emmanuel Macron, se ha comprometido a devolver parte del patrimonio colonial expoliado, sobre todo en África, y no se entendería entorpecer lo que se quiere restañar.

En España, el retoque de la ley deja las cosas como estaban. Pese a las críticas del sector. “La ley es muy severa con las exportaciones y generosa, en cambio, con las importaciones declaradas. Debe ser actualizada en dos aspectos: suprimir la tasa de exportación [para un país fuera de la Unión puede llegar al 30% si la obra supera los 600.000 euros], que solo existe en España, y garantizar una compensación al propietario al que se le prohíbe exportar la obra y el Estado rehúsa adquirirla por tanteo”, argumenta Jorge Coll, consejero delegado de Colnaghi, una de las galerías históricas del mundo, que ha vendido obras de Miguel Ángel, Rafael o Botticelli. No será así.

Al fondo, como uno de esos cielos azules que pintara Patinir, una reclamación desde hace tiempo: que la Junta de Calificación haga públicas sus actas o, al menos, las directrices generales por las que se guían sus decisiones. Es decir, que se sepa la razón para rechazar la salida de la pieza o su aceptación. Ese lienzo tendrá que esperar otra mano.