El Ayuntamiento de Móstoles ayudará a los alumnos que no pueden pagar las tasas de selectividad

El Ayuntamiento de Móstoles, gobernado en coalición entre PSOE y Unidas Podemos, ha decidido hacerse cargo del pago de las tasas de Evaluación de Acceso a la Universidad (EvAU), la antigua selectividad, de los menores vulnerables que no pueden pagarlas en un instituto de su localidad. Este martes por la mañana —después de leer la noticia en este periódico sobre la colecta que unos profesores estaban realizando para pagar el examen a tres alumnos de su instituto— el Consistorio se ha puesto en contacto con varios centros para dar con el que ha dado a conocer este problema. La sorpresa ha sido que no pasa en uno solo, sino en varios, y ha decidido habilitar ayuda de emergencia social a través de Servicios Sociales. Los centros aportarán los datos de las familias de estos chicos y se pondrán en contacto con ellos directamente. Las competencias en Educación, en todo caso, pertenecen a la Comunidad de Madrid, que respondió a la petición de auxilio del centro por escrito explicando que este curso “no se incluía ningún supuesto nuevo de reducción de las tasas diferentes a los que ya existían”.

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Los supuestos a los que se refería la Administración son los que vienen recogidos en el artículo 20 del Real Decreto 83/2016, que especifica que los alumnos de familia numerosa se beneficiarán de las exenciones. También lo harán las víctimas de terrorismo, sus cónyuges e hijos y los estudiantes con discapacidad. Los que pertenecen a familias vulnerables o en exclusión social, por tanto, no tienen posibilidad de beneficiarse de ninguna beca o rebaja, ya que no se consideran tasas académicas, que son las que cubren las becas, sino administrativas.

Noelia Posse, alcaldesa de Móstoles, se ha comprometido a que su gobierno asuma el coste de las tasas “aunque esta competencia corresponda a la Comunidad de Madrid y al Gobierno de Díaz Ayuso” y lo harán recurriendo a ayudas de emergencia social. “Estudiaremos también la manera de crear un fondo específico para pagar tasas educativas en un futuro”, ha asegurado. Natividad Gómez, concejal de Educación del municipio del sur de Madrid, ha asegurado que, al conocer la noticia, se han intentado poner en contacto con varios centros para ofrecer su ayuda. “Nos preocupa esta situación y haremos lo posible para que ningún chico se quede sin estudiar”, ha explicado. Aun así, ha insistido en que las competencias pertenecen a la Administración regional y ellos deberían tener “más sensibilidad” con estos temas. “Llevamos toda la pandemia haciendo estas cosas”, ha dicho. Se refiere a que el Ayuntamiento donó el curso pasado 119 tablets con conexión a internet a los alumnos más desfavorecidos del municipio “para evitar la brecha digital” y contrató los servicios de la empresa Mediterránea Catering para evitar que los que disponían de la beca comedor se alimentaran de los menús polémicos de Telepizza y Rodilla durante la primera ola de la pandemia.

Tras salir la noticia, al menos 50 lectores anónimos han escrito un correo a este periódico ofreciéndose para ayudar económicamente a estos menores. El instituto, que pidió el anonimato para evitar estigmatizar a los alumnos, duda sobre cómo canalizar esa ayuda porque al ser “un centro público no podemos recibir donaciones”. CC OO, por su parte, estudiará cómo recoger toda la ayuda de los particulares porque, según ha insistido Isabel Galvín, esto “es la punta del iceberg”, no es un hecho aislado y está pasando “en muchos institutos de la región”.

Un portavoz de la Consejería de Educación ha defendido que estas tasas existen en todas las comunidades autónomas y que son unas cantidades que cobran las universidades. “Se trata de compensar los costes que asumen las universidades públicas en la realización de esta prueba de acceso”, ha dicho. La Comunidad de Madrid, ha insistido el portavoz, contribuye anualmente en la financiación de las universidades -estudios universitarios que pertenecen a la etapa de enseñanza no obligatoria- con alrededor de 1.000 millones de euros que destina a través de la Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación. Sin embargo, no contempla ninguna ayuda para estas familias.

Esteban Álvarez, presidente de la asociación de institutos de Madrid (Adimad) asegura que este problema no es nuevo, aunque este curso de pandemia se está incrementando de una manera “incalculable” por el momento y ninguna institución pública hace nada para impedirlo. CC OO asegura que de los 50.000 alumnos que estudian segundo de bachillerato en la región madrileña, al menos 7.500 están en riesgo de exclusión social. Los chicos, que deben pasar ese examen para tener acceso a la universidad, dependen en el caso del instituto de Móstoles, de una colecta de sus profesores. Si no, se pondrán a trabajar.

En otros centros, la asociación de padres de los alumnos (Ampa) intenta atajar normalmente esta problemática por su cuenta, aunque en este caso concreto esa vía no es factible debido a que la asociación está prácticamente inactiva y, por tanto, no tiene recursos.

Todos los estudiantes que terminan bachillerato deben abonar 51,49 euros para conseguir el título que acredita que han superado sus estudios y, si quieren optar a la universidad, deben pagar unas tasas de 90 euros para presentarse al examen general o de al menos 112 euros si optan por el específico; es decir, el que permite añadir asignaturas optativas para subir la nota. Como se suelen matricular de una media de dos o tres materias voluntarias, el pago medio en el examen ronda los 120 euros por alumno. Por tanto, cada uno desembolsa de golpe unos 170 euros.