Dimiten las responsables de atención primaria y hospitales del Ejecutivo de Díaz Ayuso

Marta Sánchez-Celaya deja su cargo como gerente de atención primaria en Madrid. Este martes, según informa el Gobierno de Madrid, “ni ha dimitido ni ha sido cesada. Es una salida a petición propia, después de haber estado cinco años en el cargo”. Poco después de que se hiciera pública su marcha, envió una carta a los profesionales de su área: “Después de cinco años como gerente asistencial de atención primaria, y tras una reflexión que no ha sido fácil, tomo la decisión de dejar la gerencia”.

Sánchez-Celaya se va al mismo tiempo que Bárbara Fernández, la responsable de hospitales, en medio de una crisis sanitaria que acumula más de una docena de salidas en el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, más de la mitad en el ámbito sanitario. Serán sustituidas por Sonia Martínez Machuca, directora asistencial de la zona este de primaria desde 2018, y por Antoni Juan Pastor, un especialista en medicina interna que llega desde la Dirección Asistencial del Instituto Catalán de Salud. Y entra a cubrir la vacante que había en la dirección de Planificación Estratégica Daniel Álvarez Cabo, exportavoz de sanidad por Ciudadanos en la Asamblea de Madrid.

Tres cambios profundos en el Sistema Madrileño de Salud que han llegado poco después que Juan Armengol, el nuevo viceconsejero de Asistencia Sanitaria desde el 7 de octubre, en relevo de Ana Dávila-Ponce. Un reconocido profesional sanitario en su ámbito, doctor en Medicina, especialista en urgencias y profesor asociado en la Universidad Complutense que era en el momento de aceptar el cargo el jefe de urgencias del Hospital Clínico San Carlos de Madrid y sigue siendo presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (Semes). Fuentes del ámbito sanitario aseguran que esto “mejora mucho” las gerencias de la Sanidad madrileña. La única que queda intacta es la del Servicio de Urgencias Médicas de Madrid, SUMMA-112, a cargo de Pablo Busca Ostaolaza.

Desde mayo, nueve responsables han abandonado el Gobierno regional por cuestiones relacionadas con la gestión de la pandemia. Yolanda Fuentes, la entonces directora general de salud pública, fue la primera, el 8 de mayo y en pleno desconfinamiento. Lo hizo por el desacuerdo con el Gobierno madrileño en solicitar que la región entrara en la fase 1 de la desescalada en contra de su criterio, que era el de la máxima responsable de la situación epidemiológica de la comunidad. La de Fuentes y la salida el 2 de octubre del consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero (Ciudadanos), han sido las más representativas de las luchas, tanto interna como con el Ministerio de Sanidad, que mantiene el Gobierno regional desde el comienzo de la pandemia.

Otras despedidas que también han dado cuenta de esas tensiones fueron la de Carlos Mur de Viú, director de coordinación sociosanitaria, destituido el 12 de mayo; la del gerente de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS), Óscar Álvarez, que dejó su cargo como máximo responsable de las residencias públicas madrileñas y del resto de los centros sociosanitariosa a finales de este junio por motivos de salud, y cuyo puesto estuvo vacante hasta finales de agosto. También la de Manuel Ángel de la Puente, que el 11 de septiembre dimitió como director general del Proceso Integrado de Salud del Sermas; la del portavoz del Grupo Covid-19 Emilio Bouza, que se marchó el 26 de septiembre tras apenas 48 horas en el cargo; y la de Ana Dávila-Ponce, que fue relevada en su cargo como viceconsejera de Asistencia Sanitaria el 7 de octubre.

La salida ahora de Fernández —que llevaba varios meses “desaparecida de su cargo”, apunta el portavoz de Sanidad en la Asamblea por el PSOE, José Manuel Freire—, y la dimisión de Sánchez-Celaya, médica de familia, no pilla por sorpresa. Este periódico ha intentando contactar con ellas sin éxito, pero esta última envió una carta el pasado 29 de septiembre a los profesionales que tenía bajo su dirección —una carta a la que hace alusión en los tres párrafos de despedida dedicados hoy a su plantilla—, que lleva exigiendo recursos materiales y humanos desde el principio de la pandemia para hacer frente al virus y de forma más intensa con la desescalada, en la que debían ser el muro de contención, junto a salud pública, para evitar una previsible segunda ola de covid.

En aquel texto la ya exgerente aseguraba que ella compartía esas exigencias. Y que las había trasladado en la cadena de mando: “Se ha expresado y defendido a ultranza la necesidad de tener una atención primaria fuerte, sólida, con la dotación económica, estructural y organizativa suficiente, capaz de resolver la mayoría de las necesidades de salud de la población, de orientar aquellas que no se pueden resolver, de apoyar junto con los servicios sociales el bienestar de los ciudadanos en su entorno y de fidelizar a los profesionales de todas las categorías formados en nuestros centros de salud, los garantes de todo lo anterior”.

La realidad y los datos actuales de la situación de la primaria, que apenas ha visto incrementado en un centenar el número de trabajadores desde principios de este año, chocan de frente con las necesidades de los profesionales del Sermas y, según sus propias palabras, con los deseos de Sánchez-Celaya de poder cumplirlas, conocedora también de los recortes a los que se ha visto sometido ese primer escalón de la sanidad pública desde hace años.

“Desde que hace cinco años acepté la gerencia de atención primaria mi objetivo ha sido siempre contribuir, desde el conocimiento y la experiencia previa, seguir recuperando el impulso perdido en los años previos, conseguir los recursos materiales y humanos adecuados...y, sobre todo, posibilitar que todos y cada uno de los profesionales puedan realizar su tarea con unas condiciones laborales adecuadas”, escribió en la misiva.

También aludía a que “sabía que sería una tarea con obstáculos y dificultades, condicionada por una estructura y una capacidad de toma de decisiones limitada en el marco presupuestario que es necesario conocer y tener en cuenta para plantear soluciones factibles”. Una cuestión económica que ha supuesto uno de los muchos choques intestinos del Gobierno regional. En este caso, entre la Consejería de Hacienda, con Javier Fernández-Lasquetty a la cabeza, y la de Sanidad, que dirige Enrique Ruiz Escudero. En privado, y alguna vez en público, responsables de esta segunda han reconocido “la tirantez” con el que fuera el responsable de la sanidad madrileña con Esperanza Aguirre e Ignacio González. Lasquetty fue, además, el ideólogo de la privatización sanitaria en Madrid.

Ahora, años despues de que comenzaran los recortes en el Sermas, Madrid es la región que menos destina a la atención primaria, según la última estadística nacional del Ministerio de Sanidad, con datos de 2018. Del total nacional —9.176 millones de euros, lo que representa el 13,9% del gasto del sector con un incremento de un 7,2% respecto a 2017—, la autonomía destinó el 11,5% frente al 17,4% de Andalucía, en el otro extremo. Una situación que la comunidad viene arrastrando desde hace más de una década y que la colocaba, y la coloca, en una posición difícil para hacer frente a la pandemia: infraestructuras envejecidas, recursos materiales a veces insuficientes y un equipo de especialistas exhaustos.

En aquel texto, la exgerente también hacía alusión a ser “consciente” de lo que se había conseguido y lo que no y hacía referencia al Plan de Mejora Integral en Atención Primaria que anunció Isabel Díaz Ayuso el 14 de septiembre: 80 millones de euros en tres años. Y resumía así: “Atención primaria está gestionando el núcleo de la pandemia en unas condiciones muy difíciles... Todos los ámbitos asistenciales mejoran el estado de salud de la población, pero solo las actuaciones de la atención primaria tienen repercusión a medio y largo plazo en dicha población”.

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