Tambores de paz entre Educación, Google y Microsoft

A las 15.24 horas del pasado viernes Esteban Álvarez, director del instituto Sierra de Guadarrama, recibió un correo de la Consejería de Educación que le informaba de que todos sus profesores y alumnos pasarían en breve a tener una cuenta de Microsoft. Sin opción a elegir. De esa manera comenzó el último capítulo de la guerra que mantienen abierta los centros educativos con la Comunidad de Madrid para que les dejen utilizar la plataforma gratuita que consideren oportuno para impartir sus clases semipresenciales. Álvarez -y la mayoría de sus colegas de otros institutos-, prefiere utilizar Google “por sus herramientas educativas” y porque lleva trabajando con ella tres años. Pero en tres semanas los directores han visto cómo les prohibían utilizarla sin autorización previa, cómo se acusaba al gigante tecnológico de incumplir la protección de datos, cómo uno de sus directivos se incendiaba en redes sociales y cómo su gran competidor se imponía sin mediar palabra. Ahora, cinco días después de aquel correo donde Microsoft salía victorioso, suenan tambores de paz. Google compartirá también el mercado educativo madrileño. Ya solo falta sellar el acuerdo.

“Me gusta el refrán que dice ‘se puede llevar el caballo al río, pero no se le puede forzar a beber’. Yo creo que eso resume nuestra postura”, resumía el martes Marc Sanz, el Responsable de educación para Sur de Europa, Oriente Medio y África, a través de una videollamada. El gigante estadounidense salía entonces a defender sus productos con un tono mucho más rebajado al de los últimos días. Más pausado. Menos beligerante. En cuestión de horas se habían acercado las posturas con la Comunidad madrileña y quería mantener el son de paz. “Lo último que hemos escuchado, muy, muy reciente, es que hay un borrador de convenio, fantásticas noticias, y esperamos poder anunciar algo pronto”, terció Sanz.

Unos días antes anterior todo parecía saltar por los aires. El día en que la Comunidad de Madrid había instado a los directores a utilizar Microsoft. Entonces, la guerra abierta con Madrid había saltado a donde se libran las batallas más cruentas: a las redes sociales. Nada de medias tintas. Sanz lo dejó claro a través de dos tuits.

En el primero enlazaba una noticia de El Economista en la que se anunciaba un acuerdo de la compañía con Canarias para que los centros educativos utilizaran de forma gratuita G Suite for Education corporativo, es decir, su propio paquete de herramientas de Google. “Hay algunos que sí pueden… ¿Qué contestáis @educamadrid @ComunidadMadrid ? No hay ninguna razón para no apoyar a los centros públicos de CAM con las herramientas que os piden. Aquí estamos para lo que queráis”, escribió Sanz. Sin opción a respuesta, Sanz volvió a tuitear tres minutos después con unos pantallazos donde la propia plataforma de la Comunidad de Madrid admitía errores. “Cuando unas herramientas no funcionan pero se fuerzan al estilo foie con las ocas... Autonomía de centro por favor, dejen de hacer el ridículo. @ComunidadMadrid @educamadrid”, escribió.

Mientras Google no entendía por qué comunidades como Canarias, Andalucía, Navarra, Cataluña o Extremadura no habían puesto en entredicho sus herramientas educativas, ofrecidas de manera gratuita en un momento donde la enseñanza online ha pasado de pantalla, Microsoft ganaba terreno en Madrid. Ya en marzo, el consejero de Educación, Enrique Ossorio, anunció que los centros educativos podían utilizar la plataforma de la administración y la de Bill Gates, con la que había llegado a un acuerdo. Los directores, sin embargo, reclamaron autonomía para trabajar con la que les resultara más cómoda.

Álvarez, presidente también de la asociación de directores de institutos públicos madrileños, avisó de que EducaMadrid se colapsaba -"no está preparada para lo que implica una pandemia"- y aseguró que la mayoría de sus colegas utilizaban Google porque “gracias a que tiene el canal Youtube, las videollamadas y los documentos compartidos se consiguió terminar el trimestre decentemente”. Eran una mayoría, dice, pero lo cierto es que la fuga de EducaMadrid fue generalizada debido a sus carencias y algunos compañeros también optaron por Microsoft y Apple.

Con el nuevo curso, la guerra se recrudeció, lejos del ideario de la libre elección que ha abanderado el Gobierno regional. A finales de septiembre, la Consejería de Educación prohibió el uso de plataformas gratuitas sin su consentimiento “dado que existen en el mercado un gran número de plataformas y aplicaciones que en muchas ocasiones incumplen la Ley de Protección de datos”. ¿Estaba apuntando directamente a Google?

Educación respondió entonces que había un problema: en un escrito, el director general de secundaria y FP afirmaba que un centro de la capital española, que había recibido la queja de un padre por una posible vulneración de protección datos, estaba “incumpliendo la normativa” porque “no estaba legitimado para suscribir un contrato de encargo de tratamiento en su propio nombre con el prestador del servicio” y estaba “suscribiendo un contrato de adhesión” que no había sido supervisado por la consejería. Recordó, entonces, que “de acuerdo con la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE del 16 de julio, los centros deben abstenerse de utilizar cualquier aplicación o plataforma cuyo prestador del servicio tenga su sede social en EE UU hasta que se garantice el nivel de protección adecuado”.

Microsoft, por tanto, quedaba supeditado. “Los docentes deben emplear estas herramientas de manera que no incorporen datos sensibles de los alumnos, como las calificaciones”, explica la Consejería de Educación. “El uso de la plataforma puesta a disposición por Microsoft se va a centrar en potenciar la competencia digital de los alumnos y en establecer acciones formativas y de enseñanza a distancia”.

Los responsables de Google salieron a defenderse. ¿Por qué ellos no estaban sujetos a las mismas normas? “G Suite, en todas sus versiones, cuenta con la certificación de cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad en su Nivel Alto, no bajo, sino el más alto de todos”, recordó Sanz el martes. En cuanto a la sentencia, según aclara la propia Agencia Española de Protección de Datos, el tribunal avaló el uso de las cláusulas contractuales tipo, que Google usa desde 2012, lo que a su juicio le permite seguir operando en la UE.

El tira y afloja se ha intensificado en los últimos días bajo la sospecha de un contrato millonario con Microsoft. La administración, sin embargo, lo niega. “Ha cedido de manera gratuita su espacio y la Consejería ha aceptado y regula el servicio”, explica el Gobierno regional.

Con dinero o sin él, el pastel está a punto de repartirse. “Desde la Consejería de Educación y Juventud se está trabajando para poder firmar convenios con otras plataformas, entre ellas Google”, admite la administración.

El tono se ha rebajado. Los tuits, de hace unos días, pertenecen ya al pasado.

“Me parece muy bien que lleguen a un acuerdo por fin”, respira Álvarez. Lo único, añade, es que estaría bien que los centros recibieran ya los 70.000 ordenadores y las 6.000 cámaras prometidas. “Amén de que arreglen un problema clave para poder utilizar cualquier plataforma online, el de los centros que no tienen conexión a Internet o proyectores en sus aulas. En Vallecas hay varios”.

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