Millones de datos de alumnos y profesores están expuestos por la educación ‘online’

El inicio del confinamiento produjo una avalancha de datos nunca vista en la Red. De un día para otro, millones de alumnos y profesores abrieron nuevos perfiles en las plataformas digitales para asistir a clase por videoconferencia, descargar apuntes, mandar tareas o intercambiar consejos. La prioridad para los 17 Gobiernos autónomos era replicar a toda prisa el aula en los ordenadores, lo de menos, la seguridad de esta ingente cantidad de datos. El docente decidía cómo trabajar y con qué sistema en línea de enseñanza, según su pericia con las nuevas tecnologías.

Ante el aluvión de nuevos usuarios, las plataformas digitales se saturaron y solo ahora —mes y medio desde el inicio del confinamiento— recuperan poco a poco y sin colgarse la capacidad para responder a la demanda disparada de 8,2 millones de estudiantes. También en muchas universidades, cuyos 1,5 millones de alumnos multiplicaron las quejas pese a contar con sistemas más potentes. Sin tiempo para improvisar alternativas tecnológicas, la solución de muchos Ejecutivos fue apostar por los paquetes educativos gratuitos de grandes compañías como Google y Microsoft.

Sin embargo, los expertos recelan de la seguridad de los registros. “Google sabe qué alumno ha ido a clase y podría saber qué alumno da más problemas de puntualidad al ser contratado en una empresa. Lo peligroso es la interpretación de los datos”, ilustra Javier Valls, profesor de Derecho Penal y Criminología en la Universidad de Granada. Mientras, Alemania, Suiza y Noruega han regulado e investigan el almacenamiento de datos de menores en la nube. Los gigantes tecnológicos aseguran que no trafican con los datos o que lo hacen de manera anonimizada.

La Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Andalucía, Madrid, Cataluña o Castilla-La Mancha han desarrollado plataformas propias con desigual autonomía y seguridad, pero combinadas con acuerdos con Google, Microsoft y Cisco, para que sus docentes utilicen también ciertas herramientas como las aulas virtuales. El resto de regiones se apoya en exclusiva en las tecnológicas. El confinamiento ha espoleado a comunidades como Navarra, que generará ahora su propia plataforma, y esta semana la Generalitat catalana ha cerrado un acuerdo para optimizar sus herramientas con el proyecto activista Xnet, que acogió las quejas de padres y madres de alumnos movilizados contra el uso de datos de niños por parte de Google. “Los menores de edad utilizan sin espíritu crítico estas plataformas de empresas dedicadas a la explotación de datos. Nos preocupa que las Administraciones no den alternativas a estas herramientas que técnicamente funcionan súper bien”, lamenta Cecilia Bayo, madre de un alumno de una escuela pública en Barcelona. La responsable de Xnet, Simona Levi, resume: “Con 80.000 euros y seis meses de trabajo se consigue una alternativa eficiente, con una suite alternativa que bajo la ética de los algoritmos incluya todos los paquetes, servidores soberanos y no nubes”.

La gran ventaja de los productos de los gigantes tecnológicos es su calidad, facilidad de uso y versatilidad. Juan Manuel Ruiz dirige el instituto público Cartima en Estación de Cártama (Málaga) y hace seis años que sus 350 alumnos usan tabletas en vez de libros de texto. “Google Suite nos aporta herramientas útiles, una gran facilidad de manejo para los adolescentes y garantías mínimas. No nos gusta la idea de que los datos estén en manos de una empresa privada. Queremos repensarlo, pero no es fácil”, admite. Emmanuel Gálvez, de 15 años, estudia cuarto de ESO en dicho instituto y también ensalza la plataforma, en la que pasa unas cuatro horas al día. “Es muy intuitiva al ser para niños y muy fácil de trabajar. Recibimos y mandamos tareas, redactamos textos y tenemos clases por videoconferencia”, explica.

Tanto Google como Microsoft aseguran que no tratan las reseñas personales y que cumplen con el Reglamento de Protección de Datos. ¿Qué beneficio obtiene Google con su plataforma educativa Suite? “Al ser gratuita no tenemos un retorno directo”, responde Gonzalo Romero, responsable de educación del dicha empresa en España. ¿Para qué conserva los datos la compañía? “No tengo esa información, pero estamos en el esquema nacional de seguridad con categoría alta. Los centros tienen el control absoluto de los datos y pueden borrar cuentas de los estudiantes sin que quede rastro de sus datos”, añade.

Microsoft asegura que mantiene esa misma línea altruista con su producto para centros educativos Office 365: “No ganamos nada, no buscamos un beneficio económico, sino disminuir la brecha digital. Cumplimos el Reglamento de Protección de Datos y no hacemos tratamiento con los datos, no es nuestro negocio”, afirma Belén Gancedo, directora de Educación de Microsoft en España. La compañía está presente en una decena de regiones, mientras que Google Suite da soporte a siete comunidades, según los datos recopilados por este diario.

“El primer obstáculo para creer a Google es que su software no es de código abierto y no puede ser auditado por terceros independientes. Lo que nos piden es un acto de fe. La publicidad no es el problema central, sino los perfiles que realizan sobre cada uno de nosotros y la imposibilidad de acceder a él para saber qué datos se utilizaron, qué decisiones se tomaron y con qué organizaciones están siendo compartidos o vendidos. Por ejemplo, si mi aseguradora me sube el precio de mi prima porque su algoritmo me ve como un perfil de riesgo, nunca sabré por qué he sido discriminada. Algo parecido puede suceder cuando no nos conceden un préstamo”, destaca Manuela Battaglini, abogada especializada en ética de datos. “Si dicen que no recopilan datos, ¿sobre qué datos han hecho su auditoría de seguridad y sobre qué datos cumplen el Reglamento General de Protección de Datos?”, inquiere.

El Reglamento de Protección de Datos califica la información de los menores como entre los más sensibles y especialmente vulnerables. Los padres firman un consentimiento sobre el tratamiento de esta información, pero los expertos censuran que “nunca es libre” porque si se niegan, perjudican la formación educativa de sus hijos y entienden que las autoridades se aseguran de impedir que trafiquen con estos datos. “No es todo tecnología, también cuenta el nivel de sensibilidad de la información. A veces podemos cumplir las normas de protección de datos tirando de sentido común, no se me ocurriría mandar mediante mi correo electrónico informes de alumnos con discapacidades o dificultades familiares. Tampoco haría videoconferencias con menores en sus casas usando herramientas no oficiales. Debemos racionalizar y coordinar el uso de tanta herramienta, hay centros manejando cuatro o cinco distintas, el alumnado está desorientado", expone Aníbal de la Torre, asesor técnico en enseñanza online que estos días forma a 2.000 docentes andaluces. Alicia Piña, coordinadora de la comisión de menores de la Asociación Profesional de la Privacidad (APEP), recuerda: “El confinamiento ha puesto de manifiesto las carencias de muchos centros, sin protocolos para usar determinadas herramientas. Todavía queda mucho por hacer para proteger el derecho a la privacidad de los menores”. Las plataformas digitales educativas empiezan desde muy temprano, ya en las escuelas infantiles, antes del colegio, como ClassDojo.

Jorge García, abogado y delegado de protección de datos, critica: “Cuando estos alumnos estén ya inmersos en su ecosistema, las plataformas sabrán muchísimo de ellos. Les da igual que el alumno se llame Pedro Pérez: por el código postal o IP de conexión, el modelo y marca de dispositivo, el colegio… Dicen mucho de su nivel económico. Google afirma que no vende datos personales como tales, y es cierto, como lo es que vive de hacer que publicidad personalizada de terceros llegue a Pedro Pérez. Cosa que hará hoy, al reconocerle y seguirle fuera de la plataforma educativa, y ya sin limitaciones, mañana, desde que el Sr. Pérez alcance la mayoría de edad”.

En el extremo de la desprotección están los docentes que han creado grupos de Whatsapp y Telegram para tener un contacto directo con sus alumnos. La Agencia Española de Protección de Datos alertó en un informe de 2018 sobre las aplicaciones que recopilan datos de estudiantes a través de los móviles: “Son capaces de acceder a gran cantidad de datos de carácter personal almacenados en el propio dispositivo, tales como el número de identificación del terminal, agenda de contactos, imágenes o vídeos. Además, estas aplicaciones pueden acceder a los sensores del dispositivo, y obtener la ubicación geográfica, capturar fotos, vídeo o sonido a través de ellos”.

Las universidades llevan años apoyándose en los gigantes tecnológicos porque la calidad de su modelo es máxima y reproducirlo es inviable económicamente. Jorge Gómez, vicerrector de Tecnología y Sostenibilidad en la Universidad Complutense de Madrid, subraya: “No son las herramientas, es el respaldo computacional que tienen. Esos centros de datos no los podríamos mantener para que sean viables. Son potencias de cómputos espectaculares, no puedes pagar su coste, ni el de las comunicaciones y grabaciones”.

Investigaciones internacionales a los gigantes tecnológicos

Suiza ha sido pionera en Europa y ha cerrado acuerdos con las tres grandes, Apple, Microsoft y Google. La agencia suiza para las nuevas tecnologías y la enseñanza, Educa.ch, ha cerrado esta semana el convenio con Google para sus escuelas tras firmar el que atañe a sus universidades. “Ninguna de las tres quería aceptar que los datos estuvieran en servidores europeos y tampoco someterse a la legislación suiza si se dan fugas o un mal uso de la información, pero al final aceptaron. Google, solo tras un año de negociación”, explica Bruno Baeriswyl, comisionado para la protección de datos en el cantón de Zurich.

En paralelo, el Estado alemán de Hesse prohibió el pasado verano el uso de los paquetes educativos de los tres gigantes en sus escuelas por incumplir el Reglamento General de Protección de Datos y porque la información de los alumnos acababa en la nube europea, a la que puede acceder el Gobierno estadounidense. La autoridad para protección de datos matizó luego la prohibición bajo ciertas condiciones y ahora está pendiente de su decisión definitiva, según fuentes de su Departamento. Además, el Gobierno noruego acaba de lanzar una investigación para decidir si Google puede operar en sus escuelas y Unicef también ha iniciado sus propias pesquisas desde su cuartel general en Nueva York.

Mientras, el Estado de Nuevo México (EE UU) demandó hace dos meses a la compañía ante los tribunales por el uso supuestamente indebido de los datos de sus escolares. “Esta demanda es una tergiversación total de la información”, censura una portavoz del gigante tecnológico. El pasado otoño, el exempleado Martin Shelton relató en un reportaje los agujeros de seguridad que incluyen las diferentes versiones de Google Suite desde la ONG de Edward Snowden, Freedom of the Press Foundation. Más de 120 millones de alumnos y profesores usan Google Suite en el mundo, con un crecimiento anual del 30%.

En España, los delegados de protección de datos de cada comunidad y del Ministerio de Educación no han elevado quejas a la Agencia de Protección de Datos por fugas de información o protestas de los padres, según Julián Prieto, subdirector general del registro de dicha agencia, que tampoco ha investigado por iniciativa propia. “La normativa no se puede ver como un obstáculo para garantizar el derecho a la educación, pero tampoco el estado de alarma puede derogar la protección de datos”, opina. Los delegados de protección de datos no son responsables ante la ley por el incumplimiento de la normativa, sino los centros o los Gobiernos autónomos.

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