La crisis del coronavirus

Educación prohíbe a institutos y colegios madrileños el uso de plataformas educativas gratuitas

El Gobierno regional alega un problema de protección de datos mientras los directores advierten de que, sin ellas, no podrán impartir las clases on line a los casi 350.000 alumnos en semipresencialidad

Una alumna madrileña conectada a una plataforma escolar durante el confinamiento, en marzo.
Una alumna madrileña conectada a una plataforma escolar durante el confinamiento, en marzo.Santi Burgos / EL PAÍS

Tras el cierre de las aulas en marzo a causa de la pandemia, cientos de centros de enseñanza madrileños plantaron a EducaMadrid, la plataforma online del Gobierno regional, por sus carencias y sus fallos de conexión y se pasaron a las que ofrecen gratis los gigantes del sector, principalmente Google, pero también Microsoft y Apple. Su principal atractivo es su facilidad de uso y su variedad de herramientas, pero hay un escollo: los datos de los alumnos. Ahora, con el curso ya en marcha y cuatro niveles semipresenciales en los institutos y toda la FP, el Gobierno de Madrid las ha prohibido e insta a los centros a volver a EducaMadrid, que asegura haber mejorado, pero los directores de instituto replican que sigue teniendo carencias. “Sin las plataformas gratuitas, no podemos garantizar el derecho a la educación” de 350.000 jóvenes, advierte Esteban Álvarez, presidente de la Asociación Directores de Instituto de Madrid (Adimad), que solo pide una cosa a la administración: “Que nos dejen trabajar”.

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“Todo surgió a raíz de la queja de un padre al recibir el consentimiento informado de un instituto” de la capital para permitir que su hijo usara Google Suite, explica Álvarez, lo que obligó al centro “a consultar a la Comunidad si había algún problema”. Educación respondió que sí lo hay, y no menor: en un escrito del día 16, el director general de secundaria y FP afirma que el centro está “incumpliendo la normativa sobre protección de datos" porque “no está legitimado para suscribir un contrato de encargo de tratamiento en su propio nombre con el prestador del servicio", "está suscribiendo un contrato de adhesión que no ha sido supervisado por la consejería” y “de acuerdo con la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE del 16 de julio, los centros deben abstenerse de utilizar cualquier aplicación o plataforma cuyo prestador del servicio tenga su sede social en EE UU hasta que se garantice el nivel de protección adecuado de la transferencia internacional de datos personales”.

Tal y como se temían los directores, que se preguntan dónde están las 6.100 cámaras y los 70.000 dispositivos prometidos para la enseñanza online, esta resolución afecta “a todos los centros públicos y concertados”, a los que “se prohíbe usar cualquier plataforma que no sea EducaMadrid”, aclara un portavoz de Educación. Dicho portavoz explica que se trata "de un problema técnico y jurídico” y que la consejería “está trabajando para cerrar en breve convenios de colaboración con Microsoft, Google y Adobe para adecuar sus políticas a la normativa, pudiendo así ofrecer estas plataformas de manera complementaria a las institucionales”. Paralelamente, el Gobierno regional firmó el 14 de abril un acuerdo con el Grupo Planeta para ofrecer los recursos y herramientas digitales de aulaPlaneta a los centros públicos y concertados. “No tuvo ningún coste para la Comunidad”, asegura el portavoz.

La prohibición ha caído como una bomba entre los docentes, que llevan desde marzo usándolas y que ya habían preparado su programación con ellas para 3º y 4º de la ESO (más de 135.000 alumnos), Bachillerato (más de 108.000) y FP (más de 105.000). Han abierto una recogida de firmas a través de Change.org en la que llevan ya casi 2.900 para pedir a la consejería que recapacite, ya que los estudiantes empezaron el curso el 9 de septiembre y tienen que recibir online entre dos tercios y la mitad del horario semanal. “No se pueda cambiar toda la programación de un día para otro”, se desespera Álvarez, que rechaza los argumentos de la Comunidad. Según Adimad, usar estas herramientas “no supone cesión de datos” porque “lo único que saben las empresas de los alumnos es un alias, un número o unas iniciales”. También recuerda a la consejería que si los centros no pueden suscribir un contrato de encargo de tratamiento no podrían tampoco “contratar una empresa de soporte informático para que arregle las impresoras”.

Por su parte, fuentes de Google afirman que la resolución “contiene alegaciones que no son ciertas”. Su plataforma cuenta con la certificación de nivel alto del Esquema Nacional de Seguridad, los usuarios de Google Suite “no ven anuncios” y “son los propietarios de sus datos, no Google”, tampoco los venden a terceros y no comparten “información personal almacenada" en sus sistemas. En cuanto a la sentencia, según aclara la propia Agencia Española de Protección de Datos, el tribunal avaló el uso de las cláusulas contractuales tipo, que Google usa desde 2012, lo que a su juicio le permite seguir operando en la UE. La empresa confirma que está “trabajando con la Comunidad en un acuerdo”. Dicho convenio ha sido ya “revisado por Google” y solo queda que lo haga el Gobierno regional. En cualquier caso, su firma “responde a una formalidad y no afecta a las garantías" que ofrecen. “Estamos abiertos a colaborar con la consejería", concluye la tecnológica, que afirma dar gratis sus servicios por su compromiso “con una educación accesible”. De cobrarlos, estiman su coste en 10,40 euros por usuario al mes, 124,8 al año. Gobiernos de comunidades como Murcia, Cataluña, Navarra, Extremadura, Baleares y País Vasco usan la plataforma, así como universidades madrileñas como la Carlos III.

Pero el nudo gordiano es que EducaMadrid “no funciona, se sigue cayendo constantemente” y sus funcionalidades son insuficientes, se lamenta el presidente de Adimad, que afirma que su principal defecto es que “no permite la videollamada”, con lo que no se pueden dar clases on-line. “EducaMadrid funciona como una escopetilla de plomos y no está preparada para el volumen de conexiones que debería soportar", corrobora Teresa Jusdado, de UGT Madrid. Educación asegura que ha rediseñado la página, le ha añadido aplicaciones y ha comprado “nuevos servidores, sistemas de almacenamiento de datos y electrónica de red”, con un coste de 600.000 euros. “Próximamente, se integrará el servicio de videoconferencia”, promete.

Isabel Galvín, de CC OO Madrid considera injustificable que la consejería “haya cerrado un contrato de exclusividad con una sola empresa” y pide “transparencia” y que se amplíe a distintas plataformas, “ya que han ido incapaces de que la plataforma pública sea suficiente, capaz y útil”. Galvín añade que, al margen de la guerra de las plataformas, el verdadero problema de la teledocencia es que “los centros carecen de la conectabilidad necesaria para poder llevarla a cabo”.

Óscar Martín Centeno, del Consejo de Directores de Colegios, apunta a que las plataformas gratuitas podrían seguirse usando siempre que sea “sin aportar datos personales de ningún tipo”, es decir, siempre que los niños sean el alumno 23 y no Fulanito Pérez con un 6 en Mates y alérgico al plátano. En todo caso, “la única plataforma que se puede usar con total seguridad es EducaMadrid y, de momento, está funcionando bastante bien”, asegura. Los colegios, no obstante, tienen el 100% de sus clases presenciales. Mientras se resuelve el lío en los despachos, muchos centros están haciendo caso omiso de la orden y siguen mandando a los padres el usuario y la clave para entrar, por ejemplo, en Google Classroom.

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