La Comunidad de Madrid responde que “ningún madrileño va a entender que se declare el estado de alarma”
Díaz Ayuso proponía un confinamiento por zonas endureciendo los criterios que impuso hace semanas
La Comunidad de Madrid cree que La Moncloa les ha dado un portazo. Madrid quería más tiempo, pero en el reloj de La Moncloa no había ningún tiempo de descuento. Así lo confirman fuentes del más alto nivel de la región. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado a Sánchez de filtrar a los medios la imposición del decreto del estado de alarma minutos antes de un último intento de la presidenta por alcanzar un acuerdo. “Se ha negado a negociar la orden de Sanidad de la Comunidad”, insisten fuentes populares. La región llevaba casi 24 horas en un limbo jurídico. Más de cuatro millones de madrileños no sabían si podían marcharse de puente o no, qué medidas eran las que estaban en vigor, si los bares abrían, si cerraban, si podían recibir visitas en casa. Un caos político descomunal. Pasadas las doce del mediodía de este viernes se ha acabado la incertidumbre. La Moncloa ha decretado el estado de alarma en Madrid.
¿Qué medidas conlleva el decreto? Según La Moncloa el decreto será para Madrid capital y los municipios que ya tenían una alta incidencia de contagios: Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Móstoles, Parla y Torrejón de Ardoz. Sale de la lista Alcalá de Henares, por la mejora de datos que registra. Los municipios más grandes de la región y todos ellos ―salvo Alcobendas― están situados en la zona sur, suroeste o este de la Comunidad. ¿En qué afectaría a los ciudadanos el decreto del estado de alarma? En una restricción de la movilidad. Ninguno de estos vecinos, incluidos los de la capital de España, podrá salir de la ciudad pero sí desplazarse por ella.
¿Cómo se ha llegado hasta aquí? Todo saltó por los aires este jueves por la mañana. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid tumbó las medidas acordadas por el Ministerio de Sanidad la pasada semana. El ministerio que dirige el socialista Salvador Illa acordó con la mayoría de comunidades autónomas una nueva orden sanitaria para toda España.
El doctor Fernando Simón planteó el martes pasado un criterio sencillo: cerrar todas las ciudades de más de 100.000 habitantes con una tasa de más de 500 contagiados por cada 100.000 personas, un 10% de positividad —el porcentaje de test PCR que dan positivo por cada 1.000— y un 35% de UCI ocupadas por la enfermedad. Esto afectaba a la capital de España y a nueve ciudades de la región.
La Comunidad consideró que esas medidas no se podían imponer sin más a la Comunidad sin consenso en la Conferencia sectorial, donde votaban todas las comunidades. Y acudió a los tribunales. Ayuso consideró que las medidas se tenían que tomar por unanimidad y no por consenso, como esgrimió Sanidad. Mientras la justicia debatía si tenían razón o no, desde el pasado viernes las medidas sanitarias del ministerio afectaban ya a más de cuatro millones de madrileños. No podían salir de la capital, pero si moverse por los 21 distritos.
Antes de que la Audiencia Nacional se pronunciase sobre el recurso de Ayuso, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid declinó el jueves ratificar la parte de la orden dictada por la Comunidad que afectaba a derechos fundamentales, esto es, al confinamiento perimetral de Madrid. La comunidad, al contrario que ha hecho Castilla y León, donde los tribunales sí han confirmado que se puede restringir la movilidad a León o a Palencia, no incluyó unas leyes sanitarias a la hora de publicar esas medidas. Solo basó las restricciones en la orden emitida por el Gobierno. Copió y pegó las medidas en su boletín oficial de la región, sin incluir esas menciones a las leyes sanitarias. Una diferencia jurídica con la región castellanoleonesa que ha impedido sustentar el armazón legal para delimitar la movilidad de la capital de España y otras nueve ciudades.
La noticia del varapalo jurídico del Tribunal Superior de Justicia de Madrid corrió como la pólvora en el edificio de la Puerta del Sol. Los madrileños, mientras tanto, vivían atónitos horas de incertidumbre. Aquí comenzó una negociación entre Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso. El ministro Illa intercedió para llegar a un acuerdo y no dejar a millones de ciudadanos en el caos absoluto. Según Sanidad, el ministro descolgó dos veces el teléfono pero no obtuvo respuesta de la región. Según la región, primero querían terminar de pensar sus propias medidas antes de sentarse a dialogar.
Así se llegó a las 23.00 de la noche del jueves, donde se produjo un cruce de llamadas entre la presidenta Ayuso y el presidente Sánchez. El presidente se mostró tajante. Ofreció tres posibilidades. O la Comunidad pide el estado de alarma, o incluye las medidas de la pasada semana pero haciendo mención a una ley sanitaria de 1986 que sí estaría avalada por los jueces y dejaría la situación en una restricción de movimientos. Es decir, igual que la semana pasada. O, por último, Sánchez impondría el estado de alarma en un Consejo de Ministros extraordinario este viernes, como así ha sido.
La decisión de activar el estado de alarma se ha confirmado pasadas las doce del mediodía. Ningún miembro del Ejecutivo madrileño hizo valoraciones. Todo estaba preparado para una comparecencia con preguntas por el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Este hizo de portavoz del Gobierno: “Ellos asumen la competencia y tendrán que decir qué tienen pensado con los madrileños. Va a resultar muy difícil entender que se aplique el estado de alarma cuando las decisiones que ha tomado la Consejería de Sanidad, con todo su equipo técnico, van con un descenso claro desde el punto de vista epidemiológico y asistencial. Tendrán que justificar el porqué de la medida que ningún madrileño va a entender”, ha dicho.
Escudero también ha anunciado que habían ofrecido una restricción de la movilidad para toda la región con una incidencia acumulada de 750 casos por cada 100.000 habitantes. Las restricciones se aplicarían, eso sí, a través de las zonas básicas de salud. Unas medidas, que a su juicio, estarían dando sus frutos. Todas estas medidas se han conocido mientras el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, y el consejero de Justicia, Enrique López, pedían a los madrileños que no salieran de puente. Sin embargo, con sus propias medidas, al aplicarse por pequeñas zonas y no por municipios, permitirían esa movilidad. “Nosotros siempre tomamos decisiones con garantías”, ha dicho Escudero al ser preguntado por EL PAÍS. “Nosotros acatamos las decisiones del Estado de derecho y recomendamos que no se hagan viajes innecesarios. Hay que apostar por la responsabilidad individual”.
La división en el Gobierno madrileño es un hecho, otra vez. Si los populares se han mostrado siempre partidarios de limitar la movilidad a través de las zonas básicas de salud, en Ciudadanos eran partidarios de dialogar con el Gobierno de Sánchez y acatar una de las tres propuestas que ofrecieron en la noche del jueves. “La declaración del estado de alarma en Madrid era evitable”, ha publicado el vicepresidente, Ignacio Aguado. “Había alternativas. Lamentablemente los políticos hemos vuelto a fracasar. Las consecuencias las pagan los ciudadanos. Mis disculpas por ello”. El estado de alarma durará 15 días. Los madrileños, mientras tanto, ya conocen oficialmente que se han quedado sin puente.
Cómo se puede declarar un estado de alarma en una región y qué se puede ordenar
La Constitución y una ley de 1981 permiten delimitar el ámbito territorial de la alarma a una comunidad autónoma.
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