Cinco retos de Díaz Ayuso para desbloquear Madrid

Septiembre descubre a una Comunidad de Madrid en situación de crisis. Los brotes veraniegos de coronavirus amenazan con impulsar una segunda ola de la pandemia en otoño. La vuelta a las clases está rodeada de incertidumbres, igual que el retorno al trabajo de miles de ciudadanos. Y el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso afronta una situación complejísima en minoría, sin poder dar por descontado el decisivo apoyo de Vox para sacar adelante cambios legislativos en la Asamblea, y temiendo que la crisis sanitaria se solape con la social y económica durante el invierno. Estos son los retos a los que se enfrenta el primer Ejecutivo de coalición de la historia de la región (PP y Cs) para intentar encauzar una situación sin precedentes.

Aprobar unos Presupuestos adaptados a la crisis. La Comunidad gestiona la respuesta a la pandemia con las cuentas prorrogadas de 2019. Esos Presupuestos, diseñados por Ángel Garrido, hoy consejero de Cs, responden a una realidad que ya no existe: aprobados en año preelectoral, y con la economía madrileña a toda mecha, reflejan un récord de gasto que se corresponde con un periodo de expansión. Madrid se enfrenta hoy a lo contrario. La economía se ha parado, la crisis se llevará por delante al menos un 10% del PIB regional, restará un mínimo de 1.000 millones en ingresos a las arcas públicas y dejará en el paro a más de 400.000 trabajadores. Afrontar esa situación requiere de unas cuentas públicas actualizadas. Pero el Gobierno no tiene los votos necesarios.

El PP y Cs necesitan el apoyo de Vox. Y Vox pide a cambio una reducción de las 13 consejerías del Ejecutivo de coalición. “Eso no está en la agenda, no está sobre la mesa, todas las consejerías trabajan tarde y noche”, defendió el miércoles Ignacio Aguado, vicepresidente regional, que con sus palabras resumió la oposición del Ejecutivo a recortarse a sí mismo. Pero admitió: “No sé lo que deparará la negociación de Presupuestos, antes tenemos que saber en base a qué hay que elaborarlos”.

Díaz Ayuso quiere convencer a Rocío Monasterio de que el debate sobre el adelgazamiento de la Administración se haga tras aprobar los Presupuestos. Presionará con la necesidad de tener unas cuentas adaptadas a la crisis. Pero Vox no ha logrado nada de lo que pedía a cambio de investirla presidenta, allá por agosto de 2019. Será una negociación a cara de perro.

Sortear una moción de censura. El PP empieza a dar por descontado que el PSOE acabará presentando una moción de censura contra Isabel Díaz Ayuso, aunque no tenga los apoyos necesarios para ganarla. La formación conservadora observa cómo se multiplican las presiones sobre Ángel Gabilondo, el portavoz de los socialistas. Y en el PSOE, al mismo tiempo, se acumulan argumentos que, a su juicio, pueden acabar justificando la operación: denuncian la falta de rastreadores, que no se haya reforzado la atención primaria, o que se dificulte la labor fiscalizadora de la oposición en la Asamblea.

Lo decisivo es el papel de Cs, único partido que podría inclinar la balanza en favor de la oposición para desalojar a Díaz Ayuso del poder. La presidenta está convencida de que cuenta con la complicidad de Ignacio Aguado, su vicepresidente y líder regional del partido de Inés Arrimadas, pese a las numerosas discrepancias que les han separado desde que comparten Gobierno en la Real Casa de Correos.

Los tiempos los marcará la evolución de la pandemia: en el PSOE asumen que no se debe presentar la moción en un momento de emergencia sanitaria.

Gestionar 3.400 millones para la recuperación. El uso que haga el Ejecutivo regional del dinero que le corresponde de la partida de 16.000 millones que repartirá entre las Autonomías el Gobierno central será clave para lo que queda de legislatura. Con esos fondos se está construyendo el stock de equipos de protección con el que Salud Pública espera aguantar hasta 75 días si repunta el coronavirus; se financiará en parte la contratación de miles de profesores para el plan de la vuelta al cole; y se diseñarán ayudas a empresas, pymes, autónomos y emprendedores.

La letra pequeña, no obstante, será clave. ¿Cuánto dinero de esta partida destinará el consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, a compensar la caída de ingresos prevista como consecuencia de la crisis, que cifra en 1.000 millones? ¿Se escuchará a los expertos convocados por la Asamblea para participar en la comisión para la recuperación e impulso de la actividad económica y social a la hora de decidir las inversiones? ¿O el modelo de la recuperación será el de apostarlo todo a Madrid Nuevo Norte, y el impulso de la construcción a través de una reforma de la ley del suelo que elimina casi todas las licencias urbanísticas?

Cambiar el estatuto de autonomía para ganar agilidad y poder. La debilidad del Ejecutivo se refleja en una de sus primeras iniciativas parlamentarias para la vuelta del curso. Como adelantó EL PAÍS, Díaz Ayuso ha empleado la crisis del coronavirus para justificar una reforma del Estatuto de Autonomía que reforzaría su poder: quiere introducir la figura de los decretos leyes para situaciones de emergencia, una modificación estatutaria que le permitiría tomar decisiones sin pasar antes por la Asamblea, que debería refrendar (o no) su decisión 30 días después. El mecanismo ya se emplea en comunidades como la valenciana, Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla y León, Cataluña, Extremadura y Navarra. También lo tiene a su disposición el Gobierno central.

Sin embargo, Díaz Ayuso quiere impulsar la reforma en un momento muy particular: en plena crisis sanitaria, con una Asamblea más fragmentada que nunca (hay seis grupos parlamentarios) y justo cuando gobierna en minoría. Una operación dificilísima que refleja las limitaciones de la acción política del Gobierno de coalición: todavía no ha logrado aprobar ni una sola ley.

Coordinarse con el Gobierno central. Desde que accedió al poder, hace ahora un año, los enfrentamientos de Díaz Ayuso con Pedro Sánchez han sido constantes. Las chispas que saltaron por las discrepancias en política fiscal, exterior o económica quedan hoy en anécdota comparándolas con los duros reproches mutuos por la gestión de la pandemia. La posible segunda ola del invierno pondrá a prueba de nuevo el entendimiento entre las dos Administraciones. Más si cabe desde que Moncloa espera que sean las Comunidades quienes tomen la iniciativa para pedir la aplicación del estado de alarma en sus territorios.

“Lo que sí que creo es que no se puede pasar del estado de alarma a la nada, a la ausencia, como ha ocurrido este verano, y de la nada y de la ausencia, otra vez al estado de alarma”, criticó Díaz Ayuso esta semana. “Tiene que haber una estrategia de país y confianza en las Comunidades Autónomas, para que en base a esa autonomía, caminemos juntos”, opinó. “Solicitaré todo aquello que haga falta si sirve para proteger la salud de los ciudadanos, por supuesto. [Pero] No nos podemos permitir confinamientos. El confinamiento total y la alerta tampoco sirven de mucho, todo lo contrario, trasladamos una imagen a mi juicio muy perjudicial”.