Díaz Ayuso emplea la crisis para reforzar su poder

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso emplea la crisis del coronavirus para justificar una reforma del Estatuto de Autonomía que reforzaría su poder: quiere introducir la figura de los decretos leyes para situaciones de emergencia, según documentación publicada en el portal de transparencia. Esa modificación estatutaria le permitiría tomar decisiones sin pasar antes por la Asamblea, que debería refrendar (o no) su decisión 30 días después. La oposición ve en esa apuesta, ya recogida en otros estatutos autonómicos, y empleada por el Gobierno central, un intento de escapar a la débil situación del Ejecutivo regional. Díaz Ayuso está en minoría, depende para todo de Vox y no ha logrado aprobar ni una sola ley desde que llegó al poder.

La crisis del coronavirus, que ya deja 15.000 muertos y 70.000 contagiados en Madrid, ha puesto al Ejecutivo regional de coalición formado por el PP y Cs frente al espejo de los límites de su capacidad de acción. Introducir la figura del decreto ley en el Estatuto de Autonomía le permitiría actuar ejecutivamente, aprobando medidas independientemente de las mayorías que haya en la Asamblea, a imagen y semejanza de lo que puede hacer el Gobierno en el Congreso. Esa herramienta, de la que ya disponen comunidades como la valenciana, Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla y León, Cataluña, Extremadura y Navarra, le daría ganar un margen de 30 días, tras los cuales los diputados deberían validar sus decisiones, o estas decaerían.

“Crisis como la que ha planteado la pandemia de la covid-19 nos demuestran que los Gobiernos se enfrentan a situaciones en los que son de extraordinaria necesidad instrumentos ejecutivos que les permitan tomar de forma urgente las medidas de rango legislativo que sean precisas”, argumenta la documentación oficial en referencia a la crisis del coronavirus, un periodo en el que el Ejecutivo autonómico no ha llevado ni una sola medida para que se vote en la Asamblea.

De hecho, los diputados de Madrid no votan en el pleno de la Cámara desde el 5 de marzo, cuando tumbaron la modesta rebaja fiscal que patrocinaba el Gobierno de PP y Cs. Ese es hasta ahora el único ejemplo de una reforma tramitada en el Parlamento bajo el impulso de Díaz Ayuso, que ocupa el poder desde agosto de 2019.Estratégicamente, la maniobra llama la atención por tres razones. Primero, el Gobierno está en minoría, por lo que no tiene asegurado aprobar la reforma en la Asamblea, un objetivo tan complicado como para que solo se haya logrado tres veces (1991, 1994 y 1998).

Segundo, los partidos que componen el Ejecutivo tampoco tienen mayoría en el Congreso y el Senado, donde tendrían que negociar nuevos apoyos de superar la barrera del Parlamento regional. Y tercero, Díaz Ayuso e Ignacio Aguado parecen apostar por una reforma a trozos del Estatuto, en lugar de por buscar una negociación global que actualice un texto de 1983.El Gobierno también quiere, por ejemplo, eliminar los aforamientos de los políticos. “Es una medida que en abstracto nos puede parecer correcta, pero depende mucho de su uso, y en manos de Ayuso nos da escalofríos”, opina Pablo Gómez Perpinyà, de Más Madrid.

“Si lo propone ahora es porque es consciente de su debilidad parlamentaria, que le impide sacar adelante hasta su propio proyecto estrella, la reducción de impuestos”, argumenta. “El decreto ley es útil en el Congreso, donde se hacen leyes habitualmente, pero en prácticamente un año el Gobierno de Ayuso solo ha traído un proyecto de ley a la Asamblea, y fracasó, así que más que ningún instrumento extraordinario lo que necesita es ponerse a trabajar”.

“Nosotros estamos de acuerdo en revisar nuestro estatuto de autonomía”, añade, “pero si se abre el melón queremos hablar de todo: de cómo incorporar una carta de derechos sociales, de cómo reforzar el papel de la Asamblea de Madrid para controlar al Gobierno, de cómo dar más protagonismo a los municipios...”.

Tres meses sin votar

“Esto parece un intento de un Gobierno en minoría de tomar medidas sin necesidad de pasar antes por el Parlamento”, coincide Jacinto Morano, portavoz de Unidas Podemos IU Madrid en Pie. “El reglamento de la Asamblea de Madrid permite mecanismos como los trámites de urgencia y la lectura única”, recuerda. “La señora Díaz Ayuso no los ha utilizado en esta crisis. Llevamos casi tres meses sin votar nada en la Asamblea de Madrid. La incapacidad del Gobierno de ver aprobadas sus medidas no puede suplirse reformando el Estatuto”.

"Sería de imposible aplicación en la actual crisis sanitaria", recuerdan en el PSOE sobre la larguísima tramitación que requiere reformar el estatuto de autonomía. “Además, una reforma del Estatuto de Autonomía no es la mayor urgencia”, añaden fuentes del grupo parlamentario, que apuntan que ningún texto ha llegado aún a la Cámara y coinciden con el resto de grupos de izquierdas en pedir una reforma más ambiciosa del Estatuto, que garantice derechos sociales.

La documentación gubernamental explicita los límites de aplicación que tendrían los nuevos decretos ley de salir adelante. Su aplicación sería para casos de “extraordinaria y urgente necesidad”. No se podrían adoptar por esta vía decisiones que afectaran a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos recogidos en el título I de la Constitución, ni a la ordenación de las instituciones de autogobierno reguladas en el título I del propio Estatuto de Autonomía, el régimen electoral y la aprobación de sus presupuestos generales. Tampoco a las cargas tributarias que afrontan ciudadanos y empresas. Sí reforzaría el poder de Díaz Ayuso y de los gobiernos venideros en una época de parlamentos fragmentados, mayorías inestables y Ejecutivos de coalición.

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