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Metro de Madrid indemniza por primera vez a los familiares de un fallecido por amianto

La empresa pública abona más de 190.000 euros a la viuda y la hija de uno de los trabajadores fallecidos por el tóxico material al reconocer los daños provocados

Pasajeros con mascarilla, en el Metro de Madrid el 22 de junio.
Pasajeros con mascarilla, en el Metro de Madrid el 22 de junio.Eduardo Parra (Europa Press)
Pablo León

Eugenia Martín, viuda del primer trabajador de Metro fallecido oficialmente a causa del amianto, y su hija han llegado a un acuerdo para evitar ir a juicio. La empresa pública, gestionada por la Comunidad de Madrid, abonará algo más de 190.000 euros (193.054,14 euros) debido a los daños que produjo a la familia al ocultar durante décadas la presencia de amianto en su red. La compañía sabe al menos desde 1992 que el tóxico material abunda en sus instalaciones y trenes, pero no alertó a su plantilla hasta hace tres años. Por el momento, 11 trabajadores tienen dolencias relacionadas con la exposición al amianto; 6 de ellos han fallecido.

“Por primera vez, Metro llega a un acuerdo con las familias de los trabajadores afectados para pactar una indemnización y cerrar la vía judicial”, ha respondido por correo electrónico el consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido. “Queremos trabajar con un nuevo paradigma para que los afectados no se sientan desatendidos y para, en la medida de lo posible, evitar que estos casos se alarguen en los tribunales”, continuaba el político de Cs que por su cargo ejerce también de presidente de Metro.

Desde comienzos de los años noventa, la empresa era consciente de que había amianto en sus instalaciones. Y en 2003 mapearon la presencia del material en su red. Pero nunca se lo comunicaron a los trabajadores; tampoco los protegieron, aunque la ley obligaba a ambas cosas. No fue hasta 2017 cuando Metro habló a sus operarios de los riesgos del amianto. Justo después del diagnóstico de Julián Martín, el marido de Eugenia: la Seguridad Social confirmó que sufría asbestosis, enfermedad laboral derivada de la exposición al amianto. Fue el primer trabajador enfermo reconocido de la compañía relacionado con el material. Actualmente, hay 11 y los sindicatos esperan que afloren más.

A pesar de ese reconocimiento por parte del organismo público, el criterio de Metro con respecto a los afectados por el asbesto era recurrir y agotar la vía judicial. Para las víctimas y sus abogados: “Alargar los procesos”. Garrido ya había mostrado su intención de cambiar ese criterio —que imperó la anterior legislatura, en la que bajo las siglas del PP él ejerció de vicepresidente primero y de presidente después—, pero aún no lo había hecho efectivo.

“Metro va a revisar las reclamaciones de otros trabajadores y estudia la posibilidad de llegar a acuerdos como el alcanzado”, han explicado fuentes de la compañía. La mayoría de las víctimas del amianto acreditadas no han recibido aún la indemnización que les corresponde. Por su parte, los familiares de Julián Martín recibirán 193.054 euros. Tras la firma del acuerdo, fuentes de la empresa afirman que se ha realizado el “pago inmediato”. Una demanda de la viuda. “Además, ambas partes se comprometen a pedir archivo de los procedimientos judiciales iniciados”, explican fuentes de Metro.

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La viuda de Julián Martín había denunciado a Metro por los perjuicios que la muerte de su marido les produjo a ella y a su hija. A su vez, Metro había presentado una demanda contra el recargo de prestaciones reconocido también por la Seguridad Social tanto a este como a su esposa. Se trata de un aumento de las prestaciones (en este caso del 50%) derivadas de un accidente o enfermedad profesional y que debe asumir la empresa responsable. “Hemos desistido de esa demanda laboral, pero continuamos por la vía penal y civil”, ha aclarado Eugenia Martín.

Aunque los procesos judiciales mencionados están relacionados, no afectan a la instrucción del caso amianto, que continúa su curso. Una juez investiga en esta causa la gestión del material por parte de Metro entre 2003 y 2017. La magistrada ha imputado a siete trabajadores de la empresa pública acusados de homicidio imprudente, lesiones por imprudencia y delitos contra los derechos de los trabajadores. La instrucción arrancó el pasado diciembre y, entre otros, Eugenia Martín declaró en calidad de perjudicada. Las comparecencias se suspendieron por la pandemia, pero se retomarán a finales de septiembre, según una providencia emitida la semana pasada.

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Sobre la firma

Pablo León
Periodista de EL PAÍS desde 2009. Actualmente en Internacional. Durante seis años fue redactor de Madrid, cubriendo política municipal. Antes estuvo en secciones como Reportajes, El País Semanal, El Viajero o Tentaciones. Es licenciado en Ciencias Ambientales y Máster de Periodismo UAM-EL PAÍS. Vive en Madrid y es experto en movilidad sostenible.

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