Varios ejecutivos de Metro sabían desde 2003 que había amianto en la red

La jueza amplía las comparecencias de los acusados en el caso amianto de Metro de Madrid. La instructora —que investiga a siete trabajadores del suburbano acusados de homicidio imprudente, lesiones por imprudencia y delitos contra los derechos de los trabajadores—, ha interrogado, durante más de cuatro horas, a uno de los imputados. “No esperábamos que fuesen a reconocer la ocultación del amianto”, apuntaba Alejandro Domínguez González, abogado de seis víctimas del asbesto y del sindicato CC OO. Por el momento, siete trabajadores tienen enfermedades relacionada con la exposición al amianto; cuatro han fallecido.

“Lo más importante de la comparecencia es que ha quedado claro que la información sobre el material se envió a sus jefes directos”, resume el letrado. Es decir, al director general Francisco Javier González, que dependía directamente del gerente de la época. Ildefonso Matías. Aunque la empresa sabía al menos desde comienzos de los años noventa que había amianto en su red, en 2003 Metro realizó un mapeado del material. Nunca se lo comunicaron a los trabajadores. Tampoco los protegieron, como obligaba la ley.

Metro no les habló de los riesgos del amianto hasta 2017, después de que a un trabajador le reconocieran la asbestosis, enfermedad laboral originada por el material. En el caso amianto investiga la actuación de Metro entre 2003 y 2017.

Aunque en esta jornada estaban citados tres de los acusados, solo habló uno de ellos. El interrogatorio se alargó, una señal “positiva” para los afectados al estimar que la jueza quiere más información sobre los imputados. Varios de ellos están representados por el bufete de abogados Quatre Casas, donde fichó la expolítica del PP Soraya Saénz de Santamaría.

A las puertas del juzgado, como en anteriores citaciones, se manifestaron trabajadores y representantes sindicales de Metro. “Queremos justicia y que la empresa asuma su negligencia al exponernos al amianto y ocultárnoslo”, pedía Juan Carlos de la Cruz, secretario de CC OO en el suburbano. “Apartamos a estas personas mientras durara este proceso de todo lo que tuviese que ver con salud laboral”, ha asegurado el consejero de Transportes, Ángel Garrido, preguntado sobre el asunto. Los sindicatos denunciaron que los trabajadores siguieron operativos después de ser imputados.

Ante una pancarta, el representante de CC OO reclamó que “se compense como se merecen a los afectados por el amianto”. De la Cruz lamentó que Metro obligue a los afectados a pasar por un “calvario judicial” después de inflingirles un “daño irreparable”.