Las capitales de provincia gobernadas por el PP y Vox retoman el impulso al coche, la retirada de simbología LGTBI y medidas contra la igualdad

El pacto entre PP y Vox ha llevado al partido que lidera Alberto Núñez Feijóo a las alcaldías de Valladolid, Burgos, Guadalajara, Toledo y Ciudad Real con la extrema derecha como aliada. Estos Ayuntamientos que gobiernan sobre 723.000 habitantes han mostrado una agenda contraria a la simbología LGTBI, pues ninguno de ellos ha colocado la bandera arcoíris durante la celebración anual, del 23 de junio al 2 de julio, del Orgullo. Asimismo, han abundado los retrocesos en visibilizar la igualdad entre hombres y mujeres, con la supresión de las concejalías específicas y la reubicación de este departamento en otras áreas.

En ciudades como Valladolid, han fomentado el uso del vehículo privado contra la bicicleta, con altas inversiones económicas para ejecutarlo, y han sembrado polémicas en materia cultural en cuestiones como la censura de obras teatrales o la supresión de subvenciones para Memoria Histórica.

Valladolid y Burgos ya conocían los rasgos de la coalición PP y Vox, pues gobiernan Castilla y León desde 2022, mientras que en Castilla-La Mancha sigue al frente de Junta de Comunidades el socialista Emiliano García Page. El PSOE fue el partido más respaldado en todas estas capitales de provincia el pasado 28 de mayo, pero el acuerdo de PP y Vox desbancó las aspiraciones socialistas. Esta entente entre formaciones no ganadoras de las elecciones contrasta con la postura nacional del el PP de Alberto Núñez Feijóo, quien reclama gobernar al tratarse sus siglas de la fuerza más votada pero sin disponer de los apoyos suficientes para conformar mayoría parlamentaria.

Valladolid

El principal empeño de PP y Vox en Valladolid (300.000 habitantes) consiste en estos primeros momentos de legislatura en la gestión del tráfico. Ambos coincidieron en campaña en defender retrocesos en movilidad sostenible como retirar carriles bici o suprimir vías para taxis y autobuses en favor del vehículo privado, alegando que “la ciudad está atascada”, pese a no avalarlo los datos. El primer edil, Jesús Julio Carnero (PP), apoyado por la teniente de alcalde Irene Carvajal (Vox), ha abanderado el cambio en la anterior ordenanza de movilidad, a pesar de los cientos de quejas recibidas tras consultar de forma no vinculante a la ciudadanía, y pagará 1,6 millones de euros por retirar una céntrica senda para bicicletas que costó 100.000 euros. El Ayuntamiento gastará también 230.000 en suprimir carriles específicos para buses y taxis y dedicará cinco millones a modificar un puente para añadirle un carril para coches. Carnero y sus socios no colgaron la bandera LGTBI en el ayuntamiento durante las celebraciones anuales del Orgullo LGTBI y han eliminado la Concejalía de Igualdad, reducida a un área de Servicios Sociales. La semana pasada, la Policía Municipal, en manos de Vox, pidió retirar una banderola arcoíris de un bar, pero el revuelo ocasionado hizo que finalmente el Ayuntamiento se pronunciara a favor de mantenerla. El PSOE de Óscar Puente gobernó con Valladolid Toma la Palabra desde 2015 hasta el pasado mayo.

Burgos

La coalición comenzó en Burgos (175.000 habitantes) eliminando el departamento de Igualdad, integrándolo en el de Familia. Asimismo, la tradición parlamentaria burgalesa implicaba un minuto de silencio por la violencia machista, incluso en tiempos del PP, pero la nueva corporación, que se refiere ahora a ello como “violencia familiar”, ha dejado de hacerlo. La alcaldesa, Cristina Ayala (PP), defendió su compromiso con las mujeres, pero no les dedica reconocimiento específico. El Consistorio tampoco colocó la bandera LGTBI en el edificio municipal como era habitual. El nuevo Ayuntamiento con Vox, partido liderado por el vicealcalde Fernando Martínez-Acitores, ha cortado la financiación a la asociación de Memoria Histórica, que recibía 25.000 euros anuales de subvención, y a una cátedra sobre represión franquista en la Universidad de Burgos, a la que habían prometido una ayuda de 15.000. Burgos también perderá el popular EnClave de Calle, festival de teatro callejero, alegando motivos económicos. En cambio, la regidora se ha subido el sueldo un 16%, equivalente a 13.000 euros anuales más que su predecesor, el socialista Daniel de la Rosa, quien accedió al cargo en 2019 con los mismos emolumentos que su antecesor, también del PP. Ayala cobrará 92.701 euros anuales, más que el presidente del Gobierno.

Guadalajara

Vox aupó a la regidora Ana Guarinos (PP) con el ultra Javier Toquero como teniente de alcalde en Guadalajara (87.000 habitantes). Pronto este trató de colocar a su hermano Rafael, anteriormente ligado a Ciudadanos, como asesor con un sueldo mensual de 3.691 euros mensuales. La controversia despertada propició que el allegado del concejal renunciara al cargo. La coalición ha mostrado divergencias durante estos meses, pues al poco de la legislatura dimitió la concejala del PP María Montero, encargada de Recursos Humanos, por “motivos personales y circunstancias sobrevenidas” y al poco la imitó Sagrario Muñoz, de Vox. La extrema derecha se ha dividido en el proceso de designar a los dos diputados provinciales del partido, con supuesta intervención de por medio de la dirección nacional, para modificar las candidaturas e influir en los resultados. La sustituta de Muñoz, Eva Henche, amenazó hace unas semanas con ubicarse como concejala no adscrita si no se solucionaba la crisis, dejando así sin mayoría al bloque y facilitando el retorno del PSOE. El órdago no llegó a producirse, pero Henche consiguió ser designada como concejala de dedicación completa y ganar 10.000 euros anuales por encima del que tendría Sagrario Muñoz. El PP cuenta con nueve y Vox con cuatro de los 25 ediles municipales. El PSOE de Alberto Rojo gobernaba desde 2019.

Toledo

El regidor, Carlos Velázquez (PP), ha configurado un equipo de Gobierno con solo cuatro mujeres para 13 cargos, el menor porcentaje desde 2003, cuando regía en solitario el PP en Toledo (86.000 habitantes). Entre las actuales concejalas se encuentra la líder de Vox, Inés Cañizares. La legislatura comenzó también sin colocar la bandera LGTBI en el consistorio y el pasado julio se impidió la programación de La infamia, una obra de teatro de la periodista mexicana Lydia Cacho sobre la explotación infantil y las redes políticocriminales impulsoras de este fenómeno en países subdesarrollados. El Ayuntamiento lo atribuyó a falta de fondos y no a motivos ideológicos, pese a haberse programado meses atrás. Por su parte, Cacho ha denunciado lo que consdera simple y llanamente “censura”. Velázquez tampoco ha aclarado si proseguirá la cesión de una iglesia desacralizada a la asociación Círculo de Arte, que lleva 20 años gestionando el lugar con fines culturales. El PP toledano consiguió nueve ediles y añadió los cuatro de Vox para hacerse con la mayoría de los 25 escaños del salón de plenos municipal. El PSOE gobernaba Toledo desde 2007, con Milagros Tolón desde 2015.

Ciudad Real

El nuevo alcalde, Francisco Cañizares (PP), necesitó los votos de Vox para acceder al mando de Ciudad Real (75.000 habitantes). Al igual que el resto de ciudades con la ultraderecha como socia, no colocó la bandera LGTBI en el ayuntamiento el día del Orgullo. Como en el resto de provincias de Castilla-La Mancha bajo la dirección de PP con Vox, los conservadores lograron nueve concejales y los ultras otros cuatro de los 25 puestos en la Cámara local. Los socialistas de Pilar Zamora dirigían la ciudad desde 2015, con dos años de mando de Eva Masías (de Ciudadanos) tras pactar en 2019.