Los nacionalistas catalanes y vascos intentan activar ya la negociación sobre la investidura de Sánchez

El socialista Pedro Sánchez, que perdió las elecciones del 23-J pero tiene más probabilidades que ningún otro candidato de lograr una mayoría parlamentaria para ser investido, dejó claro el día después de los comicios que esa negociación quedaba congelada hasta, como pronto, la segunda mitad de agosto. El presidente en funciones y sus ministros comunicaron que se iban unos días de vacaciones y que sería a partir del 17 de agosto —fecha de constitución de las nuevas Cortes— cuando se activaría el proceso para buscar los aliados necesarios para esa investidura. Se aventuraba así un paréntesis de varias semanas en las que quedaría patente la soledad del candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ganó las elecciones pero sin mayoría absoluta ni apoyos suficientes en el Congreso para ser investido. Sin embargo, esos potenciales aliados de Sánchez —principalmente, los partidos nacionalistas catalanes y vascos— han empezado a moverse ya, nombrando en algunos casos a sus equipos negociadores y recordando a los socialistas que son ellos quienes tienen que hacer una oferta para explorar las posibilidades de acuerdo.

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, pidió el jueves a Sánchez que presente “una oferta programática” a los “soberanistas vascos y catalanes”, y que lo haga “solemnemente y de manera oficial”. En declaraciones a Radio Euskadi, Ortuzar reprochó al líder socialista que se haya ido de vacaciones mientras “los demás” se quedan “aquí trabajando”, y lo acusó de alargar los plazos para crear un escenario de “él o el caos, él o el bloqueo, él o la repetición electoral”. Fuentes del partido nacionalista vasco remarcan, no obstante, que no están exigiendo sentarse ya a una mesa a negociar, aunque insisten en que “le toca a Sánchez mover ficha”. Desde EH Bildu se limitan a señalar que ellos actuarán “con discreción”. “No vamos a contribuir a generar ruido sobre este asunto”, afirma un portavoz del partido de Arnaldo Otegi.

Por su parte, las dos formaciones independentistas catalanas, ERC y Junts, escenificaron su acercamiento para explorar un pacto conjunto sobre las condiciones para la investidura, con el punto común de avanzar en la amnistía de los encausados del procés y la autodeterminación, pero cada uno le imprime un ritmo distinto. ERC ha nombrado ya a su equipo negociador, y este viernes reunirá a su máximo órgano de dirección entre congresos para trazar la estrategia a seguir. Junts, que se adivina como el actor más complicado en esta negociación, también cree que ha de ser Sánchez el que primero se mueva y, de momento, no ha nombrado oficialmente a sus interlocutores. Fuentes de ambos partidos, sin embargo, entienden que no será hasta finales de agosto o principios de septiembre cuando empiecen a ponerse las cartas sobre la mesa.

El presidente del PNV ha sido más claro. “Nos tendrá que hacer un planteamiento global sobre qué quiere durante estos cuatro años, especialmente en el ámbito del modelo territorial y el encaje de las realidades nacionales de Euskadi y Cataluña”, dijo Ortuzar. Y se vanaglorió de haber apagado de un soplo las ya escasas esperanzas que tenía Feijóo de intentar una investidura al comunicarle que ni siquiera se sentarían a hablar con él: “Nosotros hemos sido los que hemos arruinado las posibilidades de Feijóo de ir a una investidura directa”, subrayó. A continuación, y en alusión a Sánchez, añadió que ahora tendrá que ser el líder del PSOE quien, “solemnemente y de manera oficial”, plantee “su oferta programática al pedir los votos a los soberanistas vascos y catalanes”. “Lo que nadie puede pretender es que el otro le dé un voto gratis porque si no viene la derecha. El PSOE y Sánchez tendrán que hacer un esfuerzo”.

El PNV ya apoyó la investidura de Pedro Sánchez tras las elecciones de 2019 y ha participado en gran parte de los acuerdos planteados por el Gobierno PSOE-Unidas Podemos durante la pasada legislatura. EH Bildu, que se abstuvo en aquella investidura y ha apoyado también varias de las leyes del Gobierno de coalición, tiene menos prisa y, sobre todo, menos interés en hablar públicamente de la negociación de esta próxima investidura: “No vamos a entrar en ese juego. Vamos a actuar con discreción”, insisten fuentes de la formación abertzale. En esta ocasión, Sánchez necesita el sí de EH Bildu, no solo su abstención. El martes, el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, afirmó: “Nosotros no ponemos precios en público ni ponemos líneas rojas en público”.

El otro partido que en la anterior investidura de Sánchez se abstuvo y cuyo sí es indispensable es ERC, que ha sido socio parlamentario preferente del Gobierno de coalición en la pasada legislatura, aunque ahora intenta ahuyentar la idea que solo por ello su voto se debe dar por descontado. La dirección del partido independentista catalán ha anunciado este jueves los nombres de las personas que se encargarán de las negociaciones, unas conversaciones que se llevarán a cabo en dos frentes paralelamente: por un lado, con Junts per Catalunya —para intentar acordar una posición soberanista conjunta e ir con más fuerza a la negociación— y, por otro, con el Gobierno. El Consell Nacional del partido independentista, máximo órgano entre congresos, debatirá este viernes la estrategia a seguir.

El equipo de negociadores de ERC estará formado por la secretaria general del partido, Marta Rovira (que está huida de la justicia en Suiza desde 2018); la portavoz parlamentaria, Marta Vilalta; el jefe de filas en el Parlament, Josep Maria Jové (pendiente de juicio por malversación por la organización del referéndum ilegal del 1-O); y el secretario general adjunto de Estrategia, Juli Fernàndez. La negociación se hará en dos planos diferentes: por un lado, los republicanos intentarán acordar una posición común con Junts en la investidura de Pedro Sánchez; por otro, se hablará con el PSOE y Sumar. El gran escollo es que el centro del planteamiento de las dos formaciones secesionistas, con diferentes intensidades, es la amnistía de todos los encausados por el procés y la celebración de un referéndum de independencia pactado. El PSOE ya ha dicho que rechaza ambas condiciones.

Los diputados electos de ERC Gabriel Rufián, Teresa Jordà y Sara Bailac serán, por otra parte, los encargados de pactar los asuntos relacionados con la organización del Congreso ante el pleno de constitución del 17 de agosto; por ejemplo, las posibilidades de que ERC tenga grupo propio en la Cámara baja aunque no cumple los requisitos (porque no logró el 15% de los votos en todas las circunscripciones en las que se presentó). En anteriores legislaturas, tanto el PSOE como el PP hicieron en algunos casos lecturas laxas del reglamento para conceder grupo propio a partidos que no cumplían los requisitos, aunque en otras ocasiones lo denegaron. Es una decisión que corresponde a la Mesa del Congreso.