Mujeres menos protegidas y represaliados en las cunetas: la Castilla y León que Vox quiere a cambio de sus votos

El candidato de Vox a las elecciones de Castilla y León, Juan García-Gallardo, fijó el lunes sus condiciones para apoyar la reelección del popular Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la Junta. Y entre esas imposiciones, la derogación de la ley autonómica de violencia de género y el decreto de memoria histórica, dos normas que el partido de Santiago Abascal engloba en el cajón de sastre de “las políticas de izquierdas”, aunque hayan sido puestas en marcha en una comunidad donde la derecha gobierna ininterrumpidamente desde hace 35 años.

Las dos desarrollan las medidas reguladas en las respectivas leyes estatales y ordenan los recursos y las ayudas para llevarlas a cabo. Si el plan de Vox saliera adelante, las mujeres víctimas de violencia de género de Castilla y León dejarían de tener reconocido el derecho a una atención especializada en el ámbito social, psicológico y jurídico, no tendrían la posibilidad de encontrar un refugio seguro para ellas y sus hijos donde ponerse a salvo del maltratador y la Junta ya no estaría obligada a ofrecer otros servicios a los que le compromete la ley, como la escolarización inmediata de los niños que tengan que cambiar de centro por violencia machista. En noviembre de 2021, cuando se hizo público el último balance, la Red de Atención a las Víctimas de Violencia de Género de la comunidad daba protección a 3.181 mujeres.

Mañueco aseguró este martes que no va a plantear “líneas rojas” en las conversaciones para recabar apoyos a su investidura, pero lanzó a Vox una advertencia: su Gobierno tiene “grandes principios” que considera “no negociables” y uno de ellos es la igualdad entre hombres y mujeres. El programa con el que Vox se presentó a las elecciones no recogía la eliminación de la ley de violencia de género, aprobada en 2010, pero el negacionismo de esta violencia está en el ADN de la formación y la norma autonómica es opuesta a las ideas de Vox. Desde la propia definición de violencia de género que recoge la ley (“la manifestación más grave de la desigualdad, del dominio y abuso de poder de los hombres sobre las mujeres”), al reconocimiento de que se trata “de un problema social estructural de primera índole”.

La derogación no dejaría a las víctimas de violencia de género de Castilla y León completamente desamparadas, ya que la ley estatal contempla medidas de protección jurídica y social para todas sea cual sea su comunidad. Asimismo, muchos ayuntamientos castellanoleoneses han desarrollado también su propia red de prevención y ayuda contra la violencia machista. Pero la ley que quiere derogar Vox regula la implantación efectiva tanto de acciones que impone la norma estatal (y que por tanto son de obligado cumplimiento para la Junta y tendría que buscarle otro paraguas legal) como de otras que responden al compromiso adquirido en la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, de 2007. La norma básica de la comunidad establece que es competencia exclusiva autonómica “la promoción de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, con particular atención a las mujeres víctimas de violencia de género”.

Las “imposiciones progres”

En riesgo de abandono institucional quedarían también las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo y sus familias si se deroga el decreto de memoria histórica, que ordena actuaciones clave, como la localización de fosas y las exhumaciones. Fue aprobado en 2018 y, apenas un año después, Vox ya intentó derogarlo en las Cortes mediante una proposición no de ley que no recabó ningún apoyo. Pero el partido ultra no renuncia a eliminarlo y lo ha incluido en su programa electoral de Castilla y León bajo un epígrafe titulado “En defensa de la libertad frente a las imposiciones progres”.

Como ocurre con la ley de violencia machista, la derogación del decreto de memoria histórica no dejaría a las familias de las víctimas al margen de las políticas públicas porque la ley estatal regula derechos y establece medidas para toda España. Pero muchas de estas acciones, como la localización e identificación de víctimas, se canalizan a través de las comunidades y ese es el objetivo del decreto que Vox quiere borrar. En cualquier caso, las medidas que emanan de la norma estatal son de obligado cumplimiento, por lo que la Junta no puede dejar de ofrecerlas sin más.