Los expertos en educación debaten sobre el poder de la escuela pública para combatir la segregación y la convivencia con la privada

Buena parte de los defensores de la escuela pública comparten la impresión de que a esta no le sientan bien los gobiernos del Partido Popular. Llevan años denunciando medidas como la reducción de unidades (clases), los cambios en la normativa de escolarización o la cesión de suelo para la apertura de colegios concertados, algo que tiene su reflejo en la estadística oficial. El porcentaje de estudiantes que va a centros públicos tiende a reducirse en una comunidad autónoma cuando gobiernan los populares, y a aumentar cuando son remplazados en el poder por otras fuerzas tanto en la etapa infantil (de 0 a 6 años) como en las que constituyen la educación obligatoria (primaria, de 6 a 12, y la ESO, de 12 a 16). La secundaria posobligatoria, el bachillerato, y sobre todo la formación profesional, tienen una dinámica distinta, caracterizada por un aumento generalizado del peso de la educación privada. Un proceso que se explica por factores como el aumento de los territorios que permiten concertar el bachillerato, y por el gran crecimiento de la demanda en la FP, que desbordó la capacidad de la pública (el Gobierno está tratando de paliarlo inyectando fondos).

En la etapa de educación infantil, el porcentaje de alumnado en centros públicos viene reduciéndose en las cinco comunidades gobernadas por el PP, mientras que sube en siete de las nueve que, tras haber estado gobernadas por los populares (o por Unión del Pueblo Navarro y Foro Asturias en sus respectivos territorios), han cambiado de color político a lo largo de la última década, pasando a tener Ejecutivos socialistas solos o en coalición con otras fuerzas. En educación primaria ha sucedido lo mismo, un descenso del alumnado de la pública en cuatro de las cinco comunidades gobernadas por el PP (la excepción es Galicia), al tiempo que la pública ha ganado peso en siete de las nueve gobernadas por los socialistas solos o en coalición y que previamente había gobernado el PP. El fenómeno se repite en la ESO aunque con menos intensidad: la pública pierde terreno en tres de las cinco autonomías gobernadas por los populares (no sucede ni en Galicia ni en Andalucía) y aumenta porcentaje de alumnado en ocho de las nueve que han pasado a ser gobernadas en la última década por los socialistas, solos o con socios, tras haber tenido gobiernos del PP (o de Foro Asturias o UPN).

Las variaciones de porcentajes son, en general, moderadas, normalmente entre unas décimas y un punto porcentual, salvo si se observa a largo plazo en lugares donde el cambio de Gobierno se produjo hace tiempo y se ha mantenido, como Murcia, donde el PP llegó al poder en 1995 y desde entonces el porcentaje de alumnado de centros públicos en primaria se ha reducido un 6%. Pero en periodos más cortos también hay casos significativos. En Navarra, por ejemplo, la pública ha ganado tres puntos en primaria frente a la privada (los datos oficiales del Ministerio de Educación, que pueden consultarse desde principios de los noventa, no distinguen entre privada concertada y la no subvencionada) desde 2015, cuando la derecha perdió el poder frente a una coalición de partidos (en esa primera legislatura, los socialistas posibilitaron la investidura de Uxue Barcos, de Geroa Bai, absteniéndose en el Parlamento foral y sin integrarse en el Gobierno, que sí presiden desde 2019). O en la Comunidad Valenciana, donde en la ESO, desde que el color del Ejecutivo cambió en 2015 con la derrota del PP, el peso de la pública ha crecido tres puntos (que equivaldrían a unos 6.800 alumnos).

Cambio de normas

Marina Vega, responsable de enseñanza de CC OO en Andalucía, afirma que la pérdida de porcentaje de alumnado de la escuela pública en su comunidad “viene sustentada por los cambios normativos que se han aprobado” desde que el PP empezó a gobernar en 2019. “Antes tenías una zona escolar dependiendo de tu domicilio. Y ahora, si donde vives no hay un centro concertado, puedes optar por ir a un centro de otra zona manteniendo la misma puntuación que tendrías si estuviera en la tuya”.

Ese tipo de fórmula, que con frecuencia se presenta como un avance en la “libertad de elección de centro”, tiene como consecuencia, según Olga Casasús, presidenta de la asociación de directores de colegios de infantil y primaria de Murcia, que un sector de familias, normalmente de clase media, opte por centros concertados como una forma de diferenciarse, en parte porque disponen de los medios para costear el desplazamiento de sus hijos a centros alejados de sus hogares incluso si no disponen de transporte escolar gratuito. Las familias más humildes, y especialmente las de origen inmigrante, tienden, en cambio, a llevar a sus hijos a la escuela más cercana a sus casas que no implique gastos adicionales, como los que suele implicar la concertada a través de cuotas, uniformes o extraescolares, dice Casasús, en un análisis basado en su experiencia que coincide con el de la mayoría de los expertos educativos. “Lo que sabemos, y es una evidencia a nivel europeo”, afirma Adrián Zancajo, investigador en la Universidad Autónoma de Barcelona, “es que cuanta más escuela concertada, privada subvencionada hay en un lugar, más tendencia a la segregación escolar existe”.

Identificación con el centro

Ismael Sanz, profesor de Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos, argumenta, en cambio, que hay estudios que afirman que la libertad de elección de centro tiene dos efectos positivos. “El primero es que el hecho de que un alumno o alumna vaya al centro de primera preferencia de sus padres mejora las habilidades no cognitivas en el medio y largo plazo, porque hay una confluencia en la visión, una confianza de la madre y el padre hacia el colegio que el alumno percibe”. El segundo argumento planteado por Sanz podría resumirse en que la competencia es positiva: “No hay evidencias para España, pero en Estados Unidos se ha observado que cuando hay centros educativos concertados situados cerca de centros públicos, los públicos mejoran. El hecho de que no quieras que cierren un grupo de tu centro hace que, aunque ya vengas haciendo un gran trabajo, busques ofrecer cosas que ellos no dan, especializarte un poco más, ser aún mejor”.

Supresión de grupos

Los defensores de la escuela pública también suelen achacar el declive de esta red en los territorios gobernados por el PP al hecho de que, ante el descenso de población escolar en un área, se priorice la supresión de unidades (clases) de la pública en vez de en la concertada, a veces con el argumento de que los conciertos educativos (contratos que en general se acuerdan para seis años) en vigor no permiten el cierre de unidades, aunque se trata de un obstáculo que puede sortearse con la normativa autonómica adecuada. En Andalucía, uno de los lugares donde los sindicatos docentes han denunciado la eliminación de unidades de la pública, la Junta admite que entre el curso 2020-2021 y el 2021-2022 se suprimieron 112 clases de la pública frente a 43 de la concertada en las etapas obligatorias (de 6 a 16 años).

Casos distintos

Tres comunidades autónomas, Cataluña, Euskadi y Canarias, han de ser analizadas aparte debido a sus dinámicas políticas diferenciadas, distintas a la alternancia entre socialistas y populares. Las dos primeras comparten haber partido de unos niveles mucho más bajos de alumnado en la escuela pública que la media española, y haber ido aumentándolos desde entonces para el periodo de escolarización de 0 a 16 años. El progreso ha sido, con todo, mucho mayor en Cataluña, que casi ha igualado el promedio español de porcentaje de alumnado matriculado en la escuela pública en primaria y la ESO y lo ha superado en infantil. En el País Vasco, en cambio, el porcentaje de alumnado en la escuela pública sigue muy lejos de la media estatal, en el caso de la secundaria obligatoria, casi 20 puntos porcentuales por debajo.

En Canarias la estadística arranca (como en las demás autonomías, a principios de los noventa, cuando la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo, la LOGSE, estableció la actual estructura de etapas educativas), en cambio, con un nivel de alumnado matriculado en la escuela pública superior a la media española, que desde entonces ha ido perdiendo progresivamente terreno, sobre todo en infantil y primaria. En casi todo ese periodo el gobierno estuvo presidido por Coalición Canaria. Desde que en 2019 fue remplazado por el PP, la estadística muestra un aumento del alumnado en la escuela pública de más de un punto en la etapa de infantil, y estabilidad en primaria y la ESO.

En infantil, el peso de la pública también ha aumentado en los siguientes territorios donde los ejecutivos del PP fueron remplazados por otros en los que participan los socialistas (con la prevención mencionada de Navarra) en la última década: Aragón (donde el cambio de Gobierno se produjo en 2015), Asturias (2012), Cantabria (2015), Castilla-La Mancha (2015), Comunidad Valenciana (2015), Extremadura (2015) y Navarra (2015). En primaria, el peso de la escuela pública aumenta en Aragón, Asturias, Baleares (2015), Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura y Navarra. Y en la ESO, en Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Navarra y La Rioja (2019).

Adrián Zancajo menciona dos factores, aparte del político, que tienden a aumentar el porcentaje de alumnado de la pública: las crisis económicas, porque hay familias que dejan de poder afrontar el gasto asociado a la concertada, y los periodos de mayor llegada de inmigrantes, ya que sus hijos suelen ser usuarios naturales de la escuela pública. El investigador añade un tercer elemento para Cataluña, donde lo ha estudiado específicamente, y es la mejora de la valoración de las familias hacia esta red, asociada en parte a la renovación metodológica que ha protagonizado en las últimas décadas.

Las principales propuestas en educación de las grandes formaciones

PSOE

Los socialistas prometen avanzar en hacer universal la escolarización en la etapa de cero a tres años, bajar la tasa de abandono escolar por debajo del 8% y reducir también la ratio de alumnado por aula o profesor. El programa del PSOE recoge también que se potenciará la competencia digital de los alumnos de la ESO para formar "no solo usuarios, sino creadores", que los alumnos alcancen el nivel B1 de inglés al finalizar ese ciclo y que reciban educación emocional y asesoramiento psicológico. Además, aseguran que favorecerán las "escuelas para padres y madres", la extensión y ampliación de “aulas mentor” destinadas a hacer posible el aprendizaje continuo, creación de huertos escolares y de aulas municipales de adaptación lingüística para que los migrantes aprendan español.

PP

Los populares pretenden firmar un pacto de Estado por la educación para dotar a la sociedad de "un marco legal estable y duradero", garantizan la libertad de los padres para elegir centro educativo y prometen ampliar el sistema de becas y ayudas. En su programa electoral aseguran que potenciarán la cultura de la evaluación, planes de mejora para combatir el abandono escolar e iniciativas de refuerzo educativo. La propuesta dedica un epígrafe a los alumnos con necesidades especiales, para los que promete ampliar las ayudas de comedor y transporte, y, para los de altas capacidades, recoge implantar "aulas de desarrollo" para asesorar a sus familias sobre sus posibilidades educativas. El PP asegura que garantizará el derecho a recibir educación en castellano y en las lenguas cooficiales en las comunidades que las tengan reconocidas, además de una prueba de acceso a la universidad (EBAU) única para todo el territorio estatal.

VOX

La formación de extrema derecha quiere implantar el sistema de cheque escolar, el "PIN parental" y la autorización expresa para actividades sobre "valores éticos, sociales, cívicos, morales o sexuales", además de prohibir la enseñanza del islam en la escuela pública. Abogan por que los profesores de la privada y la concertada se beneficien por igual de los cursos de formación públicos de los docentes de la pública y por que se cree como falta disciplinaria muy grave del personal "el adoctrinamiento ideológico" a los alumnos. Recoge el programa que los libros de texto serán reutilizables de un año para todos y que la EBAU sea igual para todas las universidades de una misma región, aunque "se tratará de que exista una prueba igual y unificada en toda España".

Unidas Podemos

Izquierda Unida propone una Ley Autonómica de Educación, consensuada con la comunidad educativa, que garantice un suelo de inversión del 7% del PIB, la supresión progresiva de los conciertos educativos para que esos centros se integren de manera "voluntaria y negociada" en una red única de escuelas públicas. La formación propone, específicamente, fiscalizar los centros privados concertados para que no impongan "tasas ilegales" a las familias y suprimir los conciertos educativos con aquellos que discriminen por razón de sexo. IU quiere una escuela "universal, pública y gratuita" desde los cero años, gratuidad que extiende al transporte escolar y, gradualmente al resto de los niveles educativos hasta la universidad. Aboga por eliminar las desgravaciones fiscales en gastos de enseñanza privada. Podemos incorpora a su programa una "significativa mejora" de las "condiciones laborales, salariales y de interinidad" de los docentes de la pública, revertir las externalizaciones de los comedores escolares, y aumentar las plazas gratuitas en la red pública de gestión directa de educación infantil de cero a tres años.

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