Cuarenta investigadores advierten que España recaba datos educativos a gran escala, pero no los usa

Cuarenta investigadores en el campo de la educación pertenecientes a una treintena de instituciones públicas y privadas advierten en un informe publicado este miércoles que España recaba datos educativos a gran escala, pero, a diferencia de lo que sucede en otros países de su entorno, después no los usa. Las administraciones educativas españolas apenas explotan la información masiva de que disponen, a pesar de que, anonimizados, los datos podrían servir para diseñar mejores políticas de enseñanza y ayudar a los centros, docentes y familias a tomar decisiones. Los firmantes aseguran que hacerlo permitiría crear, por ejemplo, sistemas de alerta de alumnado en riesgo de abandono escolar para intentar atajarlo antes de que se consume; abordar los efectos de la segregación escolar, o planificar mejor la adaptación del sistema a la gran caída de la población escolar que ya ha empezado a producirse por la caída de la natalidad. “La falta de mejoras en los resultados de aprendizaje”, alertan los investigadores, “puede tener en parte que ver con un escaso uso de datos”.

El problema viene de lejos, señala el informe, titulado Ocho propuestas para que el sistema educativo no se quede atrás en la revolución de los datos, cuyos autores principales son Lucas Gortazar, de EsadeEcPol, que es la institución que publica el artículo, y Álvaro Ferrer, de Save the Children, y al que se han sumado investigadores en educación procedentes de campos como la sociología, la economía, la pedagogía y la psicología de universidades españolas y extranjeras, así como de otras instituciones públicas y privadas. Las carencias han quedado, sin embargo, muy a la vista con la pandemia. España no ha medido las consecuencias educativas que la covid, con el cierre escolar, los confinamientos y la enseñanza semipresencial, ha tenido en niños y adolescentes. Un análisis que habría ayudado a diseñar con más precisión las medidas para mitigar las pérdidas de aprendizaje. Y que sí han realizado muchos países del entorno, como Portugal, Francia, Italia, Alemania o Reino Unido. O, a escala autonómica, territorios, como Euskadi.

Los investigadores mencionan varias razones que, en su opinión, explican por qué España esté perdiendo la oportunidad de conocer mejor su realidad educativa y decidir así con más criterio sus políticas. Un tren que en muchos otros países se está viendo impulsado por los avances tecnológicos y los nuevos enfoques metodológicos de las ciencias sociales. La primera es la “cultura de la opacidad”, no justificada por la actual regulación española, que hace que los datos sean visto como un “monopolio de las administraciones”. La segunda, la falta de recursos humanos y materiales en las administraciones educativas, el ministerio y consejerías, para explotar los datos por sí mismas y para gestionar el acceso de los investigadores a los mismos. Y tercero, el hecho de que tradicionalmente dichos datos hayan sido poco demandados, debido a que la investigación educativa española ha tendido a ser más bien “teórica”.

Entre los muchos datos que las administraciones recopilan, almacenan y, según los firmantes del documento, quedan después infrautilizados figura información socioeconómica y geográfica de las familias (a través de los procesos de admisión de alumnos y solicitud de becas); el progreso educativo del alumnado (con datos de calificaciones, repetición o asistencia); los pagos de conciertos y salarios al profesorado de la enseñanza concertada; la información salarial y de horas lectivas del profesorado; las inversiones públicas en infraestructuras y compra de materiales, y la asignación de recursos para programas de refuerzo.

Entre los datos que España ni siquiera llega a recabar destaca especialmente el hecho de que ni siquiera se realicen evaluaciones diagnósticas estatales en primaria y secundaria. Durante el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, el Ministerio de Educación realizó una evaluación en cada etapa, en 2009 y 2010. Tras llegar al poder, un año después, el PP cambió dichas pruebas por las reválidas, y que no tenían finalidad diagnóstica, sino consecuencias para los estudiantes. No se llegaron a aplicar por la oposición de la comunidad educativa y de los gobiernos autonómicos, pero tampoco se retomaron las pruebas anteriores. Y aunque la Lomloe las ha recuperado, todavía no se han puesto en marcha. Dicha falta de información propia ha convertido a España en el mejor cliente del Informe PISA, la prueba internacional que realiza la OCDE, debido a las muestras ampliadas que han ido pidiendo cada vez más comunidades autónomas para sus respectivos territorios. Los autores advierten que ni PISA ni otras pruebas internacionales están completamente adaptadas a la realidad del país, pero destacan su utilidad y el hecho de que evitan “el absurdo” que supondría sostener “a oscuras” el debate educativo. Los autores mencionan que algunos territorios, como Euskadi, Cataluña, Canarias y Baleares sí cuentan con pruebas diagnósticas asentadas.

Mientras las administraciones educativas españolas arrastran los pies en materia de generación y explotación de los datos educativos, otros países desarrollados aceleran. Algunos llevan décadas evaluando a su alumnado ―ello permitió, por ejemplo, que Estados Unidos registrase el dramático retroceso que el coronavirus había provocado en el conocimiento matemático de su alumnado―. Mientras, otros como Italia han dado (con los gobiernos anteriores al actual dirigido por la ultraderechista Gloria Meloni) un gran impulso a la recogida y análisis de datos para, entre otros objetivos, poder tomar medidas adicionales en los centros con rendimientos más bajos. Italia ha financiado la iniciativa con los fondos europeos de recuperación y los autores instan al Gobierno a hacer lo mismo con las rondas de los mismos que todavía no se han aprobado. “Las empresas tecnológicas avanzan a velocidad exponencial en la generación y uso de datos educativos”, añaden el documento, “y los poderes públicos no pueden desaprovechar el capital que disponen a través de sus propios datos administrativos, y que, comparado con datos privados, tienen importantes ventajas en términos de fiabilidad, universalidad, seguridad y calidad”.

Ocho actuaciones

El informe propone ampliar la información del Sistema Estatal de Indicadores de la Educación que gestiona el ministerio, incorporando la dimensión de la equidad. Mejorar la coordinación entre el Gobierno y las comunidades autónomas, creando un “marco de objetivos e indicadores educativos” parecido al de la UE, donde los países cooperan en materia educativa y la “Comisión vigila”. Conectar los datos de las diversas administraciones a partir del nuevo número identificativo del alumno (que lo acompañará en toda su trayectoria educativa) previsto en la Lomloe. Desarrollar “sistemas de detección temprana de desventaja educativa”. Potenciar el Instituto Nacional de Evaluación Educativa y las agencias autonómicas de su clase. Crear, como ha hecho el presidente Emmanuel Macron en Francia, un consejo científico de la educación que asesore al ministerio. Y crear una agencia estatal que ponga bajo su paraguas a distintos organismos existentes, destinada a promover, financiar y transferir “la investigación educativa hacia las políticas y las prácticas”.

El informe está firmado también por Miquel Àngel Alegre; Miguel Almunia; Xavier Bonal; Brindusa Anghel; Andreu Arenas; Samuel Bentolila; Antonio Cabrales; Mar Cañizares; Héctor Cebolla; Lucía Cobrebros; Núria Comas; Elena Costas; Sara de la Rica; Alfonso Echezarra; Mercedes Esteban; María Fernández Mellizo-Soto; Marta Ferrero; Clara Fontdevila; Claudia Hupkau; José García-Montalvo; Nagore Iriberri; Marcel Jansen; Matthew Kraft; Francisco López Rupérez; Óscar Marcenaro; Elena Martín; Eva Flavia Martínez; Mónica Martínez-Bravo; Xavier Martínez-Celorrio; Mauro Mediavilla; José Montalbán; Juan Manuel Moreno; Mònica Nadal; Pedro Rey; Toni Roldán; Jenifer Ruiz-Valenzuela; Miguel Ángel Sancho; Pere Taberner, y Antoni Verger, Adrián Zancajo, de la Universidad Autónoma de Barcelona.

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