El Gobierno aprueba un plan de 2.190 millones para paliar los efectos de la sequía

El Gobierno ha aprobado en un Consejo de Ministros extraordinario a unas horas del inicio oficial de la campaña electoral un plan de 2.190 millones para aliviar, al menos en parte, la situación crítica del campo español. La sequía ya ha provocado pérdidas irreversibles en más de cinco millones de hectáreas de cereales de secano. Los pronósticos no pueden ser más trágicos para un sector ya de por sí asfixiado por el alza de precios de los fertilizantes, la energía y otros insumos, y se dan prácticamente por perdidas las cosechas de trigos y cebadas en Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Murcia, Aragón, Madrid, Cataluña y Castilla y León.

Ante este panorama, y las previsiones de que no lloverá hasta el mes de septiembre, el Ministerio de Agricultura destinará 784 millones al sector primario. La partida principal será de 636 millones en ayudas directas de Estado: 355 millones para los sectores ganaderos cárnico y lechero, 276 millones para la agricultura y 5 millones para la apicultura. Su responsable, Luis Planas, también ha reservado 53 millones para la devolución del IBI a las explotaciones agrícolas.

El real decreto ley aprobado también incluye 40,5 millones para contratar seguros agrarios y el aplazamiento del pago de cuotas sociales durante cinco meses a más de 730.000 trabajadores. Esta dotación permitirá subvencionar hasta el 70% del coste de la pólizas ya contratadas —el máximo permitido por la normativa de la UE— que incluyan la cobertura por riesgo de sequía, especialmente en los cultivos de secano. El Gobierno ha otorgado 358 millones a la contratación de seguros agrarios en lo que va de ejercicio.

El Ejecutivo también prorrogará la reducción de peonadas para acceder al subsidio de desempleo agrario, para poder cobrarlo con 10 peonadas, así como la exención de los impuestos sobre la renta y sociedades por las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) y la ampliación de las solicitudes de ayudas comunitarias hasta el 30 de junio.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico invertirá a su vez casi 700 millones de euros en actuaciones prioritarias en las cuencas más castigadas para mejorar los recursos hídricos y otros 36 millones para obras hidráulicas como estaciones de bombeo o mejoras en embalses. El Gobierno ha declarado de interés general la construcción de nuevas infraestructuras en la costa mediterránea; de este forma asumirá la construcción de desalinizadoras en Cataluña —una planta en Tordera, con un coste de 220 millones—, en Málaga y Almería —200 millones— y otras obras urgentes para la reutilización del agua en Alicante, con una inversión de 224 millones. “Asumimos obras de interés general que otras administraciones no han llevado a la práctica”, ha recalcado la vicepresidenta tercera Teresa Ribera, en pleno conflicto con la Junta de Andalucía por la intención del presidente autonómico, Juan Manuel Moreno, de legalizar un millar de hectáreas de cultivos ilegales que agravarían la situación de Doñana. Para reducir la presión sobre los acuíferos que nutren al parque nacional, el Gobierno ha aprobado la sustitución de los bombeos de agua subterránea que abastecen a Matalascañas por aguas superficiales de la estación potabilizadora de Palos y un trasvase de 3 hectómetros cúbicos anuales de la cuenca del Tinto y del Odiel. El coste de las obras lo asumirá el Estado. “Tenemos que ir mejorando las respuestas estructurales al cambio climático”, ha enfatizado Ribera.

El Consejo de Ministros también ha acordado adelantar dos semanas, desde el 1 de junio al 15 de mayo, el Plan Nacional de Actuaciones Preventivas de los Efectos de las Temperaturas sobre la Salud para 2023. Este plan se inició hace 19 años en España y participan el Gobierno, las comunidades autónomas y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El plan se extenderá hasta el 15 de septiembre. “Pemitirá una mejor protección ante los efectos del calor en la vida cotidiana y en los empleos ante las distintas alarmas de la Aemet”, ha explicado la portavoz. El Gobierno también ha aprobado la modificación del real decreto que establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo y obligará a prever medidas frente a las altas temperaturas, como la prohibición de realizar “determinadas tareas durante las horas del día en las que concurran fenómenos meteorológicos adversos que así lo requieran”. Algo que será “obligatorio” cuando las agencias de meteorología “emitan aviso de fenómenos de nivel naranja o rojo”. El verano pasado un barrendero madrileño murió de un golpe de calor mientras limpiaba una calle de Vallecas a las cinco de la tarde.

El PP ha rechazado las medidas del Gobierno antes de conocerlas. “Con una mano, hoy [Sánchez] va a dar ayudas puntuales y, con la otra, ha dejado de ejecutar dos de cada tres euros que tenía presupuestados para infraestructuras hidráulicas; con una mano va a decir que está preocupado y con la otra no ha hecho más que esperar a que llueva en los últimos años, sino que llevamos cinco años utilizando la ideología por encima de la tecnología para llegar al colapso de la agricultura”, ha criticado Alberto Núñez Feijóo al Gobierno. La reacción del Ejecutivo ha sido furibunda. “Me sorprende la declaración, me parece desafortunada e inexacta. El sector primario no solo alimenta a 47 millones de españoles, sino que en los 12 meses anteriores ha exportado por importe de 68.500 millones de euros, una cifra récord que nos convierte en el cuarto país exportador de la UE y séptimo del mundo. Tenemos una gran suerte de tener a nuestros agricultores y ganaderos, que nunca nos fallan. Por tanto, de colapso y apocalipsis nada”, le ha respondido Planas en la comparecencia posterior al Consejo de Ministros.

Feijóo, que en las últimas semanas, en mítines en Andalucía y Murcia, ha prometido llevar el agua “a los lugares de España donde no la hay”, también ha calculado que para aplacar la crisis hídrica en España habría que invertir entre 40.000 y 50.000 millones de euros. “No sé de dónde saca esa cifra el señor Feijóo y tampoco sé qué es lo que cambiaría y lo que echa de menos”, le ha reprochado Ribera. La vicepresidenta tercera ha recordado que la inversión en materia de agua fue de 1.462 millones en 2011 —el último año del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero— y de 362 millones en 2018, es decir, el último de Mariano Rajoy en La Moncloa. Los planes hidrológicos de 2022 a 2027, aprobados a principios de año, prevén inversiones de 22.844 millones y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia contempla otros 3.167 millones, incluyendo el PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua. Los barones del PP también han reclamado la convocatoria de una conferencia de presidentes sobre el agua, que el Gobierno no convocará a dos semanas de las elecciones del 28-M. “El Gobierno ha estado dialogando a lo largo de la legislatura con las comunidades autónomas tanto en materia de sequía y de agua. Quizás un periodo electoral no es el más apropiado para este tipo de encuentro. Nunca antes, en periodo electoral, se ha celebrado una conferencia de presidentes, y parece razonable porque algunos de estos presidentes concurren en elecciones y sus propuestas coinciden con periodo electoral”, ha zanjado Isabel Rodríguez, portavoz del Ejecutivo y ministra de Política Territorial.

Las últimas ayudas aprobadas por el Gobierno no tendrán la misma distribución territorial, porque no todas las zonas de España y no todos los cultivos están sufriendo por igual la sequía (los cultivos de regadío y la fruta de hueso están sufriendo especialmente; pero también se avecina una crisis de pastos para el ganado), pero sí será una de las mayores inyecciones de dinero en el campo de la historia, también adelantando ayudas de la PAC para rescatar a agricultores y ganaderos, un sector decisivo en España y con grandes cotas de exportación, así como para evitar que se disparen los precios de los alimentos. Agroseguro, la Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, estima que las indemnizaciones por los daños provocados por esta sequía ya alcanzan los 300 millones de euros, lo que la convierte “en el mayor siniestro en la historia del seguro agrario”, por encima de los 210 millones de euros de la de 2012.

Hasta ahora, el Gobierno había aprobado una enorme rebaja fiscal al campo, con reducciones del IRPF en el sistema de módulos de 1.807 millones de euros en 2023, y había presentado 317 millones de euros para fomentar los seguros agrarios frente a la sequía, que este año están suponiendo cifras récord para compensar las pérdidas. Pero no basta, al menos hasta que se recupere un régimen de lluvias normal, lo que se considera difícil antes de que acabe esta primavera.

La falta de lluvia en España sigue mermando la reserva de los embalses, que esta semana han perdido 406 hectómetros cúbicos, lo que representa el 0,7%, según ha informado esta semana el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, que señala que en estos momentos los embalses guardan 27.417 hectómetros cúbicos, por lo que están al 48,9% de su capacidad total.

Así, en este momento, 2023 es el quinto año con menos agua almacenada en los embalses desde que hay registros. En la semana 19ª de 1994 los embalses estaban prácticamente como en este momento, al 48,39%; un año antes, en 1993, al 44,5%; e incluso, en 1992 se situaban en el 46,48% de su capacidad total. Fueron esos cuatro años, de 1992 a 1995 los años con menos agua reservada desde que hay registros.