PP y Vox diseñan en Valencia una zona de bajas emisiones blanda

Valencia, con un gobierno local de PP y Vox, ha respondido a las exigencias medioambientales del Gobierno español con el diseño de una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) blanda, de mínimos, que prohibirá circular por la capital solo a vehículos considerados por la DGT como lo más contaminantes, los de la clasificación A, y que no será plenamente efectiva antes de cuatro años, ha anunciado el concejal de Movilidad, Jesús Carbonell. “Queremos proteger los intereses económicos y sociales de la ciudad”, ha justificado el edil del PP, que cifra, a día de hoy, en 36.000 los vehículos que circulan por la capital sin etiqueta medioambiental, estén matriculados dentro o fuera del municipio. Los socialistas denuncian que es una regulación de mínimos que no busca en ningún caso reducir la contaminación.

La prohibición de circular afectará a turismos, motocicletas y ciclomotores —no a los camiones— con distintivo A, es decir los vehículos con motor de gasolina y 27 años de antigüedad (a fecha de 2028) o con motor diésel y 22 años, según el borrador de ordenanza aprobado por los dos partidos de gobierno el viernes pasado. Su aplicación, una vez se apruebe, será de carácter progresivo: en 2025 no habrá sanciones y la ordenanza se aplicará solo a título informativo; a partir de 2026 los que porten la etiqueta A y sean de fuera de la provincia de Valencia no podrán entrar a la capital, en 2027 no podrán hacerlo los que sean de fuera de la ciudad y solo a partir de enero de 2028 tendrán vedada la circulación los matriculados en Valencia.

“Son antigüedades más que razonables”, ha subrayado Carbonell que ha desplegado, además una larga lista de excepciones. Quedarán exentos de cumplir la ordenanza los vehículos de empresa o autónomos, se excluyen los vehículos con discapacidad permanente o temporal, los de personas embarazadas, de familias numerosas o familias con menores de tres años. Los afectados por las prohibiciones podrá circular un total de 48 días al año —supone de media, una vez a la semana— y los afectados dispondrán de un título gratuito de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) durante dos años o hasta la compra de un vehículo no sancionable.

La ordenanza recoge dos zonas de bajas emisiones en la capital: una más laxa que abarca toda la ciudad y otra más estricta que afecta a la APR de Ciutat Vella, la del casco histórico, que conservará los criterios actuales —solo pueden acceder vecinos y algunos colectivos más— y se le sobrepondrán los criterios de la ZBE genérica. En definitiva, en Ciutat Vella solo podrán acceder a partir de 2028 los vecinos siempre y cuando sus vehículos tengan etiqueta medioambiental.

La ZBE genérica establece que los vehículos más contaminantes podrán circunvalar la ciudad a través de las rondas norte y sur y la avenidas de Serrería y los Naranjos. Sin embargo, esos vehículos no podrán entrar en la capital porque habrá 278 cámaras distribuidas por todo el término municipal para impedir el acceso a ZBE. Las sanciones se considerarán graves y ascenderán a 200 euros porque son graves. El Ayuntamiento podrá en los próximos meses a disposición de los ciudadanos si sus vehículos pueden beneficiarse de alguna de las excepciones.

Los datos que maneja el Ayuntamiento son, a fecha de hoy, que un 32% del parque móvil de la capital tienen la etiqueta A, es decir, 132.016 vehículos. No obstante, asegura el concejal, este es un número teórico porque los estudios hechos en los últimos meses con las cámaras de tráfico advierten de que solo un 8% de esos vehículos que circulan por la capital tienen la etiqueta de más contaminantes. Por la capital del Turia —ya sean matriculados dentro o fuera— circulan 36.480 vehículos de la tipología A, de los cuales 16.000 están censados en Valencia. “Y en 2028 serán menos todavía”, ha enfatizado Carbonell.

Los socialistas han lamentado que el PP no haya aceptado su mano tendida para aprobar una ordenanza comprometida contra la contaminación de la ciudad. “Es una ordenanza que no se basa en ningún dato objetivo que mida el impacto de estas medidas sobre la contaminación y en el expediente no consta tampoco ningún informe técnico que avale ni la elección del calendario ni el tipo de etiqueta que es elegido ni todas las excepciones que sean considerado”, ha destacado la concejala María Pérez. “Es absolutamente irresponsable con la contaminación de esta ciudad”, ha añadido.

El gobierno local de Valencia ha mostrado resistencia a regular una ZBE si la capital no sobrepasa los niveles de contaminación y su socio de gobierno, Vox, manifestó desde un principio que la nueva regulación iba a ser mínima después de pronunciarse públicamente en contra de la ZBE.

La ley de Cambio Climático obliga a todos los municipios de más de 50.000 habitantes a elaborar una ordenanza para reducir la contaminación de las ciudades. El anterior gobierno local de Valencia, de Compromís y PSPV, licitó y adjudicó la instalación de cámaras, cableado, sensores..., y avanzó el plan de participación ciudadana de la ZBE pero faltaba una ordenanza o reglamento que delimitase las zonas.

En Madrid, el periodo de aviso en la ZBE, que aplica a toda la ciudad, ha terminado este domingo 30 de junio y, a partir de este 1 de julio, comenzarán a aplicarse las multas a los propietarios de coches que no cumplan con los requisitos para entrar a la ciudad. A partir de ahora, los turismos con clasificación A que no estén empadronados en Madrid o que no estén dados de alta en el IVTM en la capital antes del 1 de enero de 2022 y que accedan al exterior de la M-30 serán sancionados con 200 euros.