Valencia llega justo (o tarde) a la zona de bajas emisiones

El Ayuntamiento de Valencia, gobernado por el PP en minoría, dispone de apenas dos meses y medio de plazo para poner en marcha la conocida como Zona de Bajas Emisiones (ZBE), una medida a la que obliga la ley de Cambio Climático de 2021 y las autoridades europeas para reducir la contaminación en las grandes ciudades. La medida, que impone restricciones al tráfico que más contamina para mejorar la calidad del aire, debería ponerse en marcha antes de 2024. El anterior gobierno, de Compromís y PSPV, licitó y adjudicó la instalación de cámaras, cableado, sensores..., y avanzó el plan de participación ciudadana de la ZBE pero faltaba una ordenanza o reglamento que delimite las zonas y los días pasan sin que el gobierno de María José Catalá aclare los criterios.

En España hay 151 urbes de más de 50.000 habitantes obligadas a regular una ZBE, pero a mediados de septiembre solo 14 cuentan con una de estas áreas, si bien el Ministerio para la Transición Ecológica advierte que 120 están trabajando ya en sus proyectos, entre ellas Valencia, la tercera capital española en población. Algunas capitales han dejado caer que no llegarán a tiempo. Málaga ha pedido un año de moratoria para aplicarla y Badalona ya ha avanzado que no estaría lista antes de tres años.

El Ministerio de Transportes respondió con una carta a los ayuntamientos, de todo signo político, que han recibido fondos europeos para financiar iniciativas de movilidad sostenible —es el caso de Valencia—, en la que advertía que les exigirán la devolución de las ayudas Next Generation si no ponen en marcha sus áreas de tráfico restringido o modifican sin permiso cualquier otro proyecto subvencionado (como los carriles bici).

El Gobierno local del PP, según un portavoz, no tiene a estas alturas nada decidido y sigue estudiando con informes las posibles zonas. En sus apariciones públicas, el nuevo concejal de Movilidad de Valencia, Jesús Carbonell, ha culpado al anterior ejecutivo del retraso de la ZBE. “Nos dejó muchos folios, con muchas vaguedades y ninguna concreción”, manifestó el edil del PP en el pleno municipal de septiembre. Además, Vox, “socio preferente” del PP, en palabras de la alcaldesa, está en contra de la restricción así que la ordenanza tendría que negociarla el PP con socialistas y Compromís.

“Buscan excusas pero nunca han tenido voluntad de hacerlo”, opina el concejal de Compromís y responsable de Movilidad Sostenible en el anterior Gobierno local, Giuseppe Grezzi. “La zona de bajas emisiones funciona desde hace 20 años en Londres y también en Estocolmo o Milán. El PP de Valencia ya estaba en contra cuando ejercía la oposición y ahora buscan subterfugios. Si nosotros gobernásemos, ya estaría en marcha”, asegura Grezzi.

Aterrizaje suave

El gobierno liderado por Joan Ribó en el anterior mandato sacó a licitación y adjudicó a finales de 2022 la instalación de 274 cámaras, 52 sensores y 44 paneles informativos, necesarios para la gestión y control de la ZBE, por un importe de 10,8 millones de euros procedentes de fondos europeos. También se dejó avanzado el proceso de participación pública en torno a la implantación de la ZBE y se establecieron cinco posibles zonas en la capital para solicitar las ayudas pero los ámbitos pueden variarse o aplicarse por fases. “La idea era calendarizar esas fases, establecer excepciones y hacer un aterrizaje suave. El trabajo estaba hecho solo tenían que completarlo pero no ha habido muchas ganas”, considera el edil de Compromís.

A diferencia de Madrid o Barcelona, donde las ZBE están en funcionamiento, en Valencia “no hay nada implantado”, coincide con Grezzi la concejal socialista María Pérez. La edil hizo hace unas semanas una pregunta por escrito al Ejecutivo local de Catalá interesándose por el ámbito geográfico de aplicación de la zona, a qué tipo de vehículos iba a afectar o si se iba a poner en marcha por fases. “La respuesta fue ‘estamos trabajando en su elaboración. En cualquier caso, será una actuación ponderada y comedida’”, explica la edil. “Tengo la impresión de que van a regular una ZBE de mínimos, para cubrir el expediente; el PP asegura que llegará a los plazos pero estamos en tiempo de descuento porque falta elaborar la ordenanza, exponerla al público, aprobarla y, si Vox no la apoya, negociar los apoyos con el resto de grupos municipales”, conjetura la concejal.

Los socialistas defienden una ZBE que por un lado ayude a rebajar las emisiones contaminantes en la ciudad pero pensando también en la capacidad económica de los ciudadanos y modulándose para que comerciantes y vecinos se acostumbren y no sea una medida traumática. “Hay un objetivo de rebaja de emisiones pero también es cierto que hay una realidad del parque móvil que afecta a unas clases sociales más que a otras. No queremos que nadie se quede descolgado, apostamos por una transición ecológica justa”, añade Pérez.

La única zona que se parece en algo a lo que puede ser una zona de bajas emisiones es la APR (Área de Prioridad Residencial de Ciutat Vella), puesta en marcha en 2021 para restringir la circulación del tráfico oportunista por el casco histórico. “Puede que estén pensando en reconvertirla en zona de bajas emisiones”, conjetura la concejal.

Valencia no se ha manifestado hasta el momento acerca de una moratoria.