El día en que Mónica Oltra se enfrenta a su futuro

“Calma tensa” son las dos palabras con las que fuentes del entorno de Mónica Oltra y de Compromís describen el momento en el que se encuentra la exvicepresidenta y exportavoz del Consell, que este lunes acude al juzgado a declarar como imputada por la gestión del caso de abusos de su exmarido a una menor tutelada.

La comparecencia se produce tres meses después de que Oltra presentara la dimisión de todos los cargos institucionales, sin perder el apoyo de su partido y dejando la puerta abierta a la vuelta a la política. “Es un animal político”, señalan las mismas fuentes. “No entiende la vida sin política”, añaden y despejan cualquier tipo de duda sobre si, en el caso de que la vía judicial le sea favorable, la líder de Compromís volverá a primera fila.

El “parón” público de Mónica Oltra ha coincidido con el verano, con lo que, pese al cambio de ritmo, el impacto ha sido menor y le ha permitido una cotidianeidad que la dedicación a la política no le permitía. Sin embargo, ahora empieza la cuenta atrás. Si su implicación en el caso fuera archivada, se activaría el proceso para su vuelta. Pero los tiempos están tasados y los de la justicia no son los más ágiles.

Las elecciones autonómicas se celebrarán, según las previsiones, el primer fin de semana de mayo. Compromís ha avalado este fin de semana su nuevo reglamento de primarias, que abre la posibilidad de que, incluso en el caso de que Oltra no participara en este proceso, se pueda reenganchar posteriormente para formar parte de las listas. Las candidaturas a las primarias se presentarán entre el 14 y el 21 de enero y la votación se desarrollará el 11 de febrero. Lo “mejor”, según fuentes del partido, sería que la líder de Compromís se pudiera presentar a esas primarias. Es decir que, apenas tres meses después de su declaración ante el juez, el caso en los tribunales estuviera solventado. Si no se cumpliera este plazo, Mónica Oltra tendría otra oportunidad, la que le brinda la modificación del reglamento que permite “en cualquier momento previo a la legalización de las listas electorales (que dependerá de cuándo se convoquen los comicios) incluir modificaciones en la lista electoral con personalidades de Compromís”. La cláusula otorga a Oltra un mayor margen de maniobra para su vuelta a la política, siempre que salga bien parada en los juzgados.

Sin fisuras en el partido

El cambio en el reglamento se realizó sin ningún tipo de fisura. Ninguno de los tres partidos que conforman la coalición Compromís enmendó la reforma a sabiendas de que una Mónica Oltra liberada de su responsabilidad judicial es la mejor baza para afrontar las elecciones. Aun así, existe, obviamente, un plan b, que sitúa al diputado en el Congreso Joan Baldoví como candidato a la presidencia de la Generalitat. “Por conocimiento y por experiencia”, señalan fuentes del partido, ya que Baldoví es la otra cara conocida de la coalición y el dirigente está en disposición de cambiar Madrid por Valencia.

“Está con fuerza”, aseguran fuentes del entorno de la exvicepresidenta. “El caso le ha herido, pero las cicatrices forman parte de la vida”, añaden. Mónica Oltra no se siente frágil ni débil. Ha estado preparando su comparecencia y está dispuesta a afrontar el, probablemente, más trascendental otoño de su vida pública, el que va a marcar su futuro. En este tiempo ha sufrido desengaños y decepciones de personas dentro de su propio partido. Han sido cuestiones personales que, en cualquier caso, no han hecho que la coalición quiebre el apoyo a su lideresa.

Entre las filas de los socialistas valencianos, el desenlace es algo menos crucial pero también esencial. El PSPV sabe que un buen resultado de Compromís en las elecciones facilitaría la negociación de un tercer Botànic y, por tanto, la reedición de un gobierno progresista en la Generalitat Valenciana. La relación entre Oltra y los socialistas en el momento de la dimisión de la vicepresidenta no era la mejor y se tensó del todo cuando la dirigente de Compromís señaló directamente al líder del PSPV, Ximo Puig, como responsable de la presión para que abandonara sus cargos.

Mónica Oltra aguantó cinco días, desde la imputación hasta la dimisión, durante los que la oposición, sobre todo el PP, aprovechó para desplegar, aún más, toda su crítica ante la presencia de una imputada en el Gobierno valenciano.

El caso y la imputación

Las consecuencias políticas penden todas del caso judicial. El juzgado de instrucción número de 15 de Valencia abrió unas diligencias a raíz de dos querellas presentadas por la extrema derecha: una por el abogado del partido ultra España 2000 José Luis Roberto y otra por una de las fundadoras de Vox, Cristina Seguí. El juez imputó a más de una decena de funcionarios y cargos del centro de menores en el que se encontraba una chica, ahora mayor de edad, que acusó de abusos al exmarido de Oltra, que trabajaba como monitor en el centro. Esta acusación acabó, en 2019, con una condena a cinco años de cárcel para el exmarido de la vicepresidenta.

El juez centró su investigación en un expediente informativo abierto en la consejería de Igualdad, de la que Mónica Oltra era responsable, cuando los hechos se habían judicializado en lo que consideró que podía ser una investigación paralela a la judicial. Tras tomar declaración a los imputados, el juzgado pidió al Tribunal Superior de Justicia que imputara a la vicepresidenta del Gobierno valenciano, dada su condición de aforada, y asumiera la investigación para desvelar si se ocultaron los abusos a la menor. El pasado 16 de junio, el TSJ valenciano imputó a la líder de Compromís al apreciar indicios de que maniobró, con otros, para obstaculizar la investigación sobre su expareja o, incluso, para proteger su propia carrera política.

La parte más polémica del auto del tribunal fue la relacionada con las pruebas y a la que se refieren todos aquellos que defienden la inocencia de Oltra: “Cierto que no existe prueba directa que vincule esos singulares trámites con la aforada”, señaló el tribunal que, en cualquier caso, consideró que los indicios “hacen pensar que fueron orquestados precisamente con ese fin”. La dimisión de la vicepresidenta, portavoz del Consell y consejera de Igualdad suprimió el privilegio del aforamiento y el caso volvió al juzgado.

Este lunes, Oltra tratará de convencer al juez que no orquestó ni participó en ninguna maniobra para beneficiar la situación procesal de su exmarido o tratar de proteger su carrera política. Y, así, definir su futuro.