Mónica Oltra, imputada por el supuesto encubrimiento del caso de abusos de su exmarido a una menor tutelada

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana imputó este jueves a la vicepresidenta autonómica, Mónica Oltra, por supuestamente encubrir el caso de abusos a una menor tutelada por el que fue condenado su exmarido en diciembre de 2019. Oltra dirige la consejería de Políticas Inclusivas, de la que dependen los centros de menores. El tribunal superior, tras recibir una exposición del juez instructor al ser Oltra aforada, aprecia indicios de que la líder de Compromís maniobró, con otros, para obstaculizar la investigación sobre su expareja o incluso para proteger su propia carrera política.

La decisión judicial, pese a darse por descontada desde hace varias semanas, sacudió este jueves al Gobierno valenciano. La oposición reclamó a Oltra que dimita, algo que esta siempre ha rechazado hacer, o que el presidente valenciano, el socialista Ximo Puig, la destituya. Puig se limitó este jueves a manifestar “ahora y siempre” el respeto a la justicia y aseguró que la imputación de su vicepresidenta “en absoluto” afecta a la estabilidad de su Ejecutivo.

La investigación apunta a que Oltra participó en la elaboración de un expediente que se abrió cuando el caso de su exmarido ya estaba judicializado. En un auto notificado este jueves, el tribunal indica que la exposición razonada elaborada por el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia relata “una serie de indicios plurales que en su conjunto hacen sospechar la posible existencia de un concierto entre la señora Oltra y diversos funcionarios a su cargo, con la finalidad, o bien de proteger a su entonces pareja (…), o bien proteger la carrera política de la aforada”, por lo que la cita a declarar el 6 de julio.

El tribunal expone que los trámites que llevó a cabo la consejería una vez se conoció el caso de abusos no pueden entenderse como ilegales. Sin embargo, en su conjunto “hacen pensar que han sido elaborados con un propósito muy concreto de una muy dudosa legalidad”: beneficiar la situación procesal del marido de Oltra, o “tratar de proteger la carrera política” de la vicepresidenta. Además, señala el tribunal: “Cierto que no existe prueba directa que vincule esos singulares trámites con la aforada”, pero considera que los indicios “hacen pensar que fueron orquestados precisamente con ese fin”.

En la resolución, el tribunal también menciona las declaraciones públicas de Mónica Oltra, en las que aseguró que había sido ella la que había encargado el expediente administrativo sobre el caso de abusos. La propia vicepresidenta se desdijo, pero el tribunal opina que “no por ello deja de ser un elemento a considerar”. Por todo ello, abre diligencias “con el fin de investigar hasta qué punto esa sospecha inicial tiene la entidad suficiente como para permitir que el proceso pueda continuar su curso ordinario”.

En su exposición, el tribunal se refiere también al hecho de que la condena al exmarido de Oltra está pendiente de un recurso en el Tribunal Supremo pero afirma que aun en el caso de que este recurso se admitiera, se podría descartar el delito de encubrimiento pero no el de prevaricación del que le acusa la Fiscalía “ya que lo trascendente es la pantalla dispuesta con el fin de evitar contribuir a la debida investigación de los hechos y proteger como era su deber a la menor, evitando la victimización secundaria que ha provocado el tratamiento que se dio a su denuncia”.

La Sala asume la causa en su integridad, es decir, también en lo relativo a los otros 13 investigados, entre los que figuran altos cargos de la consejería y trabajadores del centro de menores donde ocurrieron los hechos, al considerar que existe en este momento en todos ellos “una conexidad inescindible”.

El juez remitió hace dos meses la petición de imputación de Oltra al Tribunal Superior al considerar que existían “indicios racionales y sólidos” de la participación de la vicepresidenta en la causa que investigaba. La investigación del juez se centra en si se aplicaron los protocolos de actuación institucional en casos de sospecha de abusos sexuales a menores o se incumplió el deber de custodia y el deber de denunciar los delitos perpetrados contra los menores bajo su guarda. El juez también sospecha que el personal de la consejería, de la que es titular Oltra, llevó a cabo una investigación paralela a la judicial y que la menor “lejos de ser protegida, fue objeto de una injustificada persecución”.

Oltra ha mantenido, desde el inicio de la causa, una postura tajante sobre la consecuencia política que podría tener su imputación: “No voy a dimitir”, ha dicho una y otra vez. El Gobierno valenciano, conformado por socialistas, Compromís y Podem, se ha mantenido públicamente unido ante los ataques de la oposición y las continuas peticiones al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, de que destituyera a su vicepresidenta, tal como han repetido este jueves.

Entre los socialistas el malestar solo se ha evidenciado a través de la consejera de Justicia, Gabriela Bravo, quien sugirió que Oltra debía dimitir. Tras conocer la imputación, Puig apenas ha diluido su apoyo a la líder de Compromís y considera que se trata de una “cuestión puntual” en un contexto en el que la Comunidad Valenciana ha “pasado de una mala reputación a un momento positivo”.

Tampoco Yolanda Díaz se ha pronunciado sobre la imputación de Mónica Oltra, uno de los pilares sobre el que se edifica su proyecto de convergencia a la izquierda del PSOE. La primera puesta en escena del proyecto germinal tuvo lugar en Valencia, tras un encuentro previo entre la vicepresidenta segunda del Gobierno y la vicepresidenta valenciana, en el que ambas se dedicaron grandes gestos de complicidad y palabras de elogios. Hoy, Díaz ha asistido a una reunión de ministros de Trabajo de la Unión Europea en Luxemburgo y no ha habido oportunidad de preguntar.

Lea el auto en el que se acuerda la investigación a Mónica Oltra. Si no puede leerlo, pinche aquí.